El periódico El País retomó el tema de la “ley Bala”, aprobada sin discusión en el Congreso de Puebla el pasado lunes.
Los diputados del Congreso local dieron de qué hablar a nivel internacional por aprobación de la iniciativa que permite a los cuerpos policiacos disparar en contra de manifestantes.
En un artículo publicado este miércoles en el periódico El País, en su edición Latinoamérica, se presentó la discusión de la polémica ley que ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos en México.
No es la primera vez que las acciones gubernamentales de Puebla llegan al diario español. En julio del año pasado El País destacó la construcción de la Estrella de Puebla:
“El Gobierno del Estado de Puebla se vuelve ejemplo de opacidad y cerrazón mexicana al emprender arbitrariamente un millonario proyecto de entretenimiento”.
Ahora, Puebla volvió a las páginas del rotativo por la “ley Bala”.
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La ley que el Congreso de Puebla aprobó sin discutir este lunes llamó la atención de los medios internacionales.
Debido a que la “ley Bala” —como es conocida en las redes sociales— permite a los miembros de la policía disparar durante una manifestación si se considera que la misma se vuelve violenta.
Pero la iniciativa ha recibido intensas críticas por parte de organizaciones de derechos humanos que estiman que la ley abre la puerta a futuras violaciones de los derechos humanos en contra de ciudadanos que participen en manifestaciones públicas.
El rotativo español tituló la nota firmada por la periodista Sonia Corona: “Un Estado mexicano admite que la policía use armas de fuego en las protestas”
En el mismo sentido: “El Congreso de Puebla aprueba la ley que regula el uso legítimo de la fuerza y abre el debate sobre el derecho a la protesta.
”El Congreso local ha aprobado este lunes la Ley para proteger los derechos humanos y que regula el uso legítimo de la fuerza, en ella los legisladores han incluido a las manifestaciones como una de las circunstancias en las que las fuerzas policiales podrán emplear armas de fuego para protegerse en casos de ‘legítima defensa y peligro inminente de muerte’. Sin embargo, la aprobación de la ley ha abierto el debate y las críticas por parte de grupos de derechos humanos que ven en el texto la intención de callar las protestas”.
El diario español critica la falta de discusión de la iniciativa gubernamental para controlar el uso de armas por parte de la policía en las protestas:
“Los detalles de la ley han levantado críticas entre los grupos de defensa de derechos humanos en México, no sólo por su contenido sino por la rapidez con la que la norma pasó por el Congreso local. Este lunes los legisladores aprobaron la ley con 32 votos a favor y cinco en contra, tan solo una semana después de que el gobernador Rafael Moreno Valle –un expriista que llegó al cargo con el respaldo del Partido Acción Nacional (PAN, de derecha) y el de la Revolución Democrática (PRD, de izquierda)- enviara la iniciativa para su estudio en el Congreso. En la redes sociales, la norma ha sido etiquetada como #LeyBala.”
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Estados como Quintana Roo, Chiapas han aprobado leyes parecidas a la aprobada este lunes en el Congreso del estado de Puebla.
Sin embargo, la presentación y aprobación de la iniciativa en Puebla, que careció de una consulta pública y se aprobó de manera apresurada provocó protestas de organizaciones locales.
La caracterización de la “ley Bala” como una medida represiva pronto contagió a otros colectivos y organizaciones de derechos humanos en todo el país debido a que limita los derechos a la expresión pública.
La Red Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) señaló que este tipo de leyes legitiman el uso de la fuerza pública en manifestaciones y criminalizan el derecho a la protesta social.”
La información del periódico El País cita al activista Robles Maloouf, quien “advierte que en México existe actualmente una tendencia por sobre regular el uso de de la fuerza. En los últimos dos años, Estados como Chiapas, Querétaro, Quintana Roo y el Distrito Federal han legislado sobre este tema en un intento por mostrarse como gobiernos que cumplen puntualmente con un concepto de orden que predomina en el país -el del aumento de la seguridad- pero que carece de una evaluación sobre su impacto en los derechos humanos. ”Los estándares internacionales indican que no debería haber armas a disposición de los elementos en una protesta. Estas leyes dan facultad al mando de que disponga de ellas, pero no existen verdaderos protocolos para el derecho a la protesta”, explica el activista.
Robles Maloof advierte que los principios de defensa con los que se argumenta la creación de esta ley están ya establecidos en la Ley Federal de Seguridad Pública y la Ley de Armas de Fuego. “A un funcionario no se le entrega un arma sin decirle cuáles son los momentos en que debe utilizarla”. El activista advierte que la leyes locales sobre el uso de la fuerza más que regular estas situaciones envían un mensaje social por parte de los gobiernos para inhibir las protestas.”
Opacidad y pobreza
En la misma tónica el diario español resaltó en su edición del pasado 9 de julio del 2013: “El Gobierno del Estado de Puebla se vuelve ejemplo de opacidad y cerrazón mexicana al emprender arbitrariamente un millonario proyecto de entretenimiento”.
Sobre la construcción de la rueda de Puebla, el diario español destacó: “El Gobierno del Estado mexicano de Puebla (centro del país) ha emprendido la instalación de una noria – la más grande de América Latina- en medio de la polémica por la forma opaca y clandestina con la que el proyecto se ha concebido. La rueda ha sido pagada con dinero público de una región del país que ocupa el cuarto lugar nacional en pobreza, con el 61% de su población en esas condiciones, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). Además, toda la información relacionada con su instalación y administración ha sido ocultada de los ojos de los ciudadanos.
En medio del paisaje suburbio de la ciudad de Puebla (distante a 137 kilómetros de la capital mexicana) y al lado de un centro comercial se ha montado la estructura de la noria de 80 metros de diámetro, que según las autoridades servirá para animar la llegada de turistas a esa ciudad. La controversia comenzó por el precio que el Gobierno estatal ha pagado por la atracción: 15 millones de dólares sólo por la rueda y otro tanto igual por la construcción de un parque que albergue la estructura. Al saber de su compra, algunos miembros del Congreso local y ciudadanos cuestionaron que se destinara dinero público en la adquisición de esta atracción”.
Desestima criticas
“La ley establece perfectamente los momentos en los que la fuerza pública puede ser utilizada; además, se delinean los protocolos para que los elementos de las corporaciones no abusen de los ciudadanos”, dijo el gobernador Rafael Moreno Valle ante la polémica por la llamada #LeyBala.
El mandatario poblano salió al paso para aclarar las “dudas y malentendidos” en torno a la “Ley para Proteger los Derechos Humanos y Regular el Legítimo Uso de la Fuerza”. Incluso, desestimó las críticas hechas por diferentes organizaciones sociales contra la iniciativa.
No obstante, el inquilino de Casa Puebla invitó a los grupos inconformes a leer la ley para así tener mayor conocimiento de causa y verificar como el documento, lejos de contravenir las garantías individuales armoniza la legislación poblana con la propuesta del Gobierno Federal.
