Abogados de Elia Tamayo, madre del niño José Luis Alberto Tehuatle Tamayo, muerto en el enfrentamiento de Chalchihuapan, solicitarán a autoridades federales que regresen a prisión a los policías estatales acusados de su fallecimiento.
Los policías estatales que quedaron en libertad son Juan Máximo Jiménez y Francisco López Díaz, éste último acusado de ser el que disparó en contra del niño aquel 9 de julio.
En rueda de prensa, Elia Tamayo exigió que se les regrese a prisión, ya que no puede ser posible que ellos salgan en libertad; en tanto, tres pobladores y el presidente auxiliar de Chalchihuapan sigan en prisión.
Con el rostro desencajado y con una notable tristeza, se dijo indignada de que los uniformados ya se encuentran libres y nadie pague por la muerte de su hijo.
Nuevamente insistió que el primero en estar en la cárcel debería ser el gobernador Rafael Moreno Valle, por haber sido quien ordenó el operativo para desalojar a los manifestantes, lo que derivó en la lesión de su hijo que lo llevaría a la muerte 10 días después.
Los elementos de la Policía Estatal Preventiva que quedaron libres están directamente vinculados con la muerte del niño José Luis Alberto Tehuatle, pero salieron porque sólo se les acusó de homicidio culposo, por lo que alcanzaron derecho a fianza.
El coordinador de abogados de presos políticos en Puebla, Alejandro del Castillo, explicó que los que cambiaron la modalidad del delito fueron los magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Segunda Sala Penal, Marcela Martínez Morales, Jorge Ramos Morales y Alberto Miranda Guerra.
Señaló que desconocen el monto de la fianza que pagaron para poder seguir el proceso en libertad, debido a que las autoridades mantienen en reserva toda la información del expediente 189/2014, lo que es contra la ley, ya que como abogados deberían tener acceso total.
Por su parte, Arturo Rivera Pineda, abogado de Elia Tamayo, explicó que es absurdo, contradictorio y hasta aberrante que haya vecinos de Chalchihuapan presos por el mismo caso, sólo por su supuesta participación en la manifestación y los que mataron a un niño estén libres.
Incluso, señaló que al desconocerse el monto de la fianza, se piensa que fue el mismo gobierno del estado quien los cubrió para que los policías salieran en libertad, claro, con un previo acuerdo.
Señaló que un delito como homicidio doloso, que era el primero por el que se acusó, tiene una pena de 4 hasta 11 años de prisión, mientras que el de culposo apenas sobrepasa los dos años, con derecho a fianza, por lo que una sentencia la podrían pasar en libertad.
En tanto, Alejandro del Castillo insistió que es una muestra más del gobierno de represión de Rafael Moreno Valle que maneja el TSJ a su conveniencia y antojo.
Indicó que el gobierno es totalmente tirano y totalitario, al proteger a sus elementos, incluido el secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas, quien sólo recibió una amonestación y multa por la muerte del niño.
Por su parte, Araceli Bautista, mamá del presidente auxiliar de Chalchihuapan, quien se encuentra detenido por los hechos del 9 de julio, indicó que no descansará hasta que se haga justicia.
Sentenció que a como dé lugar impedirán que el mandatario estatal llegue a la Presidencia de la República, sobre todo por el nivel de represión en que tiene a Puebla.
“Es un tirano, no es una amenaza, pero nosotros nos vamos a encargar de que no llegue Moreno Valle a la Presidencia de México”, dijo al señalar que es injusto que las autoridades hayan pasado unas fiestas decembrinas tranquilas, mientras hay decenas de familias sufriendo por la represión y prisión de sus integrantes.
Mutis
Apenas el 18 de noviembre, a unos días de haber sido nombrado presidente de la CNDH, Raúl González señaló que, junto con los casos de Tlatlaya y Ayotzinapan, la violación grave a los derechos humanos en San Bernardino Chalchihuapan sería una de las prioridades.
Sin embargo, a casi dos meses de esa declaración, aún no ha emitido alguna postura el organismo nacional sobre si el gobierno de Puebla cumplió con la recomendación emitida por la violación grave de los derechos humanos.
En esta comunidad, el 9 de julio se enfrentaron manifestantes y policías estatales, resultando decenas de lesionados, entre ellos el niño de 13 años de edad José Luis Tehuatle Tamayo, quien moriría 10 días después.
Tras una investigación de la CNDH, en la recomendación 2VG/2014, se determinó la responsabilidad de autoridades estatales en la violación grave de derechos humanos.
Entre las responsabilidades están la muerte del menor, por lo que emitió la recomendación de 11 puntos, que no se cumplieron a cabalidad, según un reporte del sexto visitador del organismo.
La respuesta
El gobierno de Puebla emitió una serie de mentiras o inconsistencias en el expediente que entregó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), para comprobar que cumplió con la recomendación emitida por el caso Chalchihuapan.
Por ejemplo, el gobierno informó a la CNDH que el 16 de octubre ejerció acción penal contra 16 personas, sin embargo, en un comunicado se mencionaron solo 12 órdenes de aprehensión, 11 ya detenidos, seis policías y cinco presuntos manifestantes.
Además, cinco de los habitantes de Chalchihuapan fueron detenidos el 18 de octubre, dos días después de lo que le aseguraron al organismo nacional.
Las detenciones se produjeron la madrugada del 18 octubre, con lujo de violencia, cuando policías ministeriales llegaron a las viviendas rompiendo puertas y ventanas a marrazos, y encañonando niños y ancianos.
Además, un día antes de que el gobierno del estado emitiera el comunicado de que presuntamente cumplió con la recomendación 2VG/2014, la entregó a los periódicos El Sol de Puebla y Síntesis, para “cumplir” con la fecha establecida por dicho organismo.
El comunicado fue publicado hasta la página cuatro de El Sol de Puebla el sábado 18 de octubre, mismo día que fueron detenidas cinco personas por la madrugada, luego de una incursión de policías ministeriales a la localidad de Chalchihuapan.
De este modo, las autoridades poblanas dieron este boletín de prensa como una nota periodística al organismo garante de los derechos humanos.
Además, se menciona que fueron invitados medios de comunicación al evento de la disculpa pública celebrado a las siete de la noche en el Centro de Convenciones, sin embargo, nunca existió alguna invitación, al grado que sólo se emitió el comunicado.
La publicación fue una de las pruebas que presentó el gobierno de Puebla a la CNDH para demostrar que si cumplió con la recomendación, entre las que destacaba la disculpa pública, según una carta de la Sexta Visitaduría de la CNDH emitida a las víctimas de Chalchihuapan.
El mismo comunicado fue emitido a todos los medios de comunicación hasta un día después que lo hicieran exclusivamente a los mencionados diarios.
De acuerdo con la CNDH, el gobierno del estado notificó a través de la oficina del gobernador que el pasado 17 de octubre a las 19 horas se realizó el acto protocolario, y enlista a los funcionarios que participaron.
Señalan como prueba la entrega de las constancias que se levantaron para demostrar la entrega de las invitaciones, el texto íntegro de la disculpa, fotografías del evento y hasta un video del mismo, además de las publicaciones en los mencionados periódicos.
Pero los agraviados han denunciado que la invitación se las entregaron tres horas antes, y que ninguno de los habitantes de Chalchihuapan acudió al evento.
En la carta emitida por la CNDH para las víctimas de Chalchihuapam que la solicitaron y firmado por José Zamora Grant, director de la oficina de Graves Violaciones a Derechos, se señala que el gobierno de Puebla sólo cumplió parcialmente la recomendación.
El informe de la CNDH fue emitido a Elia Montes Tamayo, madre del niño José Luis Tlehuatle Tamayo, asesinado en el violento desalojo en Chalchihuapan, y a cinco habitantes más que resultaron afectados por las acciones policiales del 9 de julio.
Fue entregado el pasado lunes 10 de noviembre a través de un oficio (folio CNDH/6VG/DGVGDH/012/2014) girado por la sexta visitaduría del organismo.
Según el informe desde el pasado 12 de septiembre se suspendió a los tres mandos medios que más tarde sería despedido por su responsabilidad en el fallido operativo.
Se informa además que al secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas, se le aplicó una amonestación pública, aunque hasta la fecha no se sabe los montos.
