Ni el secretario de Seguridad Pública estatal, Facundo Rosas Rosas, ni el procurador general de Justicia, Víctor Carrancá Bourget, cumplieron con la información requerida sobre el caso Chalchihuapan ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
De este modo, Facundo Rosas no entregó la información requerida al organismo garante de las garantías individuales en el país, la que hace investigaciones sobre violaciones graves en la represión de una manifestación en la autopista Atlixcáyotl.
Así lo confirmaron fuentes de la CNDH, luego de que el funcionario de Puebla tendría que haber entregado más datos del operativo efectuado contra manifestantes desde el pasado sábado, pero no lo ha hecho.
En el caso de Carrancá Bourget, quien acudió el viernes pasado a comparecencia, tampoco llevó la información completa y hasta el momento no ha llevado nada de lo solicitado.
Rosas Rosas acudió el miércoles 6 de agosto a las oficinas de la CNDH en el Distrito Federal, a comparecer sobre las violaciones graves a los derechos humanos durante el operativo efectuado para disolver la manifestación en el kilómetro 14 de la autopista Puebla-Atlixco.
Pero el funcionario estatal llegó con un informe incompleto, como el nombre de quienes participaron en el operativo o tenían la autorización para el uso de la fuerza, además las características del armamento que cada uno de los elementos portaban.
También tenía que llevar los registros de cada una de las capsulas que fueron lanzadas por las lanzaderas de capsulas de gas lacrimógeno.
Además, debió otorgar detalles que tienen que ver con la información que se le fue proporcionando durante el día de los hechos, minuto a minuto, en cuanto a las comunicaciones con sus colaboradores.
Esta información es particularmente con quienes se encontraban en el lugar de los hechos y con las instrucciones que fueron requiriendo y recibiendo.
Sin embargo, aunque prometió al presidente de la CNDH, Raúl Plascencia, entregar esta información en tres días naturales, o sea, el pasado sábado como límite, hasta este lunes 11 de agosto no ha llevado el informe completo.
Minutos después de su comparecencia del miércoles, el ombudsman nacional estableció el compromiso de enviar su informe por escrito, en el cual agregue todos aquellos comentarios y pruebas que le fueron requeridas y que tienen que ver precisamente con los hechos del 9 de julio.
—¿Que le requirió al secretario?
—Información más completa y precisa de los nombres de los elementos que participaron, quienes son los que tenían en buena medida la autorización para el uso de la fuerza.
“Las características del armamento de cada uno de los elementos portaban y también los registros de cada una de las capsulas que fueron lanzadas por las lanzaderas de capsulas de gas lacrimógeno.
”Así como algunos otros detalles que tienen que ver con la información que se le fue proporcionando durante el día de los hechos minuto a minuto en cuanto a las comunicaciones con sus colaboradores, particularmente con quienes se encontraban en el lugar de los hechos y con las instrucciones que fueron requiriendo y recibiendo.
”Nos va a remitir una lista pormenorizada del equipo, él manifiesta al principio que lo que se utilizó fueron los casos, escudos, bastones y lanzaderas de gas lacrimógeno, no identifica y no acepta que se hayan utilizado balas de goma”, dijo Raúl Plascencia en rueda de prensa el 6 de agosto.
“Presentó alguna carpeta con algunos informes que se le han solicitado, se comprometió a complementarlos con otra información requerida”.
—¿Venia incompleto?
—Digamos que no estaba completo con todo lo que requería.
—¿En cuánto tiempo se comprometió a entregarlo?
—En tres días naturales —pero hasta este lunes al mediodía no entregó nada—.
El 9 de julio se registró un enfrentamiento entre pobladores de San Bernardino Chalchihuapan con elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), durante un operativo de desalojo de una manifestación que mantenía bloqueada la autopista Puebla–Atlixco.
De este enfrentamiento resultaron lesionadas decenas de personas, nueve manifestantes contabilizados por la CNDH y 47 policías estatales, además del niño José Luis Tehuatlie Tamayo, quien falleció 10 días después por una fuerte lesión en la cabeza.
