Luego de que el gobierno de Puebla lanzó la licitación para establecer y operar 17 Centros de Verificación Vehicular en 13 municipios de Puebla, el presidente de la Asociación de Verificadores Automotrices de Puebla, José Luis Góngora Calvario, señaló que las bases de la convocatoria contienen candado.

Todo con el objetivo, dijo, para que los dueños de los 83 establecimientos clausurados no puedan obtener el permiso.

Hace unos días

Se lanzó la licitación o convocatoria número SDRSOT - CONV- OCCV - 2014/001, para verificentros en la ciudad de Puebla Atlixco, Acatlán, Chalchicomula de Sesma o Ciudad Serdám, Izúcar de Matamoros, Puebla, San Martín Texmelucan, San Pedro Cholula, Tepeaca, Tecamachalco, Teziutlán, Tehuacán, Xicotepec de Juárez y Zacatlán.

Puebla concursó 5 establecimientos, mientras que el resto solo uno, lo que implica la incorporación de nueva tecnología en los centros de verificación como líneas dinámicas, en las que se revisará una unidad a la vez.

Para el caso de Tehuacán son necesarias cuatro de estas líneas, mientras que para Atlixco y San Martín Texmelucan se requieren tres. Los demás establecimientos requieren dos y en Xicotepec de Juárez solo una. 

La convocatoria fue publicada este jueves la que señala que habrá seis establecimientos con unidades móviles, una por verificentro para los municipios de Acatlán, San Martín Texmelucan, Tecamachalco, Teziutlán, Tehuacán y Xicotepec de Juárez.

Las personas físicas o jurídicas interesadas en obtener una concesión podrán inscribirse y adquirir las bases, con un costo de 10 mil pesos, en un periodo estipulado que comienza este viernes 27 de junio y finaliza el próximo día 3 de julio.

Será el 4 de julio cuando se celebre la junta de aclaraciones, mientras que la presentación y apertura de propuestas está prevista el día 11 de ese mismo mes. Será el 16 de julio, a las 12:00 horas, cuando los aspirantes conozcan el fallo del proceso de licitación.

Para Góngora Calvario, dijo que uno de los candados es el requisito de 10 mil pesos sólo para la compra de las bases, al señalar que el actual equipo de los verificentros costó más 120 millones de pesos.

“Literalmente se está echando a perder por la lluvia, ya que los centros siguen clausurados, dijo al afirmar que la licitación beneficiará a una o dos empresas, debido a que las bases de la misma descartarán a los actuales dueños por las exigencias millonarias que solicitarán para poder concursar en la misma".

En entrevista previa a la publicación para Intolerancia Diario, informó que ya se están conformando las solicitudes de juicios de amparos, luego de que el gobierno estatal clausuró sus establecimientos, justamente semanas antes del acuerdo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) del 18 de junio pasado.

Ahora en Puebla todos los verificentros se encuentran cerrados en lo que se acondicionan las nuevas tecnologías que homologuen la forma de verificar que automóviles no contaminen como la empleada en el Distrito Federal (D.F.).

“Todos están cerrados no cerrados clausurados por parte de la Secretaría con sellos todos algo que se nos hace muy exagerado”, dijo José Luis Gongora.

Incluso señaló que el proyecto de homologación de verificentros ya estaba muy avanzado en Puebla desde hace siete años, pero ahora de un plumazo les quitaron los permisos, con pérdidas millonarias para cada empresario poblano.

-¿Estaban dispuestos a invertir en el sistema de homologación de Megalópolis?

-Claro, lo sabíamos muy bien que esto venía.

“Por ejemplo dicen ellos que tardamos ahora 15 minutos en verificar, eso es mentira no se llevan más de seis minutos ahora para hacer la verificación.

“Hay mucha información que no sea dado, nosotros estamos conscientes tras más de 20 años en este negocio que las cosas cambian y que pues tenemos que ir con esos cambios”, dijo.

“Pero aquí (el gobierno) a los que quieren cambiar esa nosotros a otro grupo, que realmente si es que llega gente del D.F. vaya, si dicen que nosotros nos vamos por corrupción bueno llegan gente de la capital que tiene doctorado en eso.

“Usted va al D.F. y no es un secreto, si no dejan el asiento el billetito de 200 simplemente su vehículo no pasa, pues esa es la homologación que quiera hacer el estado de Puebla, que se vaya a lo que es la prueba con la tecnología de la capital del país”.

Clausura total

Indicó  el entrevistado que con los sellos de clausura, ahora no pueden ni siquiera entrar a sus establecimientos a recoger cosas personales, además de que siguen perdiendo los empresarios dinero al estar pagando rentas.

Señaló que el actual titular de la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial (SDRSOT), les dijo personalmente que se reabrirían los establecimientos solo por tener faltas administrativas, pero posteriormente cambió el discurso a corrupción.

“Vaya, no me dejan entrar al establecimiento ni a las áreas distintas, antes lo usual era habilitar el equipo y ya, ahora no fue así, nos clausuran”

Relató que les fincaron procedimientos administrativos para que pudieran solventar distintas observaciones que se les realizó en una inspección.

“Los motivos por los cuales clausuran ahora sí que son inéditos, hasta sorprendentes, van desde una falta de un gafete, hasta la falta de un permiso que extiende la misma secretaría la que tiene obligación de darlo”, dijo.

“Esas son los motivos por los cuales clausuran, ya tiene tres meses con algunos compañeros, va muy lento, no nos han querido resolver la situación, me parece que en estos momentos hay la orden de no dejarnos ni entrar, he tenido ya dos suspensiones de reunión con el director del área jurídica”

-¿Recurrirán a la figura del amparo?

-Sí, eso es lo que estamos valorando, el amparo y de qué tipo de amparo podríamos estar hablando.

“Hay algunos compañeros ya desesperados porque además el programa es muy desgastante ir una autoridad nueva y todo tiene que cambiar pero en esta ocasión no cambió llegaron y nos quitaron”, señaló

“No les importa que deje sin empleo a gran cantidad de personas y yo traigo a mis empresarios. Entonces también es cierto que compañeros están paga y paga rentas estando cerrados, pues no sale”, comentó.

Y es que indicó que siguen muchos parados pagando rentas de sus inmuebles, porque no pueden entregar los locales, ya que no retiran los sellos de clausura,

“No existe una resolución que diga ya puedes abrir, no hay castigo no hay sanción, pero tampoco hay sanciones ya en forma, nada de eso, todo es una incertidumbre total, no entiendo porque porque esa obsesión de agresión contra nosotros”.

“Todo es para hacer una licitación, obviamente como les estorbamos para la licitación, es la única manera haciéndonos a un lado de este modo, pero es una obsesión”, dijo José Luis Góngora.

“Nosotros habíamos hablado en muy buenos términos con el señor Mario Rincón, él nos dijo que no había línea que contaban con nosotros, se les va abrir de inmediato porque todas son observaciones administrativas lo que menciona inclusive en varios medios“

“Pero pues cambió de repente su discurso, empezó con lo de la corrupción posteriormente menciona a empresarios del D.F. ahora hay una incertidumbre total, no nos dejan ni entregar los locales”.

Afirmó que realmente el negocio de la verificación no es muy redituable, “el programa está muy caído al 30%. No sé si lo vayan elevar ellos los empresarios que eligieron, no es un gran negociazo para estar tres meses con la incertidumbre”

-¿Cuánto fue la inversión en cada negocio?

-Mire, los que tenemos el servicio tipo uno, que es la verificación normal obligatoria en Puebla, tenemos alrededor de 1 millón y medio de pesos invertidos en equipo instalaciones y demás

“El equipo es de nosotros, el software es de la Secretaría, es la que manejan ellos". Los que invirtieron para dar servicios cero y doble cero que es un servicio voluntario para aquellas personas que querían ir al D.F. y no ser molestados, se creó ese otro servicio alterno y ellos tienen alrededor de 3 a 4 millones de pesos invertidos y ahora detenidos”.

“Pero más que eso lo que más pena dais duele son la cantidad de empleos y familias que se quedan sin un sustento. Alrededor de 350 personas o familias además de gente que de manera indirecta se beneficiaba, como por ejemplo a los proveedores de papelería y diversos artículos”