La presidenta estatal del Partido Revolucionario Institucional, Isabel Allende Cano, se mantuvo firme en su postura de solicitar acción penal en contra del secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas, por el operativo en Chalchihuapan y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraiga el caso.
En entrevista al término del evento antorchista, al ser cuestionada sobre la petición de Jorge Aguilar Chedraui y Pablo Rodríguez Regordosa para que primero se pronuncie en torno al caso de Tlatlaya, les aclaró que ella es dirigente en Puebla, no en el Estado de México.
Puntualizó que los diputados federales del PRI por el estado mexiquense ya se han pronunciado al respecto y lo que le corresponde a los poblanos es exigir que haya justicia para los poblanos.
Dijo que el documento dado a conocer la semana pasada es la posición de todos los priistas representados por el Comité Directivo Estatal.
Luego de los señalamientos de los panistas afines al morenovallismo desde el 23 de agosto, Allende Cano aclaró a los militantes del PRI que su posición como legisladora desde el pasado 9 de julio fue demandar el esclarecimiento de los hechos en San Bernardino Chalchihuapan.
Al ser cuestionada sobre la represión en Chalchihuapan, la legisladora, quien fue la primera del Partido Revolucionario Institucional en respaldar a Roxana Luna, recordó que la bancada federal priista fijó una postura muy clara donde lo que se pide es que se esclarezca y las investigaciones lleguen hasta sus últimas consecuencias
Ese día indicó que se da el voto de confianza a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a fin de que investigue y se espera que en los próximos días se den a conocer los resultados de las investigaciones.
Aclaró que el caso de Chalchihuapan ha tenido sus pormenores y complejidades, pero los diputados del PRI han estado pendientes y han ofrecido su solidaridad con los afectados a quienes se ha escuchado.
Respecto a la posición del gobierno del estado de culpar a los pobladores, recordó que en la postura fijada por los legisladores del PRI se precisó que no es la posición correcta el entrar en ese esquema y lo que se tiene que hacer es investigar para encontrar a los responsables con base en las investigaciones que se han realizado.
Recordó que ha habido posturas contradictorias dentro del mismo gobierno del estado.
Aclaró que el escándalo no favorece a nadie, y lamentablemente se vio una falta de sensibilidad por parte de las autoridades estatales.
La postura
El pasado martes 21 de octubre fijó su postura en torno al caso Chalchihuapan.
El 11 de septiembre del año en curso, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió 11 recomendaciones al gobernador del estado de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, por las violaciones graves a los derechos humanos durante el desalojo violento que sufrieron pobladores de la junta auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan, municipio de Santa Clara Ocoyucan.
En este fallido operativo, implementado por las autoridades estatales, se registró un saldo de decenas de civiles gravemente lesionados y el homicidio del menor José Luis Tehuatlie Tamayo, a consecuencia de una herida provocada por un proyectil disparado por los elementos policiacos.
Sobre este caso y el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por parte de la CNDH al gobierno de Puebla, el Comité Directivo Estatal del PRI Puebla señaló: “Exigimos no sólo la renuncia, sino también la consignación ante las autoridades penales correspondientes de Facundo Rosas Rosas, Secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla, debido a que fue el responsable del operativo de desalojo contra los pobladores de San Bernardino Chalchihuapan (por el que existen policías detenidos debido a su participación en estos hechos), y se presume la culpabilidad del mando de mayor jerarquía en el lugar, ya que él pudo haber evitado la muerte del niño José Luis Tehuatlie Tamayo
”Consideramos una falta de respeto y una burla para los poblanos que el Gobierno del Estado pretenda dar cumplimiento a las recomendaciones de la CNDH aplicando una amonestación y multa al Secretario de Seguridad Pública, cuando la investigación se trató del asesinato del menor y de las violaciones graves a los derechos humanos de varios de los pobladores de ese municipio.
”Por lo tanto, el Comité Directivo Estatal del PRI demanda que la CNDH no dé por cumplidas las recomendaciones que el Gobierno del Estado de Puebla pretende hacer valer y como corresponde legalmente turne esta investigación a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que realicen las acciones que conforme a derecho procedan”.
