De acuerdo con el Plan Nacional de Derechos Humanos 2014-2018, los estados de la República deberán presentar un diagnóstico sobre la situación en derechos humanos.
Una de las metas del programa federal es que las 32 entidades del país realicen diagnósticos sobre la situación de los derechos humanos en sus territorios.
La administración estatal ha enfrentado diversos cuestionamientos por la manera en que su gobierno aborda el tema de los derechos humanos.
Entre otros rubros, la aprobación por el Congreso local de la “ley Bala”, el pasado 19 de mayo.
La ley llamó la atención de medios como el diario español El País y organismos internacionales de derechos humanos como Artículo 19.
La ley en su formato original permitía a los miembros de la policía disparar durante una manifestación si se considera que la misma se vuelve violenta.
Ante las críticas internacionales la ley fue modificada con un procedimiento legislativo irregular.
A lo anterior se suman el encarcelamiento de los activistas Enedina Rosas, Juan Carlos Solís y Abraham Cordero, que se oponen a la construcción del gasoducto Morelos.
Operativos de corte “paramilitar” en contra de conductores de mototaxistas, como los suscitados recientemente en Coronango.
Además del rechazo a medidas humanitarias en contra de activistas presos ancianos encarcelados, como el extinto Delfino Flores Melga. Su familia y organizaciones sociales solicitaron que al activista encarcelado por toma de tierras se le diera un trato humanitario debido a lo avanzado de su edad. Pero autoridades del estado de Puebla rechazaron darle este trato.
La fundación KonradAdenauer, la consultora Polilat y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) señalaron el pasado 6 de junio que el estado de Puebla se encuentra rezagado en las libertades democráticas, civiles y de expresión.
Puebla se encuentra entre los siete estados con los puntajes más deficientes en esta evaluación.
Tamaulipas, Guerrero, Chihuahua, Puebla, Durango, Estado de México y Michoacán son los siete estados mexicanos más rezagados en desarrollo democrático.
El pasado 29 de abril, la legisladora del PRD Roxana Luna Porquillo, respaldada por legisladores del PRD, presentó ante el pleno de San Lázaro un punto de acuerdo para solicitar la conformación de un grupo plural de legisladores, para dar seguimiento y esclarecer la presunta violación de diversos derechos humanos cometidos por el gobierno del estado de Puebla contra activistas sociales y campesinos, así como miembros del sector académico y laboral de la entidad.
Uno de los puntos centrales de la estrategia federal es que los estados presenten diagnósticos de la situación de los derechos humanos. Una de las metas del programa federal es que las 32 entidades del país realicen diagnósticos sobre la situación de los derechos humanos en sus territorios.
Entre 2012 y 2013 apenas se cuenta con un 6.25% de estudios estatales sobre la situación de derechos humanos.
La meta es para 2014 este indicador ascienda a 15% y para 2018 a 71%.
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A pesar del clima de hostigamiento gubernamental en contra de activistas sociales y con las críticas por parte de ONG, el gobierno estatal presumió su asistencia a la presentación del Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018 en la residencia oficial de los Pinos.
El gobernador del estado, Rafael Moreno Valle, resaltó su asistencia a la presentación del programa nacional en derechos humanos.
La oficina estatal señaló que “Moreno Valle se suma a la tarea de garantizar una sociedad plena de derechos”.
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Al encuentro acudieron el presidente de la República, Enrique Peña Nieto enfatizó la importancia de garantizar el respeto a las libertades de los ciudadanos, a fin de consolidar a México como un Estado democrático.
Lo anterior durante la presentación del programa nacional de Derechos Humanos 2014-2018, a la que asistió el gobernador Rafael Moreno Valle, quien se sumó al esfuerzo de erradicar cualquier violación a los mismos.
Peña Nieto señaló que el objetivo es transitar del reconocimiento a los derechos humanos, económicos, sociales, culturales, ambientales, civiles y políticos de las personas, a una política de Estado que garantice, en la práctica, su efectivo cumplimiento.
Entre las medidas a implementarse para el cumplimiento de las acciones destaca la ampliación y fortalecimiento de capacitación a servidores públicos para evitar la violación de los derechos humanos.
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, destacó que el bienestar de las personas es el centro de las acciones que realiza el Gobierno de la República, por lo que se coordinan esfuerzos entre niveles y entidades.
Resaltó que el programa articula los esfuerzos y logros obtenidos del diálogo y el consenso entre el gobierno y la ciudadanía: "Nada por encima de la dignidad humana", añadió.
Los cuatro ejes del programa
•Visión nacional que involucra a los tres Poderes y órdenes autónomos
•Coloca a los derechos humanos en el centro de todas las acciones de gobierno
•Promueve la articulación eficaz
•Cuenta con mecanismos de información y evaluación
A destacar
El pasado 29 de abril, la legisladora del PRD Roxana Luna Porquillo, respaldada por legisladores del PRD, presentó ante el pleno de San Lázaro un punto de acuerdo para solicitar la conformación de un grupo plural de legisladores, para dar seguimiento y esclarecer la presunta violación de diversos derechos humanos cometidos por el gobierno del estado de Puebla contra activistas sociales y campesinos.
