Canoa se convertirá en un bunker, además de que no permitirán el acceso de candidatos, y pende de un hilo la celebración de las elecciones federales de este año en el poblado.
Por lo tanto, no se podrá ingresar a la junta auxiliar de Canoa sin una revisión y dar información sobre para que se acude, además de que será expulsada la policía, para que los habitantes tomen en sus manos la seguridad del poblado de 35 mil habitantes.
Así lo advirtió Rocío Pérez Pérez, en comunicación telefónica con el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), en el Distrito Federal, conferencia de prensa ante medios nacionales a la que no acudió de manera personal ante amenazas del gobierno del estado para evitarla.
Personal de este organismo civil nacional explicó que recibieron dos amenazas de parte del gobierno del estado, una de ellas telefónicas, para que cancelaran la conferencia de prensa por entorpecer el proceso.
Señalaron que el objetivo fue el que nos se dieran a conocer los acuerdos, con la advertencia de que el presidente auxiliar Raúl Pérez, quien se encuentra preso, podría ser trasladado al penal de alta seguridad de Tepexi de Rodríguez, lo que perjudicaría la salud y estabilidad emocional.
Sin embargo, Rocío Pérez, hija del presidente auxiliar detenido, dio sus declaraciones por teléfono celular, y señaló que se encuentran alrededor de 30 granaderos resguardando el edificio de la presidencia.
Por lo tanto, señaló que serán expulsados en las próximas horas, para que la población resguarde bajo su misma seguridad, al señalar que los uniformados no se dedican a cuidar a la gente, sino al edificio. “No hacen nada”, dijo
Informó a los reporteros de la capital del país que este jueves se llevará a cabo el cuarto informe de gobierno, que —aseguró— estará lleno de mentiras.
“Tenemos condiciones inhumanas, servicios deplorables, medicamentos caducos”, dijo al invitar a los reporteros a acudir a la comunidad para comprobarlo.
Sobre la asamblea donde tomaron acuerdos, señaló que es legal y se buscó evitar la ingobernabilidad, por lo que decidieron no aceptar al presidente suplente enviado por el ayuntamiento poblano.
Indicó que de este modo se han realizado diversas asambleas, entre ellas la del pasado lunes 12 de enero, donde la comunidad, por los atropellos, decide tomar acuerdos en conjunto, respaldados por el comité y pueblo en general, para evitar el ingreso de la policía.
El punto que consideran más importante es que el grupo de policías que resguardan la presidencia sería expulsado, por lo que decidieron que se restablecería la seguridad mediante la organización del pueblo.
“Se retiraran los policías, que no sirven de nada”, dijo al explicar que se dividió el poblado en 10 secciones, en las que se conformarán en cada una un comité de seguridad que vigilará.
“Todas se coordinarán con el comité central en coordinación, para evitar ingobernabilidad”, dijo.
Además, adelantó que por los intentos de ingreso de las autoridades, se van a colocar en las entradas unas especies de casetas o retenes, para informar de quiénes ingresan al pueblo.
“Tendrán que pedir permiso para ingresar a la comunidad, y así evitar que lleguen autoridades estatales y municipales”, añadió.
“Se tendrá que proporcionar todo tipo de información, para ver si pasa”, dijo al advertir que no se va a permitirse ingreso de candidatos, y si no se resuelve antes de las elecciones, no se permitirán los comicios.
“No se permitirá el acceso al INE (Instituto Nacional Electoral) para que se realicen los comicios”, dijo al indicar que solicitarán a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que se respalde por las violaciones que ha sufrido no sólo el presidente, sino la comunidad entera.
“No permitiremos la imposición de ningún nuevo presidente auxiliar, ya que son bajo usos y costumbres nuestras elecciones de dirigentes, la nueva forma de elegirlos será mediante comunitarias, conforme a lo que diga el pueblo”, dijo.
Señaló Rocío Pérez que la comunidad cuenta con más 35 mil habitantes, y será dividida en 10 secciones, cada uno se encargará de su zona, con 10 policías cada uno, todos habitantes de la comunidad.
“No hay ni habrá armas de ningún tipo, nuestra resistencia es pacífica, vamos a resguardarnos como población, sin ningún tipo de armas. No es autodefensa”, dijo.
La junta auxiliar de Canoa se mantiene su ruptura con el gobierno estatal, desde que fue detenido su presidente auxiliar Raúl Pérez.
Afirman que es un preso político más del gobierno de Rafael Moreno Valle, por no estar a favor de los cambios a la Ley Orgánica Municipal, donde les quitaron a las juntas auxiliares facultades como el manejo del Registro Civil y de sus policías.
Canoa cobró fama a nivel nacional, luego de que en 1968 lincharon a unos estudiantes de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP), a quienes acusaron de comunistas.
Desde entonces, esta comunidad se ha caracterizado por ser un pueblo indígena que siempre lucha por sus intereses, sin temor a nada.
Canoa, indígena
La junta auxiliar de San Miguel Canoa es la que tiene más población indígena en el municipio de Puebla, con el 95.9 por ciento de 100 mil 353 personas que se tienen detectados por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).
Dentro del municipio, hay 102 localidades que cuentan con presencia de habitantes pertenecientes a una etnia. De un millón 539 mil 819 habitantes de esta capital, el 6.5 por ciento, es decir, unos 100 mil 353 personas, es considerado indígena.
