Ejidatarios de San Lorenzo Almecatla solicitaron la renuncia del procurador Víctor Carrancá Bourguet luego de que ha pasado un año del asesinato del presidente del comisariado ejidal, José Rutilo Enrique Romero Flores, sin que haya resultados a pesar de que se han aportado pruebas.

En conferencia de prensa, Luis Morales Pérez explicó que los ejidatarios viven en una situación de indefensión tras el asesinato, toda vez que tampoco la Procuraduría Agraria los ha atendido para defender sus terrenos.

Dijo que son dos aspectos que generan una situación de incertidumbre toda vez que ninguna instancia les ha hecho caso, y en el caso del procurador no ha mostrado la rapidez que tuvo cuando hizo las investigaciones en Chalchihuapan.

Señaló que el comisariado fue golpeado el pasado 6 de octubre y falleció el 9 de octubre, y de inmediato se pidió a la Procuraduría su intervención, pero hay lentitud para actuar.

Morales Pérez indicó que incluso se ha utilizado el teléfono celular de la víctima para enviar mensajes a su nombre lo que significa que los presuntos responsables se encuentran en la zona, pero las autoridades ministeriales hacen caso omiso de esta situación.

Los ejidatarios señalaron que hay ineficiencia del procurador y éste no puede continuar en el cargo, ya que no garantiza la impartición de justicia.

Asimismo, indicaron que un grupo de sujetos los grabó y ellos entregaron los números de las placas de los vehículos a la autoridad, pero tampoco les hicieron caso.

Empresas implicadas
Señalaron que hay una disputa por los terrenos con las empresas Gas 1, así como grupo Modelo, pero en los juicios se indica que sólo el presidente del comisariado ejidal es quien tiene la representación jurídica.

Advirtieron que se trata de una situación de complicidad de autoridades locales y federales para favorecer a las empresas.

Indicaron que ahora van a la movilización y se plantarán frente a la Procuraduría General de Justicia de manera indefinida, hasta que se haga justicia.

La denuncia desde San Lázaro
El año pasado, la legisladora del partido del Sol Azteca Gisela Mota Ocampo, desde el Congreso federal, señaló el pasado 17 de octubre que el asesinato de José Rutilo Enrique Romero Flores se originó en la presión para que autorizara la venta de ejidos a empresas armadoras y de autopartes como la Volkswagen.

Cuautlancingo es segundo municipio más rico del país; sus tierras han sido codiciadas por estas empresas, precisó.

El Ministerio Público del municipio de Cuautlancingo se ha negado a recibir la denuncia del asesinato y ni la inspección ocular se ha hecho, denunció.

La diputada del grupo parlamentario del PRD Gisela Mota Ocampo denunció el asesinato del comisariado de San Lorenzo Almecatla, estado de Puebla, quien había sido presionado para que autorizara la venta de tierras de los ejidatarios, donde se asientan empresas como Volkswagen.

Destacó que el Ministerio Público del municipio de Cuautlancingo se ha negado a recibir la denuncia del asesinato y rechazó que el móvil haya tenido que ver con el robo, por lo que, dijo, analizará junto con los ejidatarios que el caso pueda ser atraído por la autoridad federal. 

La presidenta de la Comisión de la Reforma Agraria informó que José Rutilo había recibido presiones toda vez que las tierras del ejido de San Lorenzo Almecatla, segundo municipio más rico del país, siempre han sido codiciadas por empresas armadoras y de autopartes, como la propia Volkswagen, Largemex, Bralemex, entre otras.

Por su parte, María Rosa Márquez Cabrera, asesora de los ejidatarios, destacó que no es de ahora, sino de muchos años atrás, que los campesinos han sido presionados para que malbaraten sus tierras. 

Señaló que es por ello que los ejidatarios rechazan las versiones de que José Rutilo fue asesinado para robarlo, ya que en su domicilio —donde se le encontró con golpes en la cabeza y se le amarró de pies y manos con alambre recocido y eléctrico— estaba su dinero y pertenencias en la mesa. Su muerte, insistió Márquez Cabrera, no fue para robarlo, sino porque hay allí muchos intereses económicos, políticos y presiones del gobierno estatal y de las empresas, para quedarse con las tierras, ofreciéndoles una miseria.

En tanto, Luis Morales Pérez, ejidatario del lugar, exigió se esclarezcan los hechos que privaron la vida a su compañero, pues, explicó, se encontró sangre en su almohada, cama y en el piso, lo que permitió ver que su cuerpo fue arrastrado en una distancia aproximada de 15 metros. 

Precisó que Romero Flores fue brutalmente golpeado el domingo 6 de octubre del 2013, y falleció tres días después, presentando tres fracturas, en la nariz, en el pómulo izquierdo y en el cráneo. Denunció que las autoridades no han hecho nada, ni la inspección ocular correspondiente en el lugar donde se dio la agresión, además de que se había dado parte a las autoridades, 15 días antes, de que circulaba un automóvil azul de vidrios polarizados con cuatro sujetos, y también un hombre con pasamontañas; la policía afirmó: “Nunca hizo nada a pesar de que se le pidió que actuara”.