Más de 80 aprehensiones, entre éstas las de tres presidentes auxiliares, es el saldo de los primeros cuatro años de gobierno de Rafael Moreno Valle. Y aunque la sociedad civil poblana se organizó en defensa de los derechos humanos y de la tierra, el gobernador de Puebla aprovechó la crisis nacional por los crímenes de Iguala y Tlatlaya para ocultar y continuar con la política de aprehensiones arbitrarias y de torturas en contra de los opositores del régimen.
El recuento de los daños sociales
A decir de los líderes sociales del estado de Puebla, hasta el momento suman más de 80 las personas aprehendidas por manifestarse de forma pacífica. Muchas permanecen tras las rejas y otros se encuentran en procesos de libertad condicional; además, algunos presos no tienen derecho a fianza y otros no las pueden pagar, porque alcanzan cifras de hasta 450 mil pesos.
La gran mayoría de los encarcelados son poblanos de escasos recursos y fueron detenidos bajo similares condiciones, es decir, con la intervención de la Policía Ministerial, sin apego a la legalidad y hasta torturados.
Los presidentes auxiliares incómodos
El primer presidente auxiliar detenido por la policía morenovallista fue Leonardo Sabino Báez Serrano, el pasado 17 de octubre, acusado de dos delitos: resistencia de particulares y uso indebido de funciones. Pero el 1 de octubre le fincaron una segunda orden de aprehensión, por ejercicio indebido de funciones y por peculado, ese último delito considerado grave, por lo que no le permite el derecho a fianza.
Al día de hoy a Leonardo Sabino todavía no le han dictado sentencia, todavía está en proceso y su defensa espera que su caso se resuelva a favor entre el 16 y 17 de diciembre, antes de que los Juzgados salgan al periodo vacacional de fin de año.
Cabe señalar que de los tres delitos que le imputa la autoridad estatal, el edil subalterno de La Resurrección goza de libertad bajo caución y solamente el delito de peculado está en proceso.
Canoa, el problema más complicado
El segundo presidente auxiliar aprehendido fue Raúl Pérez Velázquez, quien fue interceptado mientras acudía a la Secretaría de Infraestructura del ayuntamiento para realizar unos trámites en beneficio de la comunidad.
Pérez Velázquez fue detenido el 31 de octubre, acusado por el delito de abuso de autoridad, por el que pagó mil 275 pesos de fianza, aunque le giraron una segunda orden de aprehensión por el mismo delito y ahora la defensa espera que le dicten auto de formal prisión para ver si alcanza fianza.
El caso de Raúl Pérez Velázquez es el más delicado, porque fue demandado por Germán Luis Pérez López, quien se dice compadre del gobernador y que desempeñó el cargo de subdelegado del DIF y después candidato contendiente de Raúl en el pasado plebiscito, que perdió.
La piedra en el camino de Moreno Valle
El tercer presidente auxiliar detenido fue Jairo Javier Montes Bautista, de San Bernardino Chalchihuapan, quien fue aprehendido el pasado 21 de septiembre en la comunidad de San Juan Amecac, en el municipio de Atzitzihuacan.
Cabe recordar que, junto con los dos primeros y otros 50 presidentes auxiliares, conforma el Consejo Estatal para la Defensa de la Identidad de los Pueblos (CEDIP), que buscaba echar abajo la reforma a la Ley Orgánica Municipal.
Esa reforma de ley fue aprobada en el mes de septiembre del 2013, durante la legislatura pasada, y retiraba el manejo del Registro Civil y de la policía a los presidentes auxiliares, para pasarlos a manos del gobierno del estado.
El viernes negro para ediles auxiliares
El gobierno del estado de Puebla tomó como estrategia aprehender en viernes a los presidentes auxiliares, con la finalidad de restarles posibilidad de maniobra para su defensa y para frenar la información mediática, por ser fin de semana, cuando los medios de comunicación incómodos para el gobierno poblano entran en descanso para retomar publicaciones el siguiente lunes.
Incluso, el pasado viernes 12 de diciembre los vecinos de San Miguel Canoa denunciaron que un grupo cercano a cien granaderos llegó a la comunidad con la finalidad de recuperar la presidencia auxiliar, cerrada desde la aprehensión de Raúl Pérez Velázquez.
Pero la problemática quedó solamente en amenazas y la tranquilidad aparente regresó a la junta auxiliar, pero lo cierto es que los habitantes están a la expectativa, porque consideran que no permitirán que la autoridad estatal los tome desprevenidos.
En Canoa, Moreno Valle perdió y quiere arrebatar
A los líderes sociales afectados por la represión morenovallista les preocupa y ocupa sus respectivos casos, pero consideran que la situación actual más complicada se presenta en San Miguel Canoa.
Desde el 15 de mayo, fecha en que Raúl Pérez Velázquez tomó protesta, la relación con el gobierno poblano fue creciendo en tensión, y es que el edil auxiliar sostuvo creciente la lucha por conservar el Registro Civil.
Esa lucha se recrudeció cuando Pérez Velázquez decidió conformar la policía comunitaria, en respuesta al grave déficit de policías y en la búsqueda de garantizar la seguridad a los habitantes de Canoa.
Ambas decisiones generaron la irritación del gobernador y surgió de la nada un grupo de habitantes inconformes que exigieron la destitución del edil auxiliar.
Ese grupo está encabezado por Germán Luis Pérez López, cuya carta de presentación es ser compadre del gobernador Rafael Moreno Valle, argumento que utilizó para buscar el triunfo en los comicios de principios de año, pero no contó con que dicha afinidad le haría perder la presidencia auxiliar.
Fue el propio Germán, junto con Flavio Flores y Magdalena Arce Arce, quien en la asamblea del 18 de octubre pasado incitó a los habitantes a impulsar la destitución de Raúl Pérez Velázquez, donde aprovecharon para romper vidrios y prender fuego a la camioneta que estaba al servicio de la junta auxiliar.
La defensa del presidente auxiliar
El viernes 5 de diciembre se propagó la versión de la posible liberación del presidente auxiliar Raúl Pérez Velázquez, aunque eso no sucedió, pero lo cierto es que el edil subalterno preso ya había logrado a favor los amparos federales correspondientes, que ordenaban su inmediata liberación.
Sin embargo, sin salir del Cereso de San Miguel, el gobierno poblano le fincó un nuevo delito, por lo que regresó a prisión, sin mayores explicaciones del gobierno poblano.
Para los hijos del edil preso, Javier y Rocío, lo realmente sorprendente es que vecinos de la comunidad ya ofrecieron videos para documentar pruebas a favor de Pérez Velázquez, donde genera curiosidad que en esos videos aparece César Bermúdez Oliver, “El Gallo”, porro de Guillermo Náres Rodríguez.
Ese personaje, recuerda Rocío Pérez Pérez, se mantuvo desaparecido desde el 2013, porque existe una orden de aprehensión en su contra, emitida por el Juzgado Segundo de Distrito, por suministro de cocaína a un menor de edad, según la averiguación previa AP/PGR/PUE/COE/0025/13, de la que se desconoce su desenlace.
Lo que no entienden los hijos de Raúl es que el viernes 5 de diciembre se otorgó la libertad provisional bajo caución, concedida en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 1795/2014, por lo que se ordenó la libertad inmediata del quejoso.
Sin embargo, lo retienen hasta la madrugada del 6 de diciembre y de la nada surge una nueva orden de aprehensión, nuevamente por el delito de abuso de autoridad, y la detención se realiza dentro de las instalaciones del Cereso de San Miguel, por lo que en ningún momento se le otorgó la libertad ordenada por los Juzgados federales.
Lo cierto es que el tema de la persecución a los opositores del régimen morenovallista parece que todavía no termina, a pesar que la defensa y los familiares de los presos tienen pruebas contundentes de la inocencia de los aprehendidos. Por eso los defensores sociales se mantienen a la expectativa y seguros de que en cualquier momento la embestida gubernamental caerá sobre ellos.
