El secretario de Gobierno, Luis Maldonado Venegas, evitó —a contrapelo de otros actores del gobierno estatal— señalar a la diputada federal Roxana Luna Porquillo de instigar a pobladores de San Bernardino Chalchihuapan a manifestarse por “intereses políticos” en los acontecimientos violentos del pasado 9 de julio.
El funcionario de la administración estatal se mostró precavido y pidió apegarse a los estudios técnicos que realiza la CNDH para conocer la verdad de los hechos.
“La Comisión Nacional de los Derecho Humanos, estoy cierto, realiza una investigación profusa y profunda. Y que reportarán los resultados y las recomendaciones correspondientes.
”A ello ha contribuido toda la información que ha estado al alcance del gobierno del estado, particularmente a través de la Procuraduría General.
”Confío sobretodo en la solvencia moral y técnica de la Comisión Nacional”.
—¿Hay intereses políticos detrás de este movimiento social, hay quienes así lo acusan?
—Es parte de solventar a través de la investigación que está realizando la Procuraduría de manera integral y completa todos los actores. No solamente los que están a la vista, sino los que puedan de esa investigación, conocer cuáles fueron los móviles, quiénes son los responsables o actores, directamente señalados como responsables, y sobre todo de las afectaciones y, por supuesto, llegar al trasfondo de todo. Yo no haría especulaciones. Creo que esto debe ser materia de una investigación de carácter científico, para decirlo de manera clara, y no de carácter especulativo.
—El procurador señala que había grupos externos a la población... ¿Se debe investigar a Roxana Luna, diputada federal?
—Yo no voy a hacer prejuicios de los procesos que están en marcha. Le corresponde a la instancia investigadora tanto la nacional como la Procuraduría del Estado realizar estas indagatorias.
“Es materia del Ministerio Público, que mantiene alguna información en reserva para cuidar el éxito de la investigación. Compete a ellos. Se está investigando todo y a todos”.
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El pasado 15 de julio, en una rueda de prensa que dio el secretario general de Gobierno, Luis Maldonado Venegas, denunció que los pobladores de San Bernardino Chalchihuapan actuaron de manera premeditada agrediendo a policías del gobierno de Puebla durante el operativo del 9 de julio.
Maldonado señaló en dicha ocasión que los pobladores “dieron muestras de un intención claramente organizada, premeditada y de franca provocación y agresión”.
A más de un mes de su declaración, Maldonado matizó sus acusaciones.
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El pasado 31 de julio, la CNDH inició una investigación sobre la violación grave a los derechos humanos por los acontecimientos violentos de San Bernardino Chalchihuapan.
Hasta el momento, la CNDH ha citado a dos funcionarios públicos.
Tanto el procurador de Justicia de Puebla, Víctor Carrancá Bourget, como el secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas, han asistido a las instalaciones de la CNDH, donde han sido interrogados por el ombudsman Raúl Plascencia Villanueva.
Poco a poco, en el avance de las investigaciones se han ido desmoronando las tesis oficiales.
Las investigaciones iniciaron el pasado 31 de julio.
Y los voceros y funcionarios del gobierno estatal han disminuido el tono beligerante de sus acusaciones en contra de los pobladores de San Bernardino Chalchihuapan, a quienes acusaron de la zacapela violenta del 9 de julio.
A pesar de que los mismos pobladores denunciaron desde el 9 de julio el uso excesivo de la violencia policiaca en contra de pobladores.
Después de 21 días del violento desalojo en San Bernardino Chalchihupan, el pasado 9 de julio, la CNDH inició una investigación en torno a las violaciones graves a los derechos humanos.
La CNDH catalogó el expediente como “investigación de violaciones graves a los derechos humanos, dado que la naturaleza de los acontecimientos resultaron de especial gravedad, trascendiendo el interés de la entidad federativa e incidir en la opinión pública nacional, por actos que vulneraron los derechos a la vida, integridad física y seguridad de las personas agraviadas”.
En dicho operativo policiaco, un niño de 13 años, Alberto Tehuatlie Tamayo, perdió la vida, nueve personas civiles fueron lesionadas de diversa gravedad, al menos 40 policías presentaran heridas, y hubo un número indeterminado de personas agraviadas.
Cabe señalar que en la discusión sobre la polémica “ley Bala”, la CNDH señaló que la versión modificada de la “ley Bala” no viola ningún precepto constitucional. Su presidente, Raúl Plascencia Villanueva, recibió un reconocimiento por parte de las autoridades estatales en una visita reciente a Puebla.
Se espera que en el mes de septiembre, la CNDH emitirá la determinación que corresponda conforme a sus atribuciones constitucionales.
Pero la propia CNDH está bajo la observación ciudadana, ya que fue la que declaró que la “ley Bala” es constitucional y cumple protocolos internacionales. Organizaciones como Artículo 19 han criticado a la CNDH porque mientras avaló la “ley Bala”, ahora se interesa por los hechos violentos del 9 de julio en San Bernardino Chalchihuapan, originados parcialmente en la aprobación de una ley que mengua la protección a los ciudadanos que se manifiestan catalogando de manera arbitraria las manifestaciones sociales como violentas.
La semana pasada Plascencia Villanueva visitó San Bernardino Chalchihuapan, donde hizo la reconstrucción de los hechos.
