La Procuraduría General de Justicia consignó a los cuatro activistas detenidos por la Policía Municipal de San Andrés Cholula, ante actos que presuntamente cometieron fuera de la ley, incluyendo la toma de las oficinas del ayuntamiento.
Inicialmente, la Policía Municipal aseguró a Adán Xicale Huitle, Albino Tlachi Valencia, Primo Manuel Tlachi Valencia y Alejandro Paul Xicale Coyopotl.
A las personas referidas se les decretó detención por el delito de motín, y ante las investigaciones realizadas por el agente del Ministerio Público, el juez penal de San Pedro Cholula libró orden de aprehensión en contra de los ya mencionados por los delitos de daño en propiedad ajena doloso, ataques a las vías generales de comunicación y despojo, delito que es considerado como grave, cuya sanción es de siete a 12 años de prisión, señaló la dependencia estatal.
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La madrugada del martes, elementos de la Policía Estatal y Municipal realizaron un operativo conjunto para desalojar el palacio municipal de San Andrés Cholula, el cual fue tomado simbólicamente por opositores al parque turístico en la zona arqueológica.
La operación policiaca derivó en el aseguramiento de las cuatro personas antes referidas.
La noche del mismo martes, la PGJ dio a conocer que llevaba a cabo las diligencias a través del agente del Ministerio Público, para investigar los hechos fuera de la ley que se registraron en diversas acciones, incluida la toma de las oficinas del ayuntamiento de San Andrés Cholula.
Una vez más, la administración estatal saldó un conflicto social con una solución policiaca-jurídica acusando a cuatro activistas del movimiento en contra de la construcción de un parque en san Andrés Cholula, de despojo, ataques a las vías de comunicación, motín, delitos contra el orden constitucional y daño en propiedad ajena, dos de los cargos considerados graves.
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La combinación de la estrategia gubernamental para frenar las protestas por las expropiaciones de terrenos en San Andrés Cholula añadió al encarcelamiento de cuatro activistas una campaña de propaganda “negra” en contra de los opositores a la construcción de un centro comercial.
De esta manera, la administración estatal respondió a la protesta de ciudadanos de San Andrés Cholula con medidas políticas.
Tanto abogados como activistas han puesto en evidencia esta estrategia de “fabricación de delitos” en contra de opositores, denunciada en distintos foros y por organizaciones sociales, en otras ocasiones ha tenido que liberar a personas encarceladas debido a que abogados de activistas han demostrado las irregularidades jurídicas en dichos procesos.
Tales son los casos de los pobladores de San Bernardino Chalchihuapan, Sergio Clemente Jiménez Tecalero, Félix Xelhua Montes, Antonio Víctor Montes Contreras y Santiago Pérez Tamayo.
Estas personas fueron detenidas de manera irregular a las 14 horas del pasado 9 de julio durante el operativo policiaco en contra de pobladores de San Bernardino Chalchihuapan.
Originalmente, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) los acusó por los delitos de motín, desobediencia y resistencia de particulares, delitos cometidos contra funcionarios públicos, privación ilegal de la libertad, lesiones dolosas, tentativa de homicidio calificado y daño en propiedad ajena doloso.
Sin embargo, el 6 de agosto, los presos de Chalchihuapan salieron en libertad del Cereso de San Pedro Cholula, luego de pagar una fianza de 7 mil pesos debido a que se habían “desvanecido” las pruebas.
Cuando el gobierno de Puebla endureció su postura en contra de los opositores a la construcción del gasoducto Morelos, que cruza por tierras de campesinos poblanos, realizó una “cacería” en contra de opositores “fabricándoles” delitos.
