A nombre del Grupo Parlamentario del PRD, as diputadas federales, Elena Tapia y Loretta Ortiz, exigieron que las violaciones graves a los Derechos Humanos que señaló en la víspera la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no queden impunes.
Desde San Lázaro, las diputadas reiteraron la urgencia de una disculpa pública por parte de las autoridades y la remoción de los mandos de seguridad, comenzando por el secretario, Facundo Rosas.
Aquí el texto íntegro del posicionamiento:
“La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha emitido una recomendación por violaciones graves a Derechos Humanos por el caso de Chalchihuapan, cuya conclusión principal es que la muerte de José Luis Tehuatlie Tamayo y las heridas de otras personas fueron causadas por proyectiles de gas disparados por la policía estatal.
A pesar de la actuación omisa y errática de la CNDH, consideramos que éste es un paso de gran trascendencia, pues deriva de la presión ciudadana y de las organizaciones sociales, quienes denunciaron los hechos desde el día de la protesta y durante el tiempo en que han acompañado al pueblo y a las víctimas en su lucha por la verdad y la justicia.
Queda claro que la muerte del niño José Luis Tehuatlie Tamayo, las lesiones permanentes a tres personas, las graves heridas que sufrieron decenas de pobladores y las detenciones arbitrarias pudieron haberse evitado. No se cumplió con ningún protocolo de actuación apegado a los derechos humanos ni se privilegió el diálogo, sino que se dio la orden de enfrentar la protesta mediante la represión.
El uso excesivo de la fuerza, el manejo inadecuado del armamento, la obstaculización de las averiguaciones, así como la difusión pública de una versión ficticia de los hechos, que culpaba a los pobladores de la muerte del niño al arrojar supuestos “cohetones”, evidencia que en el gobierno estatal predomina un sistema de autoritarismo, impunidad, encubrimiento y opacidad.
Una vez que se han hecho evidentes los errores, los abusos y las falsedades en que incurrieron el procurador estatal Víctor Carrancá Bourguet y el secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas, es insostenible que continúen al frente de sus cargos y deben asumir las responsabilidades que correspondan por las consecuencias trágicas de su ineptitud.
Como hemos señalado en reiteradas ocasiones, se pretende instaurar en México un régimen de criminalización y de restricción a la protesta y a los derechos de manifestación, expresión, reunión y asociación. En la discusión en meses pasados sobre la llamada “Ley bala” en Puebla y otros ordenamientos similares en Quintana Roo, Jalisco y el Distrito Federal, fue lamentable la ausencia de una visión crítica y comprometida con los derechos humanos por parte de la CNDH, como demandaron la inmensa mayoría de las organizaciones de la sociedad civil.
Los sobrevivientes y las familias de todas las víctimas deben recibir una disculpa pública y ser atendidos por las instituciones del Estado a fin de que se les otorgue una reparación integral, a la que tienen pleno derecho.
Hacemos un llamado al gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, a que acate sin ninguna excusa esta recomendación y asuma la responsabilidad por los hechos. Asimismo las autoridades federales, que inicien las investigaciones que correspondan en el ámbito penal para sancionar a los responsables.
Por último, conminamos al titular de la CNDH, Raúl Plascencia, a que dé un seguimiento puntual y exhaustivo al cumplimiento de la recomendación, y que atienda a la solicitud que hicimos oficialmente para que comparezca ante la Comisión de Derechos Humanos de esta Cámara de Diputados desde hace cinco meses”.
