El diputado del Partido Revolucionario Institucional por Zacatlán, José Luis Márquez Martínez, presentó, en la sesión de la Cámara de Diputados, un punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Auditoría Superior de la Federación, de la Auditoría Superior del estado de Puebla, de la Procuraduría General de la República y al gobernador de Puebla a realizar las investigaciones conducentes relacionadas con los recursos públicos entregados a la empresa Oceanografía por parte del gobierno de ese estado.
El documento entregado por el legislador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional fue turnado a comisiones, y en él se establece que haya una investigación por la adjudicación irregular para la construcción de la carretera Cuapiaxtla–Cuacnopalan a la empresa OSA Constructora y Edificadora, que es filial de la naviera Oceanografía, misma que fue intervenida por la autoridad federal.
En entrevista telefónica, el legislador reconoció que por lo apretado de la agenda legislativa el documento que formó parte del orden del día no fue discutido en el pleno y conforme al acuerdo de los grupos legislativo se turnó a comisiones, donde será discutido y aprobado a fin de que la Procuraduría General de la República solicite la información al gobierno estatal de los recursos que recibió la empresa, previo a que se le retirara la concesión de la obra hace tres semanas.
En la argumentación del diputado por Zacatlán se cuestiona el hecho de que se haya otorgado la concesión por 30 años a la empresa OSA, presuntamente con asignación directa, obra que además sería iniciada el enero de 2012 y concluida en febrero de este año.
En febrero, Banamex acusó a la empresa Oceanografía SA de CV de fraude, al encontrar que el préstamo por 585 millones de dólares que le había otorgado fue garantizado con estimaciones presupuestales falsas. Previo a esto, la Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó por un año nueve meses y 10 días a la empresa, debido a irregularidades en fianzas con Pemex.
La Procuraduría General de la República (PGR) comenzó una investigación respecto a los posibles delitos cometidos por Oceanografía y, conforme la ley, para no afectar a los más de 10 mil trabajadores de esta empresa, ni las operaciones de Pemex, procedió al aseguramiento de la empresa y de sus bienes: sus documentos, contabilidad, activos y recursos.
Actualmente, la averiguación está en proceso, las autoridades federales correspondientes están llevando a cabo la investigación correspondiente para deslindar responsabilidades y hacer caer el peso de la ley contra quienes resulten responsables.
A casi un mes de conocerse los casos de corrupción referentes a la empresa Oceanografía SA de CV, el gobierno del estado de Puebla retiró la concesión de construcción y explotación de la autopista Cuapiaxtla-Cuacnopalan a la empresa OSA Constructora y Edificadora, filial de la naviera Oceanografía, lo cual es comprensible, no así la concesión otorgada.
La construcción de la autopista comenzó en enero de 2012 y debió estar terminada el día 20 de febrero de 2014, lo cual no se cumplió. La obra tiene una longitud de 72 kilómetros y un costo de mil 600 millones de pesos, más 800 millones derivados de trabajos adicionales, la cual consiste en una autopista de dos carriles entre Cuapiaxtla y Cuacnopalan, para comunicar el corredor del Altiplano con las autopistas Puebla-Córdoba y Cuacnopalan-Oaxaca.
Además de la autopista Cuapiaxtla-Cuacnopalan, que comunicará a la empresa armadora Audi, el gobierno del estado de Puebla firmó un contrato con Oceanografía para que llevara a cabo el Proyecto Integral de Imagen Urbana del Corredor Turístico Cultural (OP/LPN/SI-20110336), con un costo de 70 millones 994 mil 352 pesos. Firmó también otro contrato para la construcción de la Plataforma de Prueba Piloto y de Relleno Estructural de la nueva planta de Audi en el municipio de San José Chiapa (OP/ADE/SI-20130036), por un monto de 5 millones 131 mil 719 pesos.
Asimismo, se sabe que se le otorgó a la misma empresa la construcción de la planta de tratamiento biológico de la planta Audi y la construcción de la primera etapa de oficinas temporales de la misma planta, por un monto de 113 millones de pesos; así como la construcción de la segunda etapa de oficinas temporales de Audi, por un costo de 22 millones de pesos.
Para la construcción de la autopista Audi, por conducir al lugar donde estará la automotriz, se llevó a cabo un concurso en el cual participaron 22 empresas, entre ellas OHL, ICA, IDEAL y Oceanografía, sin embargo, el mismo se declaró desierto y no se convocó uno nuevo. Posteriormente, el organismo operador de Carreteras de Cuota entregó la concesión por adjudicación directa a OSA con una vigencia de 30 años, es decir, hasta el 2043.
José Luis Márquez, en entrevista telefónica, explicó que al tener conocimiento del caso de corrupción de la empresa Oceanografía, es menester realizar las investigaciones necesarias en todos aquellos casos que existan recursos públicos involucrados.
En más de su argumentación indicó: “Es de resaltar que en lo relativo al Gobierno de Puebla, llama particularmente la atención que se hayan otorgado concesiones por adjudicación directa, pero sobre todo a una filial de una empresa naviera para la construcción de obras terrestres.
”Los actos de corrupción en se ha visto envuelta Oceanografía, el giro de la empresa, el tiempo de la concesión, la declaración del concurso como desierto, la omisión para realizar otro concurso, el incumplimiento en los plazos de la entrega de la autopista, la aceptación tácita del incumplimiento por parte de las autoridades en Puebla al no exigir el cumplimiento de responsabilidades por la vía legal, los personajes involucrados en la empresa y los montos pagados con dineros del erario público advierten un clima de opacidad que debe ser investigado a la luz de las leyes y de frente a la ciudadanía.
”Al día de hoy, la sociedad nacional y particularmente la poblana no ha recibido una explicación. Conforme al principio de transparencia no se han exhibido las pruebas documentales que justifiquen las concesiones y el otorgamiento de las licitaciones a esta empresa, así como tampoco están a la vista las acciones jurídicas emprendidas por el incumplimiento de la conclusión de la autopista, y mucho menos los términos económicos de la concesión entregada”.
Comentó que ante lo anterior es necesario que la Cámara realice lo conducente desde el ámbito de su competencia, a fin de exigir una clara, precisa y oportuna rendición de cuentas sobre los recursos públicos destinados, así como la gestión de los servidores públicos involucrados, que permita el deslinde de responsabilidades y, en su caso, la exigencia de las responsabilidades civiles, administrativas, penales y políticas a que haya lugar.
