Mediante una rueda de prensa sui géneris, donde las preguntas de reporteros estuvieron prohibidas, el gobierno de Puebla se deslindó de cualquier responsabilidad en la aplicación de la llamada “ley Bala” contra habitantes de Chalchihuapan, al afirmar que jamás utilizaron balas de goma.

Incluso horas después, el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas señaló que solicitó a la Procuraduría General de la República atraer las investigaciones de las lesiones del niño Luis Tehuatli Tamayo, quien está hospitalizado desde hace una semana y ahora se debate entre la vida y la muerte.

Mediante fotografías en las que se ven a algunas personas disparando presuntos cohetones, el gobierno del estado afirmó que los pobladores de San Bernardino Chalchihuapan fueron los que atacaron a los policías estatales y lesionaron a un niño de 13 años.

Sin embargo, en apenas ocho fotografías apenas se alcanza a ver a unos cuantos jóvenes sosteniendo una vara de las utilizadas en las ferias para tronar cohetones, en algunas detonándolas. Sin embargo, se afirma que hubo más de 200 detonaciones.

La versión oficial presentada por el gobierno de Puebla, a una semana del enfrentamiento, en una rueda de prensa donde las preguntas de reporteros fueron prohibidas, señala que se utilizaron, además de cohetones, bombas molotov, palos, tubos y “piedras de gran calibre”.

Sin embargo, en ninguna de las fotografías presentadas por las autoridades ni por los pobladores se aprecia alguna detonación de las que causan las bombas molotov, que son botellas de vidrio con algún líquido explosivo, que al caer deberían causar fuego.

La semana pasada se registró un enfrentamiento tras el bloqueo de la autopista Atlixcayotl, en protesta de los habitantes de dicha comunidad por el retiro de las facultades del Registro Civil a juntas auxiliares, que acabó en enfrentamiento.

Este martes, el gobierno estatal deslindó a sus elementos de haber utilizado balas de goma y acusaron a los pobladores de haber provocado la trifulca.

Entre los lesionados se encuentra un niño de 13 años de edad, Luis Tehuatli Tamayo, quien, afirma el titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG), Luis Maldonado Moctezuma, fue herido por los pobladores.

Esta respuesta del gobierno viene después de una serie de vídeos, donde se pueden ver a lesionados, entre ellos el niño, con heridas circulares, presuntamente hechas con balas de goma. Además, los habitantes de la junta auxiliar han presentado un arsenal, que —acusan— les fue embestido por parte de los uniformados.

PGR
El gobierno del estado le solicitó formalmente a la Procuraduría General de la República (PGR) atraer la investigación de los hechos ocurridos el pasado 9 de julio en la autopista Atlixcáyotl. “Para la tranquilidad de los ciudadanos, la opinión pública, y para garantizar la objetividad absoluta”, informó el gobernador Rafael Moreno Valle.

Agregó que, independiente de que el tema corresponda al fuero local y que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) ya está investigando, debido a la magnitud de la situación y en particular por el estado de salud del menor Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, se decidió recurrir a la instancia federal.

“Nosotros no vamos a encubrir a nadie, hay protocolos que los policías deben seguir y si fueron en contra del protocolo, también serán sancionados con todo el peso de la ley, pero también queremos que se investigue lo que han hecho los manifestantes y sus actos de violencia”, indicó.
El mandatario se manifestó a favor de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos atrajera el caso y afirmó que el gobierno que encabeza proporcionará todas las evidencias recopiladas, además de atender las preguntas y solicitudes de información que se reciba.

Recordó que el día de los hechos, ante el bloqueo de una vía de comunicación estatal, se requirió la intervención del gobierno y hubo un periodo de diálogo buscando atender las demandas de los manifestantes para darles cauce por la vía legal.

“En este estado buscamos que los ciudadanos tengan una total libertad de expresión, pueden manifestar sus planteamientos, inquietudes y necesidades, defender sus causas, porque eso es la democracia pero deben hacerlo por los cauces institucionales".

El mandatario lamentó los hechos y la grave situación del menor e insistió en la relevancia de que la PGR lleve el caso: “Porque el interés particular de mi gobierno y el mío es que se haga justicia. En este sentido, se han presentado evidencias de distintos orígenes y me parece fundamental que se pueda castigar y llegar al fondo del asunto”.

El comunicado
A continuación, las “precisiones” del gobierno morenovallista.

“La Secretaría de Seguridad Pública reafirma que, en todo momento, el despliegue de la fuerza policial se produjo bajo un esquema de contención y disuasión, con el único objeto de lograr la apertura de la vía en cuestión.

”Desde el primer momento del cierre, y a lo largo del mismo, se les conminó al diálogo y a la negociación, con la concurrencia de las autoridades de la Secretaría General de Gobierno.

”Agotados los llamamientos desoídos al diálogo, el operativo de los efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública, no obstante la violencia expuesta por los manifestantes, fue exclusivamente con la utilización de toletes, escudos y cascos, en una primera instancia. Ante la escalada de violencia y agresión de parte de los manifestantes, se utilizó gas lacrimógeno para dispersar y contener a los agresores. Se ratifica, así mismo, que en ningún momento se utilizaron balas de goma o cualquier otro dispositivo contundente, que los ya referidos. 

”El comportamiento del grupo de manifestantes, no corresponde al perfil ciudadano de una protesta, ya que dio muestras de una intención claramente organizada, premeditada y de franca provocación y agresión, como se demuestra por el hecho de que iban preparados con diversos objetos contundentes tales como bombas molotov, palos, tubos y piedras de gran calibre, dentro de los que destacó la utilización de cohetones que fueron proyectados, incluso con la utilización de lanzaderas de aluminio y pvc, en agravio y afectación directa de policías y transeúntes, que reportó un saldo de al menos 46 policías lesionados y al menos dos civiles. En todos los casos, se dispone de los dictámenes médicos elaborados en los hospitales del sector salud estatal en los que fueron atendidos los heridos.

”Cabe destacar que durante la agresión de los manifestantes, se estima que al menos fueron detonados un estimado de doscientos cohetones, cuyo poder de impacto no solo lesionó personas, sino que destrozó cascos protectores y escudos de la policía, lo cual demuestra su poder de daño.

”Lamentablemente, se cuenta con un caso, el de mayor gravedad, que es el del menor de edad Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, quien fue lesionado gravemente por uno de los cohetones lanzados por los manifestantes en su violenta protesta, y que hoy se encuentra debatiéndose entre la vida y la muerte, después de una intervención quirúrgica que le fue practicada la noche de los hechos y se destaca que se ha llevado a cabo el protocolo médico recomendado en estos casos.

”El propio 9 de julio de 2014, se aseguraron a cuatro personas que participaron en los hechos delictivos y violentos, emprendiéndose por la Procuraduría de Justicia del Estado las acciones jurídicas del caso, motivo por el cual fueron consignadas ante el juez penal correspondiente.

”El avance de la investigación dispone ya de evidencia contundente, en virtud de que se tienen testimonios, fotografías y videograbaciones que identifican plenamente a un número importante de agresores. Muchos de estos elementos son inclusive públicos, y confirman de manera evidente la relatoría expuesta.

”Desde el principio de este incidente, el Gobierno de Puebla ha ofrecido la más amplia cooperación con las Comisiones de Derechos Humanos, estatal y nacional, esta última a cargo de las investigaciones que atrajo a su ámbito, instancia a la que se le allegarán todos los elementos de que se disponen.

”Adicionalmente, la Procuraduría General de Justicia del Estado dará vista a la Procuraduría General de la República, una copia de la averiguación previa respectiva, y le aportará también los peritajes, estudios técnicos y todos los elementos que obran en el expediente. 

”La Secretaría General de Gobierno pondrá a disposición del Congreso del Estado de Puebla la información pertinente de la que estamos dando cuenta.

”El Gobierno del Estado de Puebla ratifica su compromiso con la preservación del Estado de Derecho, condena la actitud consciente, premeditada y organizada de grupos que encubren en la protesta una franca intención de provocación que afecta la integridad de los ciudadanos y los derechos de terceros, ratifica su respeto a la libertad de expresión, de manifestación y de protesta, sin distingo de la causa que la motive, en tanto no se incurra en la comisión de conductas delictivas, en agravio de la sociedad poblana.

”En el Gobierno de Puebla confiamos en que la participación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos garantiza una investigación objetiva, seria e imparcial y que habrá de contribuir al esclarecimiento de los lamentables hechos y se haga justicia, que es nuestro principal interés en este caso”.