La diputada local del Partido de la Revolución Democrática, Socorro Quezada Tiempo, advirtió que las detenciones del pasado sábado en San Bernardino Chalchihuapan son responsabilidad del procurador Víctor Carrancá Bourguet y el fiscal especial José Antonio Pérez Bravo, que realizaron las investigaciones de los hechos del 9 de julio.
En entrevista, al ser cuestionada sobre los hechos del sábado, cuando fueron detenidos cinco pobladores de la junta auxiliar, indicó que es necesario que se haga una revisión de los hechos toda vez que hay declaraciones en el sentido de que se presentaron abusos.
Indicó que se dialogará con la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado para determinar si procede llamar a comparecer tanto al procurador como al fiscal especial.
Señaló que las detenciones que se realizaron fueron derivadas de las investigaciones que presuntamente realizaron tras los hechos.
Aclaró que no se deslinda al secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas, toda vez que en esta ocasión a quien le correspondió el operativo fue a los ministeriales y no a la Policía Estatal.
Manifestó que la forma es fondo y el operativo que se realizó no abona para nada a la tranquilidad, y aunque en la mayoría de los municipios se mantiene la tranquilidad en la zona de los volcanes, Cholula y Puebla, las cosas están difíciles.
Quezada Tiempo manifestó que esas acciones, en lugar de ayudar para que se tranquilicen las cosas y se transite a otra situación, lo que provocan es que se alteren.
Manifestó que en el caso del sábado tiene que investigarse a quiénes dieron las órdenes, ya que los elementos ministeriales no actuaron por iniciativa propia.
Reiteró que se nombró a un fiscal especial para el caso Chalchihuapan y fue el encargado de investigar, por ello si se cometieron abusos habrá que investigar a los que dan las órdenes.
Quezada Tiempo aclaró que como diputada no puede exonerar a nadie, ya que no es una autoridad judicial, lo que sí demanda es que se esclarezcan los hechos.
Fin a errores judiciales
El presidente estatal del Partido de la Revolución Democrática, Eric Cotoñeto Carmona, expresó que hay que ver quiénes fueron los que dieron la orden, ya que se repiten errores por los cuales se hicieron las recomendaciones.
Reconoció que de acuerdo con las noticias que se tienen, las medidas que se adoptaron para las detenciones no fueron las correctas y por lo tanto el procurador, que es el responsable del operativo, tiene que ver por qué no se cumplieron los protocolos para respetar los derechos humanos.
Respaldo a la petición del PRI
El partido Movimiento de Regeneración Nacional, Fernando Jara, manifestó que se respalda la petición del PRI para que se ejerza acción penal en contra de Facundo Rosas, además de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraiga el caso de Chalchihuapan.
Recordó que el pasado domingo el Movimiento de Regeneración Nacional denunció terrorismo de Estado en Puebla, luego de la detención de cinco habitantes de San Bernardino Chalchihuapan, donde denunció que se violaron sus garantías individuales.
Dijo que, de acuerdo a los testimonios que se tienen, hubo una persona encapuchada, que era la que dirigía la operación y se daba un uso desmedido de la fuerza violando los derechos humanos.
En la conferencia de prensa del domingo, el representante de Morena advirtió que en el caso del presidente auxiliar Javier Montes los policías estaban hablando de anfetaminas como si se tratara de un narcotraficante.
Insistió, al hablar a nombre de Morena, que se dio una acción de terror en el lugar con el pretexto de cumplir con una recomendación de la CNDH, ya que se destruyeron cercas, puertas, ventanas y mobiliario.
Para Morena hay una simulación cuando el gobierno del estado anuncia que se cumplieron dos recomendaciones, ya que el viernes en la tarde funcionarios de la Secretaría General de Gobierno y de la Fiscalía Jurídica de Derechos Humanos y Atención a Víctimas de Delito se presentaron a Chalchihuapan para invitar a los pobladores a una ceremonia de reconciliación que se llevaría a cabo en el Centro de Convenciones.
El oficio fue firmado por José Montiel Rodríguez, encargado de la Subsecretaría Jurídica de la Secretaría General de Gobierno, además había otro oficio firmado por Eleazar Carrillo Camacho, a nombre de la Dirección General de Protección a Víctimas del Delito.
Precisó que en los documentos se anunciaba que se había creado un fideicomiso para reparar el daño a las víctimas directas y a sus familiares directos, con motivo de los actos represivos del 9 de julio.
La posición de Morena, dijo, es que se condena que el gobernador Rafael Moreno Valle haya usado las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos como una manera distractora, mientras preparaba un golpe represivo que se efectuó horas después del evento.
