Juan Carlos Flores Solís, uno de los activistas detenidos por estar en contra del gasoducto Morelos, comenzó este lunes una huelga de hambre desde la cárcel, en solidaridad para que se esclarezca el asesinato de Beatriz Cariño y que se cancele el llamado “proyecto de muerte”.

En entrevista, Alejandro Torres, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos-Puebla-Tlaxcala, explicó que la situación que se vive en una cárcel no es del todo agradable, por lo que iniciará este ayuno.

Señaló que la defensa de los activistas por medio de los juzgados sigue y, además de que se interpondrán sendos amparos, en el caso de Juan Carlos, meterán testimoniales de que no estuvo en una de la protesta en la que se le acusa.

A Juan Carlos Flores se le acusó de extorsión, motín, despojo y ataque a la infraestructura hidráulica durante una manifestación en la comunidad de Cuexcomac, en 2012.

“La gente somos testigos de ese caso, hasta una reportera de La Jornada estuvo de testigo de que Juan Carlos no participó del evento de Cuexcomac, que es el que le imputan”, sentenció al afirmar que como prueba existen videos y fotografías.

“Nada más es cosa de que vayan compañeros de Cuexcomac para que digan que él no participó. Pero tú sabes que como esto es político, así se las gastan, diciendo que es probable responsable”.

Indicó que Juan Carlos Flores además hará la huelga de hambre en solidaridad junto con Omar Esparza, esposo de Beatriz Cariño, activista asesinada desde 2010, cuyo caso no ha sido esclarecido.

“Juan Carlos hará la huelga de hambre en la cárcel y Omar Esparza se va a trasladar a México a hacerlo”, dijo.

Señaló que por lo significativo del primero de mayo lo utilizarán para unirse a la marcha en la que protestarán contra el gobierno de Moreno Valle, con todas las acciones de represión y despojo.

“Vine además a denunciar que he recibido amenazas de mi presidente municipal, como de llamadas telefónicas. He recibido llamadas, una o dos de la mañana, y no me contestan, entonces es intimidación”.

Señaló que no ha ido a interponer queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) porque teme ser aprehendido como el mismo Juan Carlos, a las afueras de la institución.

“Saliendo agarraron a compañero Juan Carlos, le tomaron una foto y la neta tengo miedo de que esos condenados me entreguen, entonces no, lo hago en mi comunidad, en mi municipio, con el Ministerio Público, en corto. Yo de Derechos Humanos no quiero saber nada, porque son comparsas de lo mismo”.

—¿Piensa que fue la CEDH quien lo entregó?

—Yo sí creo, porque le tomaron una foto cuando ingresó, luego jalaron a los compañeros a tomarse un “refresquito” con la “tele” y cuando salió Juan Carlos lo detienen.

“O sea, cotejaron la fotografía de la persona que buscaban, así lo pienso yo y lo detuvieron enfrente de las instalaciones de Derechos Humanos”.

Indicó Alejandro Torres que él también es afectado al poseer una parcela que será partida por la mitad por el gasoducto.

“Mi predio está afectado por el trazo, está saliendo del aeropuerto Hermanos Serdán, a 500 metros, sale el trazo de Tlaltenango, ahí van a ceder los de Apicsa, que es una empresa.

”No toca predios hasta cuando se empieza a meter por la región que lo quieren atravesar, ya que es cuando empieza a tomar tierras”, dijo. “Los caminos nosotros los dejamos, pero nuestros linderos pegan uno con otro”.

Explicó que gracias a un recurso de revisión interpuesto ante el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) les entregó el estudio de impacto ambiental del proyecto del gasoducto Morelos.

“Hoy sabemos por el reporte de impacto ambiental que necesitamos 500 metros de cada lado de protección por un caso de una rotura del gaseoducto y 983 metros de cada lado, como zona de impacto.

”Entonces, hay casas que viven a 150 metros, o sea que están construidas a 150 metros y ahora la CFE se pronuncia que no va a expropiar.

”Creo que lo hace de manera dolosa; sí creo que van a expropiar porque esta la ley de expropiaciones que el gobernador autorizó y como lo volvieron utilidad pública este proyecto, cuando es privado, está concesionado a dos empresas españolas y a una italiana, pues no hay utilidad pública”, dijo finalmente.

La detención 
La Procuraduría General de Justicia (PGJ) detuvo a Juan Carlos Flores Solís, representante del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y de la Tierra de Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDATMPT), que se opone al proyecto Gasoducto Morelos.

“A unos pasos de las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, ubicada en la 5 Sur, esquina 5 Poniente, Juan Carlos y los compañeros miembros de la delegación fueron interceptados por cuatro autos blancos, sin placas ni logos de alguna institución, de los cuales bajaron 12 hombres vestidos de civiles, los cuales, de forma directa y violenta, sometieron al defensor Juan Carlos Flores Solís y, forcejeando y empujando, lo subieron a un auto y se lo llevaron, sin señalar quiénes eran ni por qué lo detenían, ni a dónde lo llevarían.

”Horas más tarde, uno de los compañeros del frente recibió una llamada desde el número del celular de Juan Carlos, un hombre no identificado habló y dijo que el defensor de derechos humanos estaba detenido en la Procuraduría Estatal de Puebla y que sería inmediatamente trasladado a un Cereso. Eso fue todo, por más que se le preguntó a la persona que llamó, no dio más información. Una comisión se dirigió al Cereso de Cholula y ahí se les informó que se encontraba en el MP de Cholula”, finalizó el comunicado.