Por segunda ocasión en su historia, la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP) cambió un resolutivo tras una orden federal, y finalmente ordena tras casi dos años de litigio que 14 dependencias estatales entreguen sus listados de despedidos.
Este lunes en sesión extraordinaria, los comisionados acataron la disposición ganada en los juzgados federales, ganada por segunda ocasión por este reportero mediante un largo juicio de amparo.
La CAIP negó o sobreseyó 14 recursos de revisión integrados en un expediente donde las dependencias cambiaron la modalidad de entrega de la información de cuánto personal despidieron en los primeros días del morenovallismo.
El tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito emitió la sentencia final bajo el expediente AR 39/2013 en la que confirma y ampara para la entrega de la información.
En la sentencia, simplemente los magistrados señalan que se violaron los derechos fundamentales de información, considerados derechos humanos, debido a que se cambió la modalidad de entrega.
En el pleno, la CAIP señaló en su defensa que los magistrados federales estaban de acuerdo en que no se podía interponer un recurso de revisión antes de 15 días marcados en la ley, si se ponía a disposición o in situ la información.
Sin embargo, el solicitante, al pedir los datos que fueran entregados de manera electrónica, podía interponer el recurso por el cambio de modalidad de entrega sin justificación, como se hizo.
Esto determinó a la justicia federal dar el amparo al quejoso, ya que se estaba dejando en la indefensión al ciudadano.
De tal modo que, luego de que CAIP acatara la disposición de los magistrados federales, ordenó en una sentencia votada de manera unánime por los magistrados Javier Fregoso, Federico González Magaña y Alexandra Herrera, que se entregue la información de manera electrónica.
Es la segunda ocasión en un año que un Tribunal Colegiado ordenó a la CAIP estudiar un recurso de revisión mediante un juicio de amparo y es su quinta derrota en los tribunales en poco más de 12 meses, todas contra resoluciones del comisionado Federico González Magaña.
Los amparos ganados fueron gracias al apoyo del Centro Ciudadano de Transparencia AC, con el que se echaron abajo los sobreseimientos del controvertido comisionado.
“Júzguenme por mi trabajo”, fue lo que pidió Federico González Magaña a su llegada a la CAIP, en enero del 2013, debido las críticas por sus vínculos con el gobernador de Puebla. Ahora, a cerca de dos años, ya tiene cinco juicios perdidos.
La primera vez
El 3 de diciembre de 2012, fue la primera vez que la CAIP acató la orden de magistrados federales y cambió oficialmente una resolución al ordenar a dos dependencias del gobierno estatal entregar información de sus despedidos.
Aquella ocasión —al igual que este lunes—, sin invitaciones a la prensa, en sesión extraordinaria, los tres comisionados votaron a favor del cambio de la resolución tras su derrota en el juicio de amparo promovido por este mismo reportero.
Entonces las posturas de dos de los comisionados, Javier Fregoso Sánchez y Blanca Lilia Ibarra Cadena, fueron muy distintas a la de Federico González Magaña, quien culpó al Tribunal Colegiado del Poder Judicial federal de no haber estudiado a fondo el asunto
Celebraron la resolución de las autoridades federales y lo vieron de manera positiva al señalar que se marcaría un precedente para actuar y estudiar mejor sus veredictos.
Pero González Magaña, quien fue el comisionado ponente que sobreseyó el asunto, insistió en tener la razón al criticar la actuación de los magistrados federales, y a regañadientes acatar la disposición.
“Esta comisión considera fundados los agravios del recurrente y con fundamento en lo dispuesto en la ley en la materia, esta coordinación general jurídica somete a consideración del pleno revocar la respuesta de los sujetos obligados.
”A fin de que pongan a disposición del recurrente la información de las solicitudes de información presentadas en la modalidad señalada. Esto es a través del sistema Infomex o por el medio electrónico disponible”, fue la sentencia.
El maratón de opacidad
La solicitud de información se emitió en septiembre de 2012 ante una ola de despidos reportados por los afectados desde que inició el actual sexenio gubernamental, en 2011, sin que hubiera datos fidedignos del número total de burócratas dados de baja.
En agosto de 2012, Intolerancia Diario realizó un ejercicio periodístico al preguntar a 31 instituciones descentralizadas el número de despedidos. En ese momento, sólo se sabía que más de 6 mil trabajadores habían sido dados de baja en oficinas gubernamentales.
Los 31 organismos descentralizados se uniformaron para dificultar el acceso a los datos. Pusieron a disposición la información, lo que quiere decir que se tenía que recoger personalmente en cada una de las oficinas los documentos, a pesar de que se pidió la modalidad de entrega vía electrónica.
"No contamos con la información digitalizada", fue la frase que respondieron las Unidades Administrativas de Acceso a la Información (UAAI) para no contestar la solicitud vía Infomex o correo electrónico.
En 15 dependencias —todas de la ciudad de Puebla— sí se recogió la información de manera personal y en todas se encontró que los datos sí estaban digitalizados, lo que demuestra que hubiera sido fácil enviarlos vía mail.
En los 16 organismos restantes fue imposible acudir, ya que están ubicadas a varias horas de distancia al interior del estado. La opción fue presentar un recurso de revisión contra cada oficina ante la CAIP.
La queja o recurso de revisión quedó asentada porque se cambió la modalidad de entrega y pusieron la información a disposición, a pesar de que se confirmó, en muchos casos, que los datos los tenían guardados en sus computadoras.
Al recibir la queja, CAIP dividió los 16 recursos de revisión en dos expedientes, donde se analizarían 14 casos en el expediente153/CESP-02/2012 y los dos restantes en el 138/COESPO-01 /2012.
Fue hasta el 10 de febrero de 2013 cuando Federico González Magaña se estrenaba con su primera ponencia, en medio de críticas en su contra por sus vínculos con el gobernador Rafael Moreno Valle, al participar en su campaña electoral, pero aseguró que actuaría con transparencia.
Sin embargo, llegó con un proyecto de resolución endeble para sobreseer los recursos de revisión, refutado por su compañera Blanca Lilia Ibarra Cadena, quien dio argumentos legales que a la postre coincidirían con el de los magistrados federales.
Ibarra Cadena se excusó en uno de los recursos debido a que tenía intereses personales en una dependencia, sin embargo, votó en contra del sobreseimiento en el segundo, donde se analizaría la opacidad de dos dependencias.
Pero hubo oídos sordos, como si Blanca Lilia jamás hubiera hablado. Federico, apoyado por el comisionado presidente Javier Fregoso Sánchez, ignoró olímpicamente los argumentos legales para que se entregara la información.
“(…) todos los recursos fueron presentados en forma se interpusieron el 6 de septiembre de 2012, resulta que fueron presentados de manera anticipada al término concedido, lo que los convierte en improcedentes”. Inmediatamente, Javier Fregoso señaló: “Estamos de acuerdo”.
Para los dos comisionados no les fue importante el cambio de modalidad de entrega y votaron sólo por la fecha en que se interpusieron los recursos.
En una votación dividida, en el primero de muchos “mayoriteos” contra Blanca Lilia, Federico, junto con el comisionado presidente Javier Fregoso Sánchez, votó a favor del sobreseimiento en ambos recursos.
De este modo, tiraban a la basura de un plumazo el trabajo periodístico para conocerse el número real de despedidos en los primeros dos años de trabajadores del gobierno de Rafael Moreno Valle.
Maratón de amparos
Debido a estas resoluciones, se interpusieron dos juicios de amparo ante instancias federales, iniciando de este modo un largo camino y lucha legal por la transparencia, que duró cerca de más de un año y medio.
Estos juicios fueron interpuestos gracias al apoyo de Centro Ciudadano de Transparencia AC, quienes estudiaron y conformaron la solicitud ante las instancias federales.
El primero en tener sentencia definitiva fue el expediente 371/2013, de parte del segundo el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito del Poder Judicial Federal.
Resolvió que CAIP debía admitir y estudiar el recurso de revisión tras la negativa de las dos dependencias descentralizadas señaladas para entregar información de sus despedidos.
Aunque el juez segundo de distrito había negado el amparo, se tuvo que recurrir a un recurso de revisión, donde se estudió a fondo y finalmente se concedió de parte del Tribunal Colegiado.
El segundo amparo que perdió CAIP, bajo el expediente 366/201, fue el 11 de diciembre del 2013, cuando juez décimo de distrito le ordenó corregir la resolución del sobreseimiento
Pero CAIP ahora no acató la orden de juez federal y recurrió al recurso de revisión de la sentencia, todo para no ordenar la entrega del número de despedidos de las 14 dependencias estatales restantes.
El juez federal les había ordenado dejar insubsistente la resolución reclamada, en el sentido de sobreseer, y que emitiera otra en la que entre a fondo de los recursos interpuestos, algo similar a lo que demostraron los magistrados.
Pero el organismo prefirió alargar el proceso legal de amparo en lugar de dar la orden inmediata para transparentar la información. Fueron finalmente nueve meses más de espera para que el tribunal colegiado ratificara la orden.
Los despedidos
Hasta la fecha se conoce que el 87 por ciento del personal que laboraban para el gobierno de Mario Marín Torres fue despedido en los primeros tres años de la administración de Rafael Moreno Valle Rosas.
Cifras oficiales han revelado que fueron despedidos 8 mil 441 de los 9 mil 687 trabajadores de confianza que se desempeñaban en las 16 dependencias estatales centrales hasta el 31 de enero del 2011, un día antes del cambio de gobierno.
Pero si se suman los 2 mil 80 despedidos, según otros datos proporcionados de 15 instituciones descentralizadas y de la Secretaría de Salud, la cifra de bajas llega a 10 mil 521 personas en la primera mitad del sexenio morenovallista.
Pero apenas 110 extrabajadores recibieron finiquitos, lo que significa que uno de cada cien despedidos o el 1.04 por ciento fue indemnizado, según otra respuesta de la Secretaría de Finanzas bajo el expediente 136/SFA-08/2013.
Todas las cifras han sido reveladas a este reportero mediante 34 solicitudes de información y el amparo ganado ante instancias federales a lo largo de cerca de tres años.
A entregar cuentas
Corporación Auxiliar de Policía de Protección Ciudadana
Carreteras de Cuota Puebla
ISSSTEP
Consejo Estatal de Población
CESP
IPM
Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte
Instituto Tecnológico Superior de Libres
Instituto Tecnológico Superior de Tepexi de Rodríguez
Instituto Tecnológico Superior de Venustiano Carranza
Universidad Tecnológica Superior de Tehuacán
Instituto Tecnológico Superior de Acatlán de Osorio
Instituto Tecnológico Superior de Atlixco
Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Serdán
