La herencia en deuda que deje el gobernador Rafael Moreno Valle al concluir su sexenio será lo más problemático para los poblanos, advirtió el urbanista Francisco Vélez Pliego, al señalar que las obras morenovallistas se realizan vía Proyectos de Prestación de Servicios (PPS).
La mayoría de las obras del actual sexenio, afirmó, se realizan vía PPS, donde participan núcleos privados, de manera poco transparente, pero también ciertos inversionistas privados involucrados en escándalos nacionales, como HIGA y sus filiales.
En la víspera del cuarto informe de actividades de Rafael Moreno Valle, el académico de la UAP dijo que ese accionar del gobierno del estado “ocasiona que tengamos una deuda oculta o una deuda con esas empresas que han invertido y han realizado infraestructura o edificaciones que vamos a pagar en 30 años”.
El tamaño de esa deuda todavía no la conocemos, dijo Francisco Vélez Pliego, y los poblanos no tenemos claro cuánto debemos, “eso es otro problema, la transparencia”, porque no presentan información concreta del endeudamiento que existe en la actualidad.
Como prueba de los gastos excesivos del gobierno del estado en infraestructura, reveló el director del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAP, está el caso del Modo Juárez-Serdán, cuyo costo se elevó en más de 83 millones de pesos en tan sólo una semana.
A cuatro años de gobierno, dijo, no se tiene claro cuál es la deuda con el esquema PPS, utilizado preferentemente por el gobierno de Rafael Moreno Valle para realizar las obras.
Pero además, reveló, existe una perdida enorme de bienes públicos puesto a disposición de empresa privadas, incluso reservas territoriales, como el edificio del Teletón, “condenado por la propia Unseco”, que el gobierno entregó y contribuyó a financiar, y además está contribuyendo a que el Congreso destine recursos por cientos de millones de pesos para financiar la operación de ese centro de atención social.
En entrevista, previo al cuarto informe del mandatario poblano, el urbanista de la UAP dijo que la sociedad no va a tener claro el monto de la deuda, hasta que el gobernador se hayan ido y los que vengan, si no tienen un acuerdo político con él, lo den a conocer.
En el estado de Puebla, por lo tanto, dijo Vélez Pliego, hay acciones y compromiso que no eran prioritarios, por eso afirmó que el actual es un gobierno que no piensa en función de la planeación, sino de intereses particulares y de grupos de constructores y de inversionistas que han estado alrededor del gobierno.
Lo lamentable, agregó, es que no les interesa la sociedad ni que los poblanos vivan mejor, porque actúan pensando más en los intereses de los grupos políticos y de la vida económica del estado y del país.
Los proyectos vía PPS, una bomba de tiempo
Para el urbanista poblano, los proyectos de infraestructura vía PPS, que impulsa el gobernador del estado de Puebla, son una bomba de tiempo para la sociedad que se gobierna, porque es una forma de evadir las evaluaciones relacionadas con la deuda.
En la realidad, los proyectos vía PPS ocultan la deuda real, dijo, porque el gobernador dice que no es deuda, porque las financia la iniciativa privada, pero eso es relativamente; el costo será asumido con recursos públicos a lo largo de 40 o 50 años, “por eso hay que ver cada contrato en lo particular y ver cuánto representa”.
En una evaluación del cuarto año de gobierno de Moreno Valle, Vélez Pliego dijo que la inversión está concentrada en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla, pero el resto del estado está abandonado.
Por eso, reveló que el desarrollo en regiones altamente productivas, en la parte agraria, con productos tradicionales del estado de Puebla está abandonado, incluso son zonas que tienen rutas intransitable para sacar los productos, afectando la economía de las familias de la zona.
Además, el gran proyecto Audi nos ha costado significativamente, aclaró, porque simplemente hay que preguntar quién pagó la plataforma de 400 metros de altura para generar una plataforma de cimentación de la empresa, “pues es el gobierno del Estado, con un impacto ambiental terrible; tuvieron que deshacer prácticamente un cerro completo para construir esa plataforma”.
La obra de Audi, reiteró, es la gran obra anclada en uno sólo de los sectores económicos, que es el automotriz, pero fuera de eso, se pregunta, dónde están las otras acciones que permitan el mejoramiento sustancial de la economía.
Y responde, pues no se observa, al contrario, hemos observado conflictos crecientes, como Chalchihuapan y las juntas auxiliares, donde acciones como la instalación de los ductos, las concesiones mineras y las expropiaciones generan grandes afectaciones sociales y encarcelamientos.
Obras sin planeación ni regulación
El principal problema del gobierno del estado, reveló el investigador universitario, es que no se ha aplicado en la actualización de los instrumentos de planeación y regulación del desarrollo urbano.
Por eso, dijo que si se observa lo que ocurre con la inversión de las obras, ninguna de esas obras obedece a la planeación del desarrollo urbano, y sí a otro tipo de intereses y de visiones, pero no está regulado por un instrumento que defina la pertinencia de las obras realizadas.
Pero tampoco se evalúan los impactos ambientales y sociales y las medidas adicionales que habría que tomar, para que se generen desarrollos e inversiones asociados a esas obras, “no existen impactos urbanos y ambiental, y lo peor, cada vez que se solicita esa información no ha fluido”.
Las obras realizadas, concluyó, son como inversiones en asociación con núcleos privados sin medir las consecuencias que tienen para el funcionamiento de la ciudad, desde el punto de vista más global, pero tampoco para medir las consecuencias en los impactos económicos y sociales que tiene, “hay comercios que han cerrado definitivamente y otros que se trasladaron porque las obras no se hicieron en los plazos comprometidos”.
Balance negativo
Desde el punto de vista social, dijo el director del ICSH de la UAP, tiene un balance bastante negativo de los cuatro años del gobernador Moreno Valle.
Porque además dijo que ha habido una violación sistemática de los derechos humanos y una incapacidad de comunicación por parte del gobierno de estado, porque el gobernador dialoga con quienes tienen el dinero, pero no con la población.
