En la práctica, el pasado lunes elementos de la Policía Estatal aplicaron a rajatabla la #LeyBala. Con gases lacrimógenos y golpes de macana desalojaron a mil 200 pobladores de diversas juntas auxiliares que exigían que los servicios del Registro Civil a las presidencias auxiliares.
Tras la refriega, los uniformados lograron detener a estos seis manifestantes. La autoridad correspondiente les fijó una fianza entre 230 y 450 mil pesos, en una postura que confirma el interés del estado de que estas personas pasen un largo rato bajo la sombra como ejemplo para cualquier inconforme.
Ayer, la diputada Geraldine González subió a tribuna en defensa de los detenidos, ya que se les fijó una fianza impagable, dadas las condiciones financieras de estos campesinos a los que se tomará como ejemplo para inculcar miedo entre la población para que piense dos veces las cosas antes de mostrar su inconformidad aunque ésta sea totalmente justificada y legítima.
La política del miedo que tan buenos resultados le ha dado al gobernador Moreno Valle sigue aplicándose sin límites y con el total amparo de la Procuraduría de Justicia y del Tribunal Superior de Justicia, en donde se arman procesos a la medida y el interés del gobierno estatal.
