Siguen los cuestionamientos contra el gobierno de Puebla a nivel nacional por el caso Chalchihuapan. Este lunes el clamor fue uno: la renuncia de Facundo Rosas, además de conformarse un comité de investigaciones en la Cámara de Diputados federal.
Mientras, de manera simultánea, este lunes el Distrito Federal fue el centro de las protestas de distintos grupos civiles y políticos, quienes realizaron desde una marcha hasta sendas ruedas de prensa. Los legisladores federales anunciaron que iniciaran investigaciones.
La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados federal aprobó por unanimidad la conformación de una comisión especial para investigar y dar seguimiento al caso Chalchihuapan, tras la muerte de un niño.
Al mismo tiempo, diputados federales de la bancada poblana del Partido Revolucionario Institucional (PRI), así como organismos no gubernamentales nacionales, encabezados por el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, Article 19 y Cencos, coincidieron en exigir la renuncia del secretario de Seguridad Pública Estatal (SSPE).
Las ruedas de prensa, realizadas con una hora de diferencia, fueron para criticar no sólo al gobierno de Puebla por la represión contra pobladores de San Bernardino Chalchihuapan, sino también contra la Comisión Nacional y Estatal de los Derechos Humanos.
El 9 de julio elementos de la SSPE reprimieron una manifestación en dicha comunidad, cuando cerraron la autopista Puebla-Atlixco, resultando lesionadas decenas de personas, entre vecinos y uniformados.
Como saldo de este enfrentamiento murió el niño José Luis Tehuatlie Tamayo, de 13 años de edad, por una lesión en la cabeza, producto de una bala de goma, aunque el gobierno afirma que fue un cohetón lanzado por los manifestantes el que causó la lesión.
Esta muerte ha mantenido al gobernador Rafael Moreno Valle Rosas por 20 días en una tormenta política, mediática y jurídica, en espera de los resultados de las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Los priistas poblanos reaccionan
Ahora la bancada poblana del PRI se une a la exigencia de las renuncias de los secretarios de Gobernación, Luis Maldonado Venegas, y de Seguridad Pública, Facundo Rosas, por el enfrentamiento de San Bernardino Chalchihuapan, hace 20 días.
Este enfrentamiento entre pobladores y elementos de la Policía Estatal derivó en el asesinato del niño José Luis Tehuatlie Tamayo, por un proyectil que lo impactó en la cabeza.
En conferencia desde palacio legislativo de San Lázaro, los legisladores priistas señalaron sus sospechas de “manipulación” de las autoridades locales, por lo que demandan la creación de una comisión especial en el Legislativo federal para dar seguimiento al caso.
Participaron el coordinador de la bancada tricolor poblana, Carlos Sánchez, y los otros nueve de los 14 integrantes, entre ellos Filiberto Guevara, Jesús Morales Flores, Rocío García Olmedo, Josefina García Hernández, Enrique Doger Guerrero, José Luis Márquez Martínez y María del Carmen García de la Cadena Romero.
“En la crisis de credibilidad nadie ha informado quién ordenó el desalojo violento de los manifestantes. Por las evidencias, los policías nunca se apegaron a un protocolo elemental de protección de la vida, porque no estaban capacitados.
”También no han demostrado la existencia de un diálogo de negociación previo al desalojo, por parte de la Secretaría General de Gobierno, a cargo de Luis Maldonado Venegas”, señalaron.
Los diputados federales del PRI fueron encabezados por Carlos Sánchez; solicitaron la renuncia del secretario general de Gobierno, Luis Maldonado, y el de Seguridad Pública, Facundo Rosas, del estado de Puebla, por su responsabilidad en la muerte del niño José Luis Tehuatlie tras el operativo implementado en Chalchihuapan el pasado 9 de julio.
Puebla, un polvorín
Ahora organismos no gubernamentales (ONG) en defensa de los derechos humanos, encabezados por Article 19, exigieron la salida de Facundo Rosas de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.
En rueda de prensa en la ciudad de México, distintas organizaciones dudaron de los dictámenes finales de las investigaciones que emitan las Comisión Nacional y Estatal de Derechos Humanos, sobre la represión de la manifestación en Chalchihuapan.
Los señalamientos fueron a nombre de Article 19, Alconsumidor AC, Contingente MX, Dejemos de Hacernos Pendejos (DHP), Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” AC y del Centro Nacional de Comunicación Social AC (Cencos).
Todos coincidieron en lanzar un exhorto al gobernador Moreno Valle para no “privilegiar una carrera presidencial” y dar celeridad y transparencia a las investigaciones que la PGJ y PGR.
“¿Qué podemos esperar, si el gobierno de Puebla ha premiado a la CEDH y CNDH?”, cuestionó Misraim Hernández Fernández, de Contingente Puebla.
Señalaron además que Facundo Rosas tiene antecedentes de represor, como fue el caso de Ayotzinapa, Guerrero, donde murieron dos normalistas en 2011, cuando fue reprimida una manifestación por toma de carretera.
Señalaron que se debe dar marcha atrás al retiro de la administración de las funciones del Registro Civil a las juntas auxiliares, lo que mantiene a Puebla como un “polvorín” que puede estallar en cualquier momento.
La rueda de prensa se realizó en las instalaciones de Cencos, en el Distrito Federal; los activistas anunciaron que buscarán que instancias internacionales coadyuven en las investigaciones, a fin de que éstas se realicen de manera objetiva.
Al respecto, Daniel Gershenson, de Alconsumidor AC, exigió al gobernador Rafael Moreno Valle la inmediata destitución de Facundo Rosas Rosas, exigencia a la que se unieron los demás ONG.
Consideró que el funcionario es responsable de los hechos violentos suscitados el pasado 9 de julio, que culminaron con el fallecimiento de un niño de 13 años y en más de medio centenar de heridos, entre pobladores y efectivos policiacos.
“A casi 20 días de los hechos, el gobierno del estado no ha reconocido su responsabilidad en el asunto y, por el contrario, se trata de enturbiar la información que hay sobre lo ocurrido”.
Posteriormente, Simón Hernández, del Centro Pro, señaló que Rosas Rosas no actúa de manera veraz al afirmar que la SSPE no cuenta con armas que disparan balas de goma, por lo que dijo que el funcionario debe ser cesado del cargo.
En representación de Article 19, Leopoldo Maldonado señaló que la SSPE de Puebla no ha hecho públicos los protocolos de actuación que utilizó durante la dispersión de la manifestación.
Asimismo, indicó es necesario que el gobernador retroceda y restituya a las juntas auxiliares las funciones del Registro Civil, pues al no hacerlo se suma a una “cadena de gobierno autoritario” que convirtió a Puebla en un “polvorín”.
“Moreno Valle no puede seguir privilegiando una carrera presidencial y no atender el asunto de Chalchihuapan, pues debe garantizar transparencia en la investigación y sanciones para los responsables del fallecimiento del menor.
”No puede seguir priorizando su carrera presidencial, sus campañas en medios, no puede seguir sometiendo a medios locales”, señalaron.
Existe sospecha de la exoneración de las comisiones de Derechos Humanos de Puebla y Nacional al existir conflicto de intereses, por los titulares de ambas instancias Adolfo López Badillo y Raúl Plascencia Villanueva, por su relación cercana con el gobernador poblano.
Por lo mismo, anunciaron que solicitarán a organismos internacionales que sean coadyuvantes en las indagatorias del caso, a fin de que garanticen objetividad en las investigaciones.
