Pobladores de San Miguel Canoa exhibieron que la salida del edil auxiliar de la población está sujeta a una negociación política y que no se trata de un proceso jurídico.
El viernes pasado, el edil auxiliar Ricardo Pérez Velázquez, quien había ganado amparos para salir de la cárcel, logró la libertad bajo caución tras pagar una multa de 33 mil pesos. Sin embargo, minutos antes de abandonar el Cereso de San Miguel, en el mismo penal se le impidió salir debido a que fue procesado por una nueva causa penal, por lo que no logró la libertad.
Los hijos del edil auxiliar mostraron conversaciones telefónicas donde funcionarios del ayuntamiento de Puebla condicionaron a una negociación política la libertad del presidente auxiliar. “Si, como tú dices, te interesa tu pueblo y te interesa tu familia, Rocío, busquemos una salida digna”, le dice el secretario de Gobernación, Guillermo Aréchiga, a Rocío Pérez, hija del edil auxiliar de Canoa.
El clima que se vive en la comunidad es de tensión. La presidencia auxiliar está cerrada y vigilada por policías municipales. Los opositores al edil auxiliar, vinculados al morenovallismo, señaló Pérez, presentaron una nueva denuncia en contra del edil Pérez Velázquez.
Cuando el edil se preparaba para salir, les notificaron que Pérez Velázquez fue acusado del delito de abuso de autoridad por Germán Luis Pérez López y Elena Arce, quienes cerraron la presidencia auxiliar el pasado 18 de octubre.
Los pobladores también repudiaron a Félix Flores García, quien habría tomado el cargo de presidente en ausencia del edil auxiliar. Sin embargo, de manera enfática Flores García fue abucheado por los pobladores de Canoa en asamblea.
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El clima es tenso en la población. Los habitantes están vigilantes de que no haya más detenciones en contra de pobladores de san Miguel Canoa y miran con recelo a los ‘extraños’ y a quienes se han sumado en contra del gobierno de la junta auxiliar cuyo presidente, Raúl Pérez Velázquez, electo democráticamente, está en la cárcel.
Pérez Velázquez forma parte de los ediles auxiliares perseguidos por la administración estatal, por su oposición a que las juntas auxiliares dejen de realizar funciones de registros civiles.
Su hija, Rocío, arenga a los pobladores de San Miguel Canoa reunidos en la plaza de la junta auxiliar. La mujer viste un jersey deportivo y pantalón de mezclilla, y toma el micrófono con seguridad. Se planta en la plataforma donde, hace más de seis meses, los entonces candidatos a diputados y a presidente municipal de la coalición morenovallista acudieron a pedir el voto.
En esa ocasión, las mujeres y hombres simplemente seguían los discursos de los políticos del PAN. Ahora, las mujeres responden al llamado de Rocío Pérez.
La esposa de Leonardo Baéz, alcalde auxiliar de La Resurrección, otro de los ediles encarcelados, también opositor a que las juntas auxiliares ya no puedan contar con Registro Civil, toma el micrófono, se solidariza con la gente de Canoa y les pide su apoyo.
“En su campaña, al presidente municipal y al gobernador los apoyamos, para que ahora ojalá Dios quiera que nos apoyen todos para que saquemos a todos los presos políticos, porque es una injusticia que ellos estén encerrados, cuando deben estar encerrados otras personas”.
La señora pide que los medios de comunicación informen lo que está pasando y que le lleven el mensaje al gobernador. En otra de las conversaciones que presentaron los hijos del edil con el secretario Aréchiga Santamaría, el funcionarios les garantiza que no hay órdenes de aprehensión en contra ni de Rocío ni de Javier Pérez.
“Mi hermana y yo sabemos las consecuencias de lo que puede pasar. Por eso les pedimos que sigan en la lucha ustedes”. La gente abuchea a los funcionarios y pide la cabeza de Moreno Valle. “Si a ustedes les pasa algo —grita una mujer—, pues va la cabeza de Moreno Valle”.
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Rocío Pérez y Javier Pérez, hijos del edil encarcelado en el Cereso de San Miguel, señalaron que el gobierno condiciona la salida del edil a una negociación para lograr la libertad de su padre. En la conversación se escucha cómo el funcionario Guillermo Aréchiga Santamaría le dice a Rocío Pérez: “Mira, Rocío, insisto, han pasado muchas cosas y no podemos arreglarlo; si lo que quiere y, como dices, te interesa tu gente, te interesa tu familia, como a mí me interesa que haya tranquilidad y que esto no siga escalando, busquemos un salida y una alternativa”.
Pérez Velázquez había obtenido el viernes su libertad tras pagar una fianza de 30 mil pesos. Se esperaba su salida a las 19 horas, pero al edil auxiliar se le imputó un nuevo delito de abuso de autoridad, por lo que ni siquiera abandonó el penal de San Miguel.
Los hijos del edil aguardan las 72 horas que por ley debe transcurrir. El edil nuevamente será juzgado y, en su caso, consignado de nueva cuenta. Los hijos del edil con sus abogados ya preparan la defensa jurídica de Pérez Velázquez.
En la asamblea, que se celebró este domingo en la junta auxiliar de Canoa, los pobladores repudiaron al gobierno de Rafael Moreno Valle, a quien acusaron de hostigar a la comunidad de San Miguel Canoa.
Además, criticaron las obras de relumbrón emprendidas por el gobierno de Puebla, como la Estrella de Puebla, demostrando su inutilidad.
—¿Quién se ha subido? —preguntó, durante la asamblea, Rocío Pérez a los pobladores.
Ningún poblador respondió que se había subido a la obra de 400 millones de pesos que se encuentra en la zona de Angelópolis. Los pobladores expresaron su molestia con la cobertura de algunos medios de comunicación sobre el tema de la persecución política en contra del edil auxiliar Ricardo Pérez, y exigieron que los medios expresen con precisión lo que sucede en la comunidad, señalando que no se trata de un “grupo minoritario”, sino del malestar de los pobladores de San Miguel Canoa.
