El presidente de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia informó que está lista la Ley de Protección de Testigos, ante las nuevas reglas que hay en el marco federal.
Durante la sesión de la comisión, el presidente Víctor León Castañeda reveló que Puebla contará con un nuevo ordenamiento legal que dará pie a la creación de un órgano desconcertado de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), el cual tendrá recursos propios para su operación.
Explicó que la Ley de Protección a Testigos consta de siete capítulos, 35 artículos y cinco transitorios; en este articulo se protege a toda aquella persona relacionada con los procesos penales.
"En sus artículos transitorios se especifica que será el Ejecutivo del estado, a través de la PGJ, que asignen partidas presupuestales para el desarrollo y operatividad de esta nueva modalidad a efecto de que se cumpla con cabalidad lo aprobado", indicó.
Esta nueva ley, junto con las modificaciones a los otros ordenamientos armonizados, será presentada el próximo miércoles en sesión ordinaria, para su aprobación del pleno.
La Ley de Testigos Protegidos forma parte del paquete de normas que se armonizarán para darle entrada al Código Nacional de Procedimientos Penales.
La ley contempla que la protección a testigos será gratuita y para aquellas personas que tengan información a delitos graves como delincuencia organizada, delitos contra la salud, trata de personas, homicidio calificado y robo de vehículo calificado.
Entre los puntos se indica: “Las víctimas u ofendidos, el asesor jurídico, el imputado, el defensor, el ministerio público, la policía, el órgano jurisdiccional, los testigos, los familiares o allegados de los sujetos del procedimiento penal, podrán solicitar por escrito de forma voluntaria dicha protección”.
La normativa estatal incluirá que las personas afectadas por un conducta delictiva tendrán derecho a una asesor jurídico gratuito, a que se les proporcione protección en caso de riesgo, recibir atención médica y psicológica y a resguardar su identidad.
También prevé en el artículo 19 la creación de Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral a Víctimas del Delito, el cual se integrará por recursos previstos en el Presupuesto de Egresos del Estado, el cual no debe ser menor al .014 por ciento del Gasto Programable.
En cuanto a la Ley para la Protección de los Sujetos en Riesgo que intervienen en un Procedimiento Penal o de “Protección a Testigos”, el ordenamiento se compone por siete capítulos y contiene 35 artículos y cinco transitorios.
Las personas deben de solicitar su “voluntad expresa” por escrito para que el Ministerio Público, a través de la Unidad de Protección a Sujetos del Procedimiento Penal, les brinde la protección, la cual puede ser de manera temporal o definitiva, esto en caso de delincuencia organizada.
Las personas que están consideradas dentro de la ley para pedir el resguardo son quienes están dentro de un procedimiento penal, como lo son: la víctima u ofendido, el asesor jurídico, el imputado, el defensor, el ministerio público, la policía, el órgano jurisdiccional, los testigos, los familiares o allegados de los sujetos del procedimiento penal.
Licitan limpieza y telefonía
El Comité de Adquisiciones anunció que serán licitados los dos servicios más onerosos para el Congreso, que son telefonía e Internet, así como el de mantenimiento.
El presidente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Congreso, Pablo Montiel Sola, informó que los servicios de Internet con telefonía representa un costo anual fiscal por el orden de 3 millones 360 mil pesos.
Y el servicio de limpieza tiene un costo de un millón 320 mil pesos al año, por lo que ambos serán licitados a nivel nacional.
El legislador sostuvo que al interior del comité se analizaron las bases para que por "primera vez" se utilice éste método, pues año con año se había hecho por invitación a tres proveedores.
Asimismo, dijo que en próximo días se publicará la convocatoria correspondiente a fin de cambiar al proveedor actual, pues recordó que se buscar eficiencia, calidad y precio en cada servicio.
En el caso del servicio de Internet y telefonía la empresa Alestra lo provee, con un costo de 280 mil pesos mensuales; mientras que el servicio está a cargo de “Inter Clean Services”, de Brenda García Román, la cual cobra alrededor de 110 mil pesos mensuales.
“En aras de la transparencia vamos a convocar a una licitación, vamos a revisar la convocatoria y las bases para que en su oportunidad se publiquen y que las empresas interesadas en todo el país puedan competir por estos dos contratos”.
