En medio de los escándalos por el desorden en cuerpos policiacos, como el enfrentamiento de este miércoles entre policías en la avenida Juárez, la amenaza de despido de elementos policiacos y la inconformidad al interior de la policía estatal, el gobierno de Puebla solicitó apoyo al Comisionado Nacional de Seguridad para que elementos de la Gendarmería vigilen el estado.  

El gobernador Rafael Moreno Valle dio a conocer que solicitó al Gobierno de la República la asignación de elementos de la Gendarmería, a fin de fortalecer la presencia de fuerzas federales en la entidad.

“Hice una petición formal al Gobierno de la República y Alejandro Rubido —comisionado nacional de Seguridad— ya tiene conocimiento, comentábamos ayer que el estado tiene toda la disposición de pagar el hospedaje y la alimentación de estos elementos, para que complementen la presencia de Policía Federal en Puebla”, señaló en entrevista posterior a la inauguración del Centro de Salud en la localidad de San Andrés Las Vegas.

Detalló que el jueves pasado sostuvo un encuentro con Rubido García para analizar el tema, pues si bien hubo una ampliación de 96 a 112 elementos federales, no resultan insuficientes para cubrir los 217 municipios del estado.

“Me explicaba que habrá que esperar unas semanas porque tienen concentrada una gran fuerza en Baja California Sur, pero una vez pasada la emergencia nos sentaremos a dialogar nuevamente”, señaló Moreno Valle a través de un comunicado de prensa.

Los escándalos
El gobierno morenovallista prepara una “cacería de brujas” en la Secretaría de Seguridad Pública estatal. En la mira hay 500 elementos adscritos a esa dependencia, entre policías preventivos, agentes viales, bomberos y custodios.

Una fuente de Intolerancia Diario reveló que el próximo lunes serán entregados aproximadamente 500 oficios de baja a la Secretaría de Seguridad Pública, con diversas causas, entre las que destacan no aprobar el examen de confianza, antidoping, participación en el operativo de Chalchihuapan y falta de declaración patrimonial.

Para lograr este cometido, el jurídico de la Policía Estatal cita al personal previamente seleccionado para que firme su renuncia y amenaza con que si no lo hacen no los va a dejar salir del edificio hasta que firmen la renuncia.

Especialistas en derecho, consultados por Intolerancia Diario, consideran que ninguna autoridad les puede exigir la firma de la renuncia y si los retienen en las instalaciones los afectados pueden acusarlos de privación ilegal de la libertad y amenazas.

En lo que va de la administración morenovallista han sido dados de baja 800 elementos policiales, aproximadamente.
 
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Este 24 de septiembre se registró otra trifulca entre dos corporaciones policíacas. En la esquina de la avenida Juárez y la 13 Sur se enfrentaron elementos de la Policía Ministerial del Estado y Policía Estatal Preventiva (PEP).

Elementos de ambas corporaciones se enfrentaron a jalones y empujones, incluso amagaron con disparan armas largas. El nuevo escándalo policíaco generó confusión y alarma entre la gente que transitaba por la zona del Pasea Bravo.

El enfrentamiento se provocado por el intento de rescate de seis policías corruptos de la PEP, a quienes sorprendieron en flagrancia cobrando un pago de extorsión.

En el intento de rescate, donde participaron cerca de 100 elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP), que utilizaron vehículos oficiales —hasta un camión— para colocar bloqueos, al estilo del crimen organizado, y que al no hallar a sus compañeros intentaron tomar como rehén al director general para la Atención de Delitos Relacionados con los Servidores Públicos, Benjamín Albores Manzo.

Lo ocurrido el miércoles fue la desesperada orden de un mando de la PEP para recuperar a seis de sus elementos detenidos en posesión de seis armas cortas y cuatro rifles de asalto R-15, que tenían a su resguardo para garantizar el orden y que utilizaron para amedrentar a un comerciante, a quien además de despojarlo de una camioneta BMW, también pretendían robarle 30 mil pesos en efectivo para no detenerlo por un presunto robo de vehículo.