Luego de los cambios a la “ley Bala”, el secretario general de Gobierno, Luis Maldonado Venegas, entregó un ejemplar del decreto al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva.
El mismo ombudsman de México reiteró que revisará el contenido de la nueva ley aprobada en Puebla, la cual regula las manifestaciones en la entidad y, en caso de encontrar alguna situación que atenten contra estos, “la CNDH tomará las acciones legales al respecto”.
En entrevista, luego de recibir la clavix palafoxianum y copia de la Cédula Real y de la Real Provisión, por parte del gobierno del estado y del ayuntamiento de Puebla, respectivamente, confirmó esta entrega.
“El secretario general de Gobierno me acaba de hacer entrega de un ejemplar de la misma, el día de ayer en el Senado de la República asumí el compromiso de que vamos a revisar con todo cuidado el contenido de la misma”, señaló.
Por lo tanto, afirmó que en caso de encontrar alguna situación ilegal de la garantía de los derechos humanos se harían las acciones legales correspondientes.
Mencionó que existen dos documentos de la Organización de Naciones Unidas (ONU): uno de ellos el Código de Conducta para Servidores Públicos encargados de cumplir y hacer cumplir la ley.
El segundo, sobre los principios de la ONU en cuanto al uso de la fuerza y las armas de fuego: “De manera que la ley estatal debe ser compatible a éstas”, afirmó.
El ombudsman nacional agradeció la entrega de ambas distinciones, de las cuales dijo sin un aliciente para continuar trabajando a favor de que se garanticen los derechos humanos en el país, y se avance en la cultura de respetar las garantías individuales de los ciudadanos.
La llamada “ley Bala” desató una “ola” de protestas de decenas de organismos no gubernamentales (ONG) tanto nacionales como internacionales, como Article 19 e incluso la Universidad Iberoamericana de Puebla.
El lunes pasado, con el aval de diputados panistas, priistas y perredistas, y sólo con la oposición de diputados del PT, Convergencia y Verde Ecologista se aprobó la iniciativa de la “Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza por parte de los Elementos de las Instituciones Policiales del Estado”.
La propuesta fue rebautizada en redes sociales como #LeyBala, iniciativa calificada por las ONG como una legislación que atenta contra la protesta social y viola las garantías individuales.
Mientras tanto, en redes sociales, diversas ONG se manifestaron en un desplegado en contra de la “ley Bala” al afirmar que está violando los derechos humanos.
“Como miembros de la sociedad civil del Estado de Puebla manifestamos nuestra preocupación por la aprobación de la Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza por parte de los Elementos de las Instituciones Policiales del Estado.
”Sin un debate claro, profundo y público, 32 legisladores del Congreso del Estado votaron a favor de una ley que faculta a los agentes de las instituciones policiales de Puebla para ejercer fuerza letal, en distintas modalidades, en contra de la población, favoreciendo un sistema de violación a los derechos humanos en la entidad.
”Es claro que términos imprecisos como manifestación ‘ilícita’ o ‘violenta’ posibilitan actos represivos por parte de la policía.
”La ambigüedad en referencia a situaciones en las que alguien puede ser detenido deja en un estado de vulnerabilidad a la ciudadanía.
”Se ha hablado de que el uso de la fuerza letal es el ‘último recurso’ en detenciones, manifestaciones públicas, desastres naturales y emergencias, sin embargo en un estado en el que las autoridades funcionan con opacidad y gozan de impunidad cómo podrá probarse que en efecto fue el ‘último recurso’ y no el primero.
”El descontento de la sociedad civil en el estado de Puebla bajo la administración de Rafael Moreno Valle enmarca la aprobación de dicha legislación.
”Ante la indignación legítima y creciente de la población, el gobierno estatal responde con violencia y estrategias que buscan crear un ambiente de miedo entre sus opositores.
”Es evidente que la preocupación del ejecutivo poblano es la de desmantelar los movimientos que surgieron contra la explotación minera en la Sierra Norte de Puebla, presas hidroeléctricas y gasoductos, pero también de buscar diluir a las manifestaciones que busquen cuestionar el estatus quo actual.
”La aprobación de la ‘Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza por parte de los Elementos de las Instituciones Policiales del Estado’ no es un caso aislado.
”En un momento en el que México está hundido en una crisis humanitaria que se desencadenó después de la guerra contra el narcotráfico, el congreso de Chiapas también aprobó el ‘Código que establece el uso legítimo de la fuerza por las instituciones de seguridad pública de Chiapas’, lo cual anuncia la posible aparición de iniciativas similares en otros estados, agudizando así la situación de criminalización de la protesta en todo el país”.
Caso gasoducto
Raúl Plascencia confirmó que el organismo a su cargo mantiene dos investigaciones abiertas que competen al estado de Puebla: una es sobre el tema de daño ambiental, interpuesta por grupos de comunidades indígenas sobre una obra de un gasoducto. La otra averiguación, dijo, es sobre la detención de tres personas que están en prisión y de las amenazas que ha recibido una de las mujeres detenidas. Confió que sea en las próximas semanas cuando se conozcan los resultados de ambas investigaciones.
