El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Víctor Manuel Giorgana Jiménez, advirtió que de comprobarse que la muerte del menor José Luis Tehuatlie en la manifestación de Chalchihuapan provino de un cartucho de gas, deberán fincarse responsabilidades administrativas y penales.
Las sanciones, señaló, deberán ser contra los elementos policíacos, pero también contra los funcionarios de la administración estatal. Tras reiterar su confianza en los resultados de la investigación que la Comisión Nacional de Derechos humanos (CNDH) entregará en los próximos días sobre la dispersión de la manifestación en dicha comunidad, el legislador advirtió que también será necesario hacer las modificaciones legislativas para los reglamentos y procedimientos de las fuerzas de seguridad.
El legislador local recordó que desde un inicio se pronunció por la importancia de que el titular de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, Facundo Rosas, pidiera licencia al cargo para facilitar la investigación de la CNDH.
Comentó que hubo una solicitud a la CNDH para analizar el caso de forma “neutral, imparcial, ajena a los intereses del estado, que determine si hubo responsabilidad o violaciones graves a los derechos humanos”, y en todo caso que se diga quién o quiénes son los responsables.
“Con esa investigación y conclusiones estaremos en posibilidades reales de pasar no solamente al conocimiento de los hechos, sino a determinar las sanciones correspondientes. La situación para el gobierno en estos momentos es complicada, compleja, en particular sobre el tema de Chalchihuapan, no solamente hay una gran condena nacional e internacional, sino además la presunción de que hay violaciones graves a los derechos humanos, que puede implicar sanción, cárcel e incluso hasta destitución, esto en contra de quien sea responsable, y me parece que el asunto de Chalchihuapan toma una dimensión mayor, un peso específico dentro de los acontecimientos”, señaló.
Recordó que las violaciones graves a las que se refiere la comisión son de vida, de integridad física y seguridad de las personas; en sí, son los tres derechos por los cuales estarán haciendo las investigaciones y por los cuales se presume que pudieron haber existido violaciones por parte de la policía.
El diputado local dijo que hay que ser claro en que son los servidores públicos quienes van a ser investigados y, en ese sentido, de encontrarse las responsabilidades, las sanciones serán incluso hasta de orden penal.
Al ser cuestionado sobre la posible destitución del secretario Facundo Rosas Rosas, declaró que la renuncia del funcionario en este caso, aunque es deseable, pasa a segundo término, e indicó que esto no lo eximiría de la responsabilidad que le pueda señalar la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Sobre el dictamen de la Procuraduría General de Justicia, insistió en que son verdades a medias: “Ellos platican la parte de la película que les conviene”.
