La administración morenovallista desató una persecución contra las comunidades indígenas de Azumiatla, La Resurrección y San Miguel Canoa, denuncia Rocío Pérez, y pide la intervención de la Comisión de Asuntos Indígenas en San Lázaro, ante la persecución morenovallista fabricándole delitos a su padre, Raúl Pérez Velázquez, presidente auxiliar de San Miguel Canoa.
Hay 41 líderes sociales detenidos en Puebla por defender sus derechos. En el caso de San Miguel Canoa, junta auxiliar del municipio de Puebla, la detención de su presidente fue la gota que derramó el vaso porque fue para imponer al compadre del gobernador y facilitar despojos, denunció Rocío Pérez Pérez, hija de Raúl Pérez Velázquez, edil de San Miguel Canoa, desde la Cámara de Diputados
La hija del presidente de San Miguel Canoa, acompañada de legisladores del PRD, denunció la represión en contra de la población indígena.
La administración estatal criminaliza, persigue, reprime y encarcela a quienes se oponen a ser despojados y defienden sus derechos, señalaron legisladores del PRD.
Es el caso del presidente de la junta auxiliar de San Miguel Canoa y otros que se han opuesto a las pretensiones del gobernador, se les ha perseguido políticamente fabricándoles delitos, denunciaron los legisladores del PRD Roxana Luna Porquillo y Carlos de Jesús Alejandro, quienes imploraron a la Presidencia de la República que haga valer la Constitución, los tratados y sus propios compromisos a favor de los indígenas.
Ante el despojo, atentado contra derechos y criminalización de la lucha social de las comunidades indígenas de Puebla, a manos de su propio gobernador, Rafael Moreno Valle.
En conferencia de prensa, Rocío Pérez Pérez, hija del presidente de la junta auxiliar de San Miguel Canoa, Raúl Pérez Velázquez, denunció los atropellos en contra de su padre, desde el Congreso federal.
Por su parte, los diputados del PRD exigieron la liberación de éste y otros líderes en la misma situación, y reiteraron su denuncia contra la política de expoliación del mandatario estatal, quien para ello promueve reformas anticonstitucionales para “legalizarla” e incluso viola disposiciones judiciales, como los amparos a favor de los líderes indígenas.
Las acciones del gobernador han generado inconformidad, malestar social y enojo de las comunidades directamente afectadas, cuyas manifestaciones, en lugar de ser atendidas, han sido violentamente reprimidas, como sucedió en el caso de San Bernardino Chalchihuapan, donde murió por una bala de goma disparada por policías estatales el niño José Luis Tehuatle.
Roxana Luna Porquillo precisó que la inconformidad inició cuando, hace algunos meses, el gobierno de Moreno Valle promovió cambios en la Ley Orgánica del Estado para extinguir formas de organización comunitaria, y reformas a la “ley de Expropiación”, las que literalmente dejaron indefensas a las comunidades ante “despojos legalizados”.
Para facilitar sus acciones, trató de imponer a sus candidatos en las elecciones para presidentes de juntas auxiliares que, en el caso de San Miguel Canoa, fue ampliamente derrotado por Raúl Pérez Velázquez, a pesar de que era su compadre.
Debido a ello, Pérez Velázquez y otros líderes de comunidades indígenas han sido hostigados, perseguidos y encarcelados.
El gobierno morenovallista organizó grupo de choque contra Pérez Velázquez
Rocío Pérez narró en esta conferencia de prensa cómo el gobernador organizó un grupo de choque encabezado por su derrotado candidato y, el 18 de octubre pasado, sus integrantes quemaron una patrulla, cerraron la presidencia auxiliar y pretendieron generar un caos para deponer a Pérez Velázquez.
Como no lo consiguieron por el apoyo de la comunidad, el 31 lo citan al ayuntamiento de Puebla para una supuesta reunión y, sin mediar orden de aprehensión ni presentación, sino sólo una supuesta demanda presentada a las 12 horas, lo detienen a las 16 horas y a las 18 horas lo remiten al penal.
A partir de ello, Rocío Pérez asumió el liderazgo, pero de inmediato recibió amenazas para “quitarse” o “bajarle”. “Hago este llamado porque no queremos ser otro Atenco, otro Chalchihuapan. Ya hemos recibido amenazas que si no le bajamos, pueden mandar a policías. De verdad, lo que les pido es, en este caso me dirijo a la Comisión de Asuntos Indígenas para que atiendan mi llamado, que no nos dejen solos, que nos apoyen.
”No somos los únicos, pero estamos solos, y eso es lamentable. Hoy, por ser indígenas, somos perseguidos. Están presos los presidentes, el de La Resurrección, el primer detenido con todo y amparo; el de San Miguel Canoa, el segundo, y hoy van por el de Azumiatla y muchos más”, alertó.
“Pido apoyo de diputados y senadores. Estamos a menos de 20 minutos de la capital y no nos hacen caso. Por eso pido ayuda. Lo pido a gritos antes de que seamos masacrados. De verdad, pido toda la ayuda posible”, exclamó.
El respaldo
Carlos de Jesús Alejandro confió en que la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados atienda este llamado, una vez reunidos los quejosos con su presidencia, y pidió a la Secretaría de Gobernación instalar una mesa de diálogo y al mismo presidente de la República intervenir para hacer valer la Constitución, los tratados internacionales y sus propios declaraciones.
Recordó que recién participó el Ejecutivo federal en la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas, y ahí ratificó su compromiso de respetar sus derechos y hacerlos vigentes en todos los niveles.
“En Puebla hay persecución, hostigamiento, fabricación de delitos y encarcelamiento injustos de autoridades comunitarias mediante la cristalización de su lucha en defensa de sus derechos; se atenta contra sus derechos colectivos, no obstante estar amparados plenamente estos derechos en la Constitución, y en tratados y convenios internacionales”, dijo Carlos de Jesús Alejandro.
