La Primera Visitaduría de la Comisión Estatal de Derechos Humanos determinó que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJ) violó los derechos humanos a la seguridad jurídica de Amada Barranco Barranco, madre de Araceli Vázquez Barranco, asesinada en su hogar el pasado 13 de noviembre del 2014.
La respuesta al feminicidio, ejecutado por el novio de la víctima, un joven de nombre Javier Mauricio Díaz, en el municipio de Acajete, revelaron los dirigentes de la asociación civil El Taller, permite avanzar en la justicia a favor de las víctimas de feminicidio en el estado de Puebla.
La determinación de la Visitaduría fue en respuesta a la queja presentada por la señora Amada Barranco el 25 de marzo del 2014, con el número de expediente 3169/2014-1.
Desde la organización El Taller, los activistas explicaron que si bien la CEDH no hizo una recomendación a la PGJ, una práctica común en el gobierno de Rafael Moreno Valle, sí propone una conciliación que incluye en su primer punto “ordenar por escrito a quien corresponda, para que se realicen las acciones eficaces, tendientes al cumplimiento de la orden de aprehensión derivada de la causa penal 377/2013 en contra de Javier Mauricio Díaz”.
Pero además, ordena “dar vista a la Visitaduría general de la PGJ para que determine sobre el inicio del procedimiento administrativo de investigación en contra de Abraham Fernández González, agente ministerial número 352, adscrito a la Comandancia de Tepeaca, así como de los servidores públicos que resulten responsables, por las omisiones ejecutadas”.
Asimismo, dentro de las recomendaciones giradas el pasado mes de diciembre, destaca “girar instrucciones por escrito al personal de la Comandancia de la Policía Ministerial de Tepeaca, a fin que durante el desempeño de su cargo se conduzcan con puntual respeto a los derechos humanos y ejecuten las órdenes de la autoridad judicial que les sean encomendadas”.
Justicia por feminicidio con respaldo nacional
El feminicidio de Araceli Vázquez Barranco y las omisiones de la autoridad judicial para garantizar justicia dieron pie a que, el pasado 11 de diciembre, diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en San Lázaro propusieran un punto de acuerdo para exhortar a la PGJ a emprender con prontitud las acciones para la presentación y consignación, ante un Juzgado, del presunto feminicida.
En el punto de acuerdo, aseguran desde El Taller la diputada Margarita Elena Tapia Fonllem consigna que se trata de un crimen que revela el nivel de impunidad con el que se puede asesinar a una mujer en Puebla.
Pero también, indica que así como las omisiones e indolencia de las autoridades estatales, quienes, en un nivel de cinismo exagerado, le han dicho a la madre de Araceli que busque al agresor, que investigue dónde está, a qué hora, qué ropa trae puesta y entonces les llame para agarrarlo.
El punto de acuerdo subraya que la evasión de la responsabilidad por parte del estado en los crímenes contra las mujeres es una lamentable violación a los derechos humanos.
De igual forma, la lucha por la justicia de la familia de Araceli Barranco debe ser visibilizada y exigida en conjunto, como parte de nuestra responsabilidad como representantes populares.
El punto de acuerdo presentado también exhorta a la Secretaría de Gobernación a declarar la alerta de género en Puebla, por considerar que “la situación que enfrentan las mujeres en el estado de Puebla es alarmante”, y resulta urgente tomar medidas jurídicas puntuales para frenar esos actos de impunidad.
