Luego de que el procurador Víctor Carrancá Bourguet presentara los resultados de las investigaciones del caso Chalchihuapan, en las que asegura que el menor fue herido por un cohetón y no por balas de goma, el analista político Paulino Arellanes Jiménez afirmó que ya no son verdades a medias las presentadas, más bien, son mentiras grandes “que, indudablemente, le ayudan al gobernador, porque tiene el aparato gubernamental, el Ministerio Público y de Investigación a su favor; sin embargo, el pueblo se manifestó y ahora acudió a la ciudad de México para mostrar su inconformidad y que se pague indemnización a los deudos del niño”.
Sobre el caso, reiteró que surgen muchas mentiras, por eso insistió que el gobernador lo hace porque tiene a su favor todo el aparato mediático del gobierno, de la iniciativa privada, de los medios de comunicación estatal y nacional, que logra incorporar recursos para limpiar los hechos; entonces, es evidente que recurre a la mentira: “El gobierno recurre a la mentira como una fórmula para lavarse las manos y tapar sus errores y sus ilícitos”. Por lo que puntualizó que ese tipo de acciones es una constante de parte de los gobernantes.
El caso poblano, agregó Arellanes Jiménez, se recrudeció más porque ya no pudo tapar las mentiras constantes y sistemáticas que se generan desde el gobierno del estado en sus acciones represivas en contra de los habitantes de la entidad, pero el problema es que en forma legal no existe ninguna norma que pueda fincar responsabilidades administrativas y penales: “Tampoco existe la revocación de mandato, tampoco se sanciona si existen mentiras y falsedades en sus informes”.
Dijo que los hechos lamentables del pasado 9 de julio quedan en el imaginario social y colectivo, por lo que entre los ciudadanos poblanos siempre existirá el reclamo silencioso y la conclusión que existe demasiada impunidad de los gobernantes que cometen constantes violaciones a las leyes e ilícitos, que están entre los males endémicos de nuestros gobernantes”.
Lamentablemente también hemos visto a través de la historia reciente, dijo, que muchos funcionarios públicos son premiados y eso causa mayor enojo y molestia entre la sociedad, que no puede hacerse justicia por su propia mano, por eso consideró que puede hacerlo a través del recurso político como se pueda solventar alguna solución, como lo es el voto de castigo, que estaría muy presente en las elecciones del 2018, donde quisiera inscribirse como potencial candidato.
Voto de castigo
Y aunque Moreno Valle tiene de su lado a los diferentes sectores públicos del estado, Paulino Arellanes afirmó que los ciudadanos inconformes con la política represora del mandatario estatal pueden recurrir a diferentes recursos políticos como el voto de castigo, "que estaría muy presente en las elecciones del 2015 y del 2018".
Desde la perspectiva del integrante del Sistema Nacional de Investigadores, es indudable que las aspiraciones de futuro de Moreno Valle se vienen abajo con la represión impulsada desde el arranque de su gobierno: "Queda en la memoria colectiva la fórmula mentirosa y de engaño para intentar lavar su imagen y estar inscrito en esa pugna, pero indudablemente su imagen ya ha sido manchada", concluyó.
