Ser activista social o defensor de alguna causa de carácter popular conlleva riesgos en el estado de Puebla, que pasa por el hostigamiento y la cárcel.
Esta semana la muerte del activista por el derecho a la vivienda Delfino Flores Melga alertó a organizaciones y activistas sobre la situación en la que se desarrolla la lucha social.
Pero, al mismo tiempo, exhibió las contradicciones entre grupos y organizaciones de izquierda, además de que mostró el abismo entre los movimientos populares y los partidos políticos denominados de izquierda.
Aunque a título personal algunos diputados como Socorro Quesada, del PRD, y hasta Mariano Reyes —del PT— expresaron algún comentario en torno a la muerte de Flores Melga, los partidos políticos de izquierda no fijaron de manera “orgánica” una postura al respecto.
Además, las organizaciones lanzaron críticas acusando al gobierno estatal de no atender las peticiones de su familia para que el defensor de la vivienda popular Delfino Flores Melga purgara su condena en condiciones humanitarias.
El otro caso que permanece en el imaginario y la preocupación de los activistas sociales es el de los activistas poblanos opositores al gasoducto Morelos: Enedina Rosas Vélez, Juan Carlos Flores Solís y Abraham Cordero Calderón.
