La liberación de Juan Carlos Flores, preso político del gobernador Rafael Moreno Valle, abre los caminos legales para liberar a más presos políticos de la presente administración de gobierno, dijo el analista jurídico Germán Molina Carrillo.
Pero además dijo que ayudó la presión social y política que grupos poblanos ejercieron en la Secretaría de Gobernación federal, con lo que se abren más posibilidades y que el tema de la oposición social deje de politizarse.
Un problema que el director del Instituto de Ciencias Jurídicas encuentra en la entidad poblana es que los poderes Judicial y Legislativo están a la orden del titular del Poder Ejecutivo, y los jueces obsequian órdenes de aprehensión rápida y sin analizarlas de fondo.
Es por eso, que aunque existen muchas denuncias, Molina Carrillo recordó que el retraso de esos procesos lleva línea política, “y otros duermen el sueño de los injustos”, porque en Puebla no hay una impartición de justica igual para todos.
Desde hace cuatro años, recordó el investigador poblano, existe un claro interés del gobierno del estado por amedrentar el activismo social, pero para contrarrestarlo abona las movilizaciones sociales y la presencia y la presión de los últimos días del líder moral del partido Movimiento de Regeneración Nacional, Andrés Manuel López Obrador.
Las estrategias que se plantearon para que salgan los presos políticos, afirmó, han sido efectivas, aunque los procedimientos son tardados por instrucciones del poder ejecutivo poblano.
Y para asegurar la libertad de más presos políticos del régimen morenovallista, dijo Germán Molina Carrillo, la defensa de los inculpados tiene que aportar pruebas, pero también buscar que los procesos no sean tan largos.
Empero dijo que otro obstáculo que existe es que también hay abogados encarcelados, lo que se traduce en una persecución y un hostigamiento en contra de los defensores, para que dejen perder los casos.
De manera paralela, dijo que los jueces poblanos actúan por consigna o son amenazados para no impartir justica de manera correcta. De tal forma que en el estado de Puebla, dijo, se vive una política de represión permanente y vamos hacia atrás. “Afortunadamente, la presión de los grupos sociales y el proceso electoral en marcha abonan para evitar más costos políticos”.
Así como actúa el gobierno poblano, dijo Molina Carrillo, no existen garantías para que en el futuro dejen en paz al activista Juan Carlos Flores, porque en cualquier momento pueden abrirle nuevas averiguaciones previas, “pueden hacerlo en el momento que quieran”.
Empero afirmó que seguramente esperarán a que pasen las votaciones del 7 de junio para retomar la embestida en contra de los activistas, porque el mensaje que mandan es que dan lecciones políticas que el que se oponga se atiene a las consecuencias”.
Si desde el gobierno poblano, puntualizó Molina Carrillo, fueron capaces de matar a un niño, entonces son capaces de todo, por lo que se vive una situación difícil para la población del estado.
En el estado de Puebla no hay una autoridad ministerial que haga justicia a los presos políticos, reveló el analista jurídico, porque encuentran bloqueos y el proceso puede llevar años y los acusados pueden seguir en la cárcel.
Por eso en la entidad poblana nadie puede intervenir para agilizar la libertad de esos presos de conciencia, empero dijo que el camino es recurrir a la justica federal.
Una vez que Juan Carlos Flores, opositor del gaseoducto Morelos, obtuvo su libertad, afirmó Germán Molina Carrillo, es difícil buscar resarcir el daño, por lo que su salida inmediata es contra-demandar.
Tiene que solicitar la reparación del daño moral y ejercer una acción legal en contra del gobierno del estado y de la Procuraduría de Justicia, porque los 10 meses que estuvo en la cárcel también representan un daño irreparable a su reputación, porque a nivel social lo estigmatizan.
Así que el activista social puede demandar y reclamar en tribunales, “esa es la única vía (…) no hay otra posibilidad”, porque se trata que se apliquen sanciones.
Lo más probable, afirmó el director del ICI, es que encuentre respuesta a nivel federal, porque en Puebla no tendrá ese aval, aunque primero tiene que recurrir a la autoridad local y después a la nacional.
Juan Carlos Flores, afirmó el investigador, puede buscar elementos o pruebas que demuestren que el gobierno poblano actuó con dolo en la investigación en su contra, y puede buscar sanciones legales en contra de los funcionarios que intervinieron en el proceso que lo llevó a la cárcel.
Lo que prevé el analista jurídico es que la autoridad federal pueda darle la razón, pero antes tiene que agotar las instancias estatales, porque no puede ir directamente ante la justica federal, concluyó.
