El periodista Carlos Loret de Mola, en el diario El Universal, adelanta lo que podría ser parte de la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que realiza una investigación sobre la represión policiaca en San Bernardino Chalchihuapan.
La recomendación iría en contra del secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas. Pero no implicaría al gobernador Rafael Moreno Valle.
La misma recomendación, de acuerdo al trascendido que recupera Loret de Mola, señala que el niño Luis Alberto Tehuatlie Tamayo fue herido ni por balas de goma —tesis de los pobladores— ni por un cohetón —afirmación de la administración estatal— sino por un misil de gas lacrimógeno y una deficiente atención médica.
“Según fuentes muy bien informadas, la investigación de la CNDH estaría concluyendo que el niño no murió por una bala de goma disparada por los policías como dicen los activistas, ni por un cohetón lanzado por los manifestantes como sostiene el gobierno.
”Basado en sus propios peritajes —el presidente de la Comisión, Raúl Plascencia, fue a realizar diligencias personalmente al lugar del enfrentamiento— Derechos Humanos divulgará que José Luis murió por la contusión que le provocó probablemente un cilindro metálico de los que se usan para lanzar gas lacrimógeno, y quizá una deficiente atención médica”.
Loret publica su columna “Un misil al presidenciable”. Sin embargo, Loret especula que las posibilidades de que Moreno Valle, a pesar de que la CNDH emita una recomendación en contra de su gobierno y de funcionarios de su administración pueden conservarse si se mueve con “sagacidad”, apunta el comentarista.
Policías estatales denunciaron a Intolerancia Diario que en el operativo del 9 de julio se les ordenó ocupar todas las municiones de gas lacrimógeno que se hallaban en las bodegas de la policía, además de que se dispararon de manera indiscriminadamente cuando fueron rebasados por los pobladores.
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A continuación se transcriben algunos párrafos de la columna de Loret de Mola:
“El miércoles de la próxima semana. La Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene prácticamente terminada la investigación sobre la muerte del niño José Luis Tlehuatlie Tamayo durante un enfrentamiento entre policías y manifestantes en Puebla. Ese día anunciará sus conclusiones.
”El expediente constituye un “misil” al comando de Rafael Moreno Valle, gobernador de Puebla y aspirante a la candidatura presidencial del PAN. Sin embargo, si se mueve con sagacidad política puede no impactarle directamente. Se puede salvar. Ya le pasó a Enrique Peña Nieto con Atenco, y ya se sabe dónde despacha ahorita”.
La columna de Loret de Mola, la cual no cita ninguna fuente, señala que a pesar de que Moreno Valle ha presentado presuntos informes de la división científica de la Policía Federal, en realidad se trata de “opiniones”, lo que le resta valor a los peritajes con los cuales Moreno Valle exonera a sus cuerpos policiacos de la violencia y represión que le costó la vida a José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, el pasado 9 de julio.
“La administración de Moreno Valle ha sostenido que 17 peritajes de la Policía Federal determinaron que fue un cohetón lo que mató al niño, pero la CNDH en su expediente contestaría que según le manifestó la propia Policía Federal no fueron dictámenes sino opiniones, lo que les resta fuerza”.
Loret de Mola señala que las investigaciones que ha realizado el ombudsman Raúl Plascencia se enfocan en responsabilizar al secretario de Seguridad, Facundo Rosas Rosas, como responsable del operativo y dejarían de lado la responsabilidad del gobernador Rafael Moreno Valle.
“Basado en sus propios peritajes —el presidente de la Comisión, Raúl Plascencia, fue a realizar diligencias personalmente al lugar del enfrentamiento— Derechos Humanos divulgará que José Luis murió por la contusión que le provocó probablemente un cilindro metálico de los que se usan para lanzar gas lacrimógeno, y quizá una deficiente atención médica.
”Por ello, responsabilizará primordialmente al secretario de Seguridad Pública de Puebla, Facundo Rosas (cercanísimo al ex secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna) por la presunta falta de información de inteligencia para enfrentar a la masa y por la mala estrategia y capacitación para la contención; al procurador, Víctor Carrancá, por una supuesta mala investigación; y a los policías presentes en el operativo contra los más o menos seiscientos activistas que pedían que el gobierno estatal dejara de quitarle atribuciones a su autoridad local”.
Además, Loret de Mola, sin citar fuentes, señala que “la investigación de la CNDH estaría concluyendo que el niño no murió por una bala de goma disparada por los policías como dicen los activistas, ni por un cohetón lanzado por los manifestantes como sostiene el gobierno”.
La columna de Loret de Mola se detiene en cómo la Comisión no implicaría al gobernador, Rafael Moreno Valle en su recomendación: “El argumento de la CNDH para no imputar directamente al mandatario sería que él no estuvo en el lugar de los hechos y que la ley vigente en el estado lo eximía de responsabilidad.
”La llamada Ley Bala, derogada en julio pasado por el Congreso local, facilitaba el uso de la fuerza por parte de la policía y según el gobierno poblano cumplía con todos los protocolos internacionales de la ONU y fue avalada por la CNDH. La Comisión dijo que nunca la avaló, solamente estableció que era constitucional”.
