El diputado del Partido Movimiento Ciudadano Julián Peña Hidalgo presentó ante el pleno del Congreso una iniciativa para terminar con los albazos legislativos, con lo cual cada iniciativa deberá presentarse a los diputados con 72 horas de antelación; mientras la diputada del Partido Verde Geraldine González Cervantes demandó severidad para quienes realicen acoso laboral con sanciones penales.
Durante la sesión ordinaria el legislador advirtió que en la actual Legislatura se les han entregado iniciativas para su aprobación con menos de 12 horas previas, lo que genera que el documento no sea analizado.
Expuso que en su iniciativa se propone la reforma al artículo 44, fracción VIII, y el segundo párrafo del artículo 167 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Puebla, a fin de que se dé un verdadero análisis.
Peña Hidalgo advirtió que ha recibido documentos en el momento de la votación, lo cual viola la actual ley, que establece que tiene que ser 24 horas antes cuando se les entregue el documento.
El legislador reconoció que tendrá que cabildear su iniciativa y esperar la madurez por parte de los demás diputados.
Recordó que en el caso de la llamada “ley Bala” no se entregó el mismo día a los diputados e incluso el documento publicado en el periódico oficial del estado fue diferente al que les llegó a su correo electrónico a los diputados en la sesión del 19 de mayo.
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La diputada del Partido Verde Geraldine González Cervantes presentó la iniciativa de decreto que reforma el artículo 362 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla para combatir el acoso laboral, e indicó que éste se ha agudizado en las maquiladoras.
Al subir a tribuna, la legisladora indicó que se busca ampliar la protección de los trabajadores y garantizar ámbitos laborales adecuados a través de la creación del tipo penal de acoso laboral.
Explicó que en el documento se determinan los elementos del delito de acoso laboral y se establecen penas que van de los 50 a los 100 días de salario mínimo.
Expresó que para el caso de reincidencia se plantea, en el ámbito público, el cese de empleos, cargos o comisiones públicos, así como la inhabilitación para desempeñar alguno de ellos por un año; en la industria privada se considera la duplicación de la sanción pecuniaria. De igual forma, se particulariza la protección de menores de edad y de personas con discapacidad, siendo el caso que al presentarse acoso laboral en contra de estos se duplicara la sanción económica desde el primer supuesto.
Actualmente, se aborda el hostigamiento u acoso laboral en la Ley Federal del Trabajo; a través de normas oficiales mexicanas, así como de manuales de regulación interna, como es el caso del emitido por la SCJN. Sin embargo, debido a la inexactitud con que se plantea y a la falta de obligatoriedad y aplicación para el grueso de la población, es importante considerar la creación del tipo penal de acoso laboral en el estado.
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El Congreso de Puebla inició un proceso de determinación de responsabilidades en contra de ocho sujetos de revisión que causaron daños patrimoniales y administrativos por más de 55 millones de pesos.
La presidenta de la Comisión Inspectora, Patricia Leal Islas, destacó algunas de las presuntas irregularidades cometidas por los exservidores públicos, las cuales aún están a tiempo de solventar.
La diputada dijo que, por ejemplo, las anomalías registradas en el Sistema Operador de Agua Potable de Ciudad Serdán fueron la falta de remisión de la nómina de sueldos, las copias certificadas u originales de documentación comprobatoria del gasto; también en los expedientes técnicos de obra no incluyeron diversa documentación.
En el ayuntamiento de Coatzingo se observa un supuesto daño patrimonial por la falta de documentación del proceso de licitación de obras de alcantarillado sanitario en varias calles, entre otras.
El resto de los sujetos de revisión tienen observaciones similares, sobre todo en la comprobación de la aplicación de los recursos relacionadas a obras públicas de infraestructura.
La presidenta de la Comisión Inspectora, Patricia Leal Islas, explicó que las principales irregulares que cometieron estos servidores públicos fue la falta de documentación en los procesos de licitación de obra pública.
Comentó que los servidores públicos que tuvieron observaciones en sus cuentas públicas tiene la posibilidad de solventarlas presentando la documentación que compruebe la correcta aplicación de recursos.
Los expresidentes municipales que estarán sujetos a proceso son: Hernán Cortés Vélez, de Coatzingo; Cándido Nieto Vázquez, de Zapotitlán de Méndez; David Celestino Rosas, de Coyomeapa; Óscar Eduardo Tabales Contreras, de Zaragoza; Edgar Fernando Medina Vargas, de San Juan Atenco; e Isaac Sánchez Huerta, de Santo Tomás Hueyotlipan.
Además de Sergio Eduardo Cortés Jiménez, del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ciudad Serdán, y Miguel Choy López, del Instituto Tecnológico Superior de Atlixco.
Por su parte, el diputado panista Francisco Mota Quiróz informó que los 42 jóvenes que participaron en el Parlamento Juvenil 2014 presentaron propuestas para que todos los automóviles que circulan en el estado cuenten con seguro de accidentes y que cumplan con el proceso de verificación de gases contaminantes.
El apunte
El diputado Eukid Castañón Herrera, a nombre del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional, presentó la iniciativa por el que se reforma y derogan diversas disposiciones del Código Penal del Estado. Ello, señaló, para armonizar el marco jurídico local en materia de delitos electorales de forma congruente a lo dispuesto por el orden constitucional.
