Diputados y diputadas del grupo legislativo del PRD demandaron al gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, detener ya su arbitrariedad contra las comunidades indígenas de la entidad, respetar sus derechos humanos y liberar a los injusta e ilegalmente detenidos, pues de otro modo no hace más que alimentar la espiral de violencia contra la ciudadanía a manos de los propios órganos de estado en todo el país.
En particular, le reclamaron que libere al presidente auxiliar de San Miguel Canoa, Raúl Pérez Velázquez, a quien, como a otros, se le detuvo sin orden de aprehensión a pesar de estar amparado por la justicia federal, se le encarceló y actualmente se le tortura física y psicológicamente —con la amenaza de hacer lo mismo a sus hijos— para obligarle a desistirse de la defensa de su comunidad.
Desde el 31 de octubre, cuando se le tendió una celada en el ayuntamiento de Puebla mediante un citatorio referente a obras públicas, a Pérez Velázquez se le ha sometido a un proceso judicial que ni a los más afamados narcotraficantes se les aplica, pues sólo hasta después de su aprehensión se le acusó de robo, amenazas y privación ilegal de la libertad.
Dos días después se le trasladó al penal de San Miguel, ubicado en la ciudad de Puebla, por supuestamente incurrir en los delitos de amenazas, usurpación de funciones, robo agravado y privación ilegal de la libertad.
Para la comunidad de San Miguel Canoa, en realidad se le encarceló por su oposición al despojo de terrenos para ser cedidos a una armadora de automóviles y su oposición a la arbitrariedad de Moreno Valle de retirar el servicio de Registro Civil a ésa y a otras 600 comunidades de la entidad, para lo cual Pérez Velázquez también interpuso un juicio de amparo.
Para los diputados Roxana Luna Porquillo, Elena Tapia Fonllem, María de Lourdes Amaya Reyes, Gloria Bautista Cuevas, Carlos de Jesús Alejandro, Víctor Reymundo Nájera Medina y Vicario Portillo Martínez, lo preocupante es que el gobierno de Moreno Valle no sólo violenta los derechos del presidente auxiliar de Canoa, sino también ahora va contra sus hijos para obligarles a desistirse de la defensa legal de la comunidad iniciada por su padre.
Ellos y otros familiares del alcalde denunciaron que custodios del penal lo han sacado de su celda en las noches para agredirlo y amenazarlo con detener también a sus hijos. Al día siguiente, estos reciben llamadas telefónicas de la Secretaría General de Gobierno de Puebla para invitarles a “dialogar”.
En otras ocasiones, son los propios hijos quienes han recibido telefonemas en los cuales Raúl Pérez Velázquez se queja de vivir un verdadero infierno en esa cárcel y les pide desistirse de la demanda para no verlos sufrir la misma situación.
Los jóvenes, quienes asumieron la defensa de Canoa, expusieron que ahora más que nunca continuarán con su legal y legítima lucha por recuperar el servicio del registro civil, pues las decisiones arbitrarias de Moreno Valle y su gobierno al pretender cancelárselos es un atentado contra la identidad y los usos y costumbres de los pueblos indígena de origen náhuatl que no están dispuestos a permitir.
Exigieron a los gobiernos estatal y federal la liberación del presidente auxiliar de San Miguel Canoa y el cese de la intimidación, hostigamiento, encarcelamiento y los abusos contra líderes indígenas como el de su comunidad a fin de evitar en ella una situación similar a la de Atenco, Estado de México.
Aclararon que San Miguel Canoa no es un pueblo violento, como ahora las autoridades estatales y municipales pretenden hacer creer por el caso ocurrido ahí hace medio siglo y que, en cambio, son estas autoridades las que los han agredido, como sucedió en Chalchihuapan hace cuatro meses, donde balas de goma disparadas por policías estatales mataron a un niño e hirieron a varias personas.
Los diputados federales perredistas, por su parte, consideraron que hechos condenables como los perpetrados por el gobierno de Moreno Valle son un atropello a las comunidades indígenas y una afrenta a la vida y la dignidad humana.
“Con este tipo de acciones observamos el claro deterioro ético, moral y político de la débil paz social a la que aspiramos todos los mexicanos”, puntualizaron.
Recordaron que el país vive un momento de alta complejidad por la espiral de violencia prevaleciente en la mayor parte de los estados, la falta de protección a los derechos humanos y las violaciones a las garantías individuales a manos de representantes del Estado.
