En otra de las mesas celebradas este martes, “Actualización de los casos: Detenidos en arraigo y procesados”, participaron Abraham Cordero, Avelino Velázquez, Lucina Quintero, Héctor Bernal, Julio Glockner y Ana María Ashwell.
Los participantes abordaron los casos de los presos políticos en Puebla que están bajo arraigo domiciliario o caución.
Familiares de los presos políticos y sociales convocaron a los estudiantes y universitarios a que participen activamente en los movimientos sociales.
Abraham Cordero Calderón, detenido en abril de este año por su oposición a la construcción del Arco Poniente, quien alcanzó su libertad bajo caución, llamó a la organización plurisocial donde participen estudiantes y campesinos para frenar el autoritarismo gubernamental.
“Los campesinos nos estamos movilizando pero nos faltan más sectores, como el estudiantil y el académico.
”Hasta la fecha me veo obligado a llevar un proceso por delitos que no he cometido con el afán de meter miedo a los campesinos. La represión y la violación a los derechos humanos es una práctica característica de este gobierno. Se utilizaron balas de goma, hubo violaciones a los derechos humanos En ese entonces no estaba autorizada la Ley Bala pero ya se ocupan armas mortales. En el 2012 se detuvieron a 25 campesinos del municipio de San Felipe Z. Mena por los delitos de ataques de las vías de comunicación cuando aguardaban las respuestas de una constructora; 13 en san Bernardino Chalchihuapan, 14 en San Andrés Cholula”.
Cordero Calderón relató que el gobierno de Puebla practica una política que persigue a los movimientos sociales: “Una política de terror en contra de los movimientos sociales. Lo más grave es ocultar el asesinato del niño de Chalchihuapan y de Antonio Esteban, que luchaba en contra de las mineras.
”El gobierno dijo que no tenía ninguna responsabilidad, pero no ha hecho nada para aclararlo. Y a Delfino Melga, que no le dieron el arraigo domiciliario pero tuvo que fallecer en el penal. Este gobierno no para en su afán de reprimir a los movimientos sociales. A mí me fabrican los delitos de retención ilegal a funcionarios públicos y no conozco a los que hoy me acusan.
”De la misma manera opera con Enedina Rosas y Juan Carlos Flores y con otros compañeros. Son puros delitos fabricados por este gobierno. Nuestra lucha es la defensa de la tierra por el proyecto carretero Arco Poniente que abarca de Atlixco a san Martín Texmelucan. Este gobierno no sólo quiere la tierra para este proyecto carretero y viene todo un proyecto inmobiliario y de industrialización en esta zona poniente del estado; contamos con suficiente agua y sabemos que este gobierno ha modificado las leyes para privatizar el agua potable.
”Nosotros estamos claros y convencidos que al gobierno le interesa la tierra y el saqueo de los recursos naturales, el proyecto carretero abarca 19 comunidades y estamos organizados en este frente campesino y no ha podido pasar ni lograr el derecho de vía porque los campesinos de esta zona mantenemos a las familias y damos educación a nuestros hijos. Quiero decirles de que en nuestra zona gran parte de la misma es una zona hortícola cuando tenemos una cosecha de hortalizas ocupamos a varios jornaleros del campo y tenemos la dicha les damos un salario promedio de 200 a 300 pesos diarios”.
El activista social señaló que el gobierno estatal fabrica delitos a los activistas sociales. “Decimos que nuestra lucha para defender la tierra y el agua es legítima. Cuando a mí me detienen sin ninguna prueba. El ministerio público no tuvo una prueba de lo que me culpan. Ya cuando me dicen que los delitos pueden alcanzar la fianza. Pero al decir del Ministerio Público siempre apelaba diciendo que yo era una persona peligrosa para la sociedad. En Puebla quien no está de acuerdo con sus proyectos de muerte les fabrican delitos”.
Cordero Calderón apeló a la sensibilidad de académicos y estudiantes y a reconstruir la alianza entre campesinos y universitarios: “Si el gobierno nos ve separados, no ve a los intelectuales, a los artistas, académicos, al lado de los movimientos social, a los campesinos nos trata como ignorantes”.
En la misma mesa participó Lucina Quintero Rosas, hija de la señora Enedina Rosas Vélez, opositora del gasoducto Morelos, quien demandó mayor participación de los universitarios en los temas sociales concernientes a Puebla.
En su intervención, Avelino Velázquez, otro opositor al gasoducto Morelos, a quien se le intentó detener de manera violenta, invitó a los universitarios de la Ibero a visitar las comunidades donde se presionan a los campesinos para que permitan la construcción del gasoducto Morelos.
A Ricardo Pérez Avilés la persecución política sí le cambió la vida. “Claro que me cambió la vida con lo que me pasó”, contó el universitario Pérez Avilés, perseguido por su posición crítica como investigador de las ciencias sociales en torno al gasoducto Morelos.
A casi siete meses la persecución en su contra, el investigador de la UAP contó que a raíz del hostigamiento su esposa ha tenido problemas de salud, eso sí cambió la vida.
Con filosofía, dijo: “Y a ella se la cambió más”.
Pérez Avilés participó en la conferencia “Socio-Problemáticas en relación al medio ambiente”, en la Ibero.
El investigador universitario trata de regresar a la normalidad. “Porque es lo que hacía, dar mis clases, dirigir tesis, es lo que he hecho, lo sigo haciendo, pero sí muy preocupado por la salud de mi esposa. Tenemos que enfrentar la vida, no es que sea uno indiferente a lo que uno vive, sino al contrario, seguir haciendo lo que hacía”.
En esta mesa de trabajo participaron los antropólogos Julio Glockner y Ana María Ashwell. Los activistas señalaron que en el caso del Parque Intermunicipal de Cholula existen 10 órdenes de aprehensión adicionales a las cuatro ejecutadas.
