Empresarios de los centros de verificación que se sumaron a la protesta de los presidentes auxiliares señalaron que mientras el gobierno del estado presume que Audi genera 3 mil empleos, ya se perdieron este año con las clausura de estas empresas al menos 500; asimismo, indicaron que ya no permitirán que les quiten los sellos de clausura a los negocios toda vez que no los dejaron participar para las nuevas concesiones, e indicaron que los adhesivos serán una muestra de la intransigencia del gobernador Rafael Moreno Valle.
Los manifestantes que portaron lonas demandando que se les escuche y se respeten las fuentes de empleo comentaron que no se da una solución y la gente se encuentra en la calle y a sus trabajadores, que se les estaba pagando el 50 por ciento del salario, se les dieron las gracias sin liquidarlos, pues las empresas quebraron a causa de la clausura ilegal.
José Martín Maldonado García aseguró que hay desesperación luego de que fueron cerrados desde hace más de cinco meses los centros de verificación por parte del gobierno del estado y se ha acabado el poco dinero que tenían para seguir apoyando con algo a sus trabajadores.
“El gobierno presume que apoya la Cruzada Nacional contra el Hambre del presidente Enrique Peña Nieto, pero a nosotros que somos más de 600 familias que vivimos de una forma honrada nos está matando de hambre”.
Hay desesperación por parte de los 83 propietarios dijo el empresario ya que no saben qué respuesta van a dar a los trabajadores y si podrán participar en la licitación para obtener la otra concesión por parte del gobierno del estado, pero en tanto deben cumplir con sus trabajadores y pagar la renta de los locales.
Cuestionó que se hable de la creación de 3 mil empleos directos con la planta Audi y se pierdan más de 500, y se presume que llegará gente foránea llevándose el dinero que se gastaba en Puebla.
Dijo que los gastos que tienen que hacer los empresarios a los que les fueron clausurados los centros son de 10 a 15 mil pesos mensuales por concepto de renta del espacio, además del pago de 50 por ciento del salario de los trabajadores que son técnicos y por lo tanto sus percepciones eran superiores a los 4 mil pesos.
Dijo que de no atender a su personal, mismo que ha sido consiente de la situación, además del problema de la clausura, tendrían que enfrentar las demandas laborales por parte de los trabajadores.
La injusticia
El empresario expresó que en su caso con el negocio familiar apoyaba a sus hermanas y lamentó que pese a que se cumplían todos los requisitos para que operaran los dos centros, el personal de Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial (SDRSOT), en la primera visita, a principios de marzo, sólo hizo observaciones, ninguna acerca de los equipos, pero posteriormente llegó y colocó los sellos de clausura sin dejarlos sacar documentación.
Indicó que es injusto que se les haya dado la concesión para operar este año y se cierren sus fuentes de empleo, pero sobre todo se les esté negando la posibilidad de poder seguir en el negocio.
Aseguró que las cámaras que se colocaron en los equipos para evitar los actos de corrupción operaron los equipos estaban calibrados por personal de la SDRSOT, entonces se cometió la injusticia de cerrar la fuentes de trabajo.
