Pablo Rodríguez Regordosa revivió la tesis morenovallista para justificar la represión en la junta auxiliar San Bernardino Chalchihuapan el pasado 9 de julio, durante una protesta que le provocó la muerte a José Luis Tlehuatle Tamayo, niño de 13 años.
En la sesión de preguntas y respuestas, Pablo Rodríguez Regordosa, dirigente municipal del PAN, fue cuestionado por alumnos de la Escuela Libre de Derecho, por las violaciones a los derechos humanos cometidos por el estado de Puebla en el caso Chalchihuapan.
Rodríguez Regordosa pontificó sobre el tema. “… porque la función del Estado es garantizar los derechos a los ciudadanos. ¿Y qué eran lo que manifestaban los manifestantes?”, reiteró el diputado panista.
“¿Sí saben o no saben?”, alzó la voz el ponente.
“Los manifestantes cerraron la carretera porque querían que el Registro Civil pasara a las manos de la junta auxiliar. ¿Y eso qué, compañeros”, minimizó el diputado derechista la demanda de los pobladores por el retorno de los registros civiles a las juntas auxiliares.
“Tienes que cerrar una calle para pedir eso, hubo un error…”
En su experiencia, se generaron dos errores por parte de la administración morenovallista. “Primer error, no documentar oficialmente por parte del gobierno todo lo sucedido. Y, segundo error, es una tragedia horrorosa que haya una pérdida humana de ese muchacho, y está claro que una de las balas. Está claro sobre eso no hay una discusión.
”Y la pregunta qué hacemos es qué hacía ese chiquillo ahí. ¿Qué hacía ahí? Porque los ciudadanos iban con petardos. ¿Por qué? ¿Qué necesidad? Es que personas que están infringiendo la ley lleven a menores como escudos a una acción ilegal. Me parece que es algo muy delicado, es responsabilidad de quienes actúan de esa forma”.
Rodríguez dijo que el gobierno de Puebla ha cumplido con la recomendación 2VG/2014CNDH en torno al caso Chalchihuapan. “El reporte es que el estado ha cumplido”.
El legislador remató: “Y en mi perspectiva prefiero un gobierno que pone orden a uno que permite el desorden”.
La postura de Rodríguez repite la justificación morenovallista.
Apenas este jueves, el jefe de la Oficina de la Gubernatura, Juan Pablo Piña Kurczyn, señaló que el gobierno de Puebla cumplió con la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por las violaciones graves a los derechos humanos de pobladores de Chalchihuapan, sin embargo, reconoció que sólo está en espera de que se haga la evaluación.
En entrevista posterior a la ceremonia de la conmemoración de la promulgación de la Constitución mexicana, donde fue orador, señaló que el cambio de titular de la CNDH retrasó la resolución al ser relevados visitadores generales y otros funcionarios.
Recordó que el gobierno poblano envió oficios a la CNDH, en los que se demuestra el cumplimiento de la recomendación 2VG/2014, que en septiembre esta instancia dirigió a la administración estatal.
Además, el funcionario estatal confirmó que algunos de los afectados ya aceptaron el pago de la indemnización que la recomendación establecía, aunque no abundó con sus nombres ni los montos pagados, al señalar que esos datos están en poder de la Procuraduría General de Justicia (PGJ).
Señaló además que parte del cumplimiento de la recomendación consiste en la capacitación en materia de derechos humanos que se ha brindado a personal de seguridad pública, así como en la entrega de equipo de videograbación para que todos los “actos de autoridad” estén documentados.
