El bloqueo legislativo hacia quienes piensan diferente a la bancada morenovallista genera que iniciativas como la de combatir el acoso laboral, los feminicidios, así como apoyos a estudiantes de escasos recursos hayan sido enviadas a la “congeladora” en el Congreso del estado.
Al rendir su primer informe de labores en la ciudad de Tehuacán, la diputada del Partido Verde Geraldine González Cervantes señaló que en su trabajo legislativo —a partir del 15 de enero de 2014— presentó iniciativas a favor de las mujeres, pero han quedado “congeladas”.
González Cervantes llamó a los integrantes a ajustarse a lo que marcan los reglamentos y que no haya descalificaciones.
Asimismo, recordó que ella en más de una ocasión ha presenciado o sido objeto de señalamientos por sus opiniones y propuestas, a pesar de estar expresamente prohibido por la normatividad interna.
Dijo que lo anterior lleva a pensar, por simple lógica, en qué debemos esperar de la observancia de un acuerdo, cuando una ley, aun teniendo el carácter de obligatoria, no es respetada.
“Coincido con la necesidad de blindar esta máxima tribuna de intereses ajenos a los sociales. La única forma de realizarlo, considero, es acatando puntualmente lo establecido por la norma y no mediante acuerdos que redunden en su contenido”.
Violencia de género, problema latente
En el primer año legislativo, la diputada del Partido Verde Ecologista Geraldine González presentó una iniciativa para crear la fiscalía general de atención de delitos sexuales y contra la integridad física de las mujeres.
Advirtió que la violencia y la discriminación contra las mujeres y niñas es lamentablemente, una de las violaciones más continuas a los derechos humanos en Puebla. Lo anterior se refleja en un repunte en los indicadores de mortandad de género, que se han tipificado como feminicidios reportados en los dos últimos años en la entidad.
Ante la indiferencia de los legisladores, González Cervantes presentó en sesión ordinaria del Congreso del estado un punto de acuerdo para la creación de la fiscalía general de atención de delitos sexuales y contra la integridad física de las mujeres.
“Solicitar al titular del Poder Ejecutivo del Estado que instruya al Procurador General de Justicia y a quien considere pertinente, para realizar las acciones técnicas y materiales necesarias en la creación de la Fiscalía General de Atención de Delitos Sexuales y contra la integridad Física de las Mujeres. Se propone que dicha fiscalía quede adscrita a las Direcciones de Atención a Delitos contra la Mujer y de Atención Integral a la Mujer.
”Solicitar al titular del Poder Ejecutivo del Estado el nombramiento del Fiscal General de Atención de Delitos Sexuales y contra la integridad Física de las Mujeres.
”Solicitar que dentro de las atribuciones de la Fiscalía de nueva creación se prioricen las de vinculación y coordinación con las instancias o autoridades competentes, para la implementación de campañas de educación, información y concientización sobre las causas del feminicidio, así como su respectiva prevención”.
Los feminicidios en Puebla
González Cervantes informó que, según cifras de la Procuraduría General de Justicia, al 20 de octubre de este año se tenían registrados siete casos de feminicidio y 12 durante 2013, mientras que datos del Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos dan cuenta de que fueron 104 casos los ocurridos de 2013 a la fecha, lo anterior se debe particularmente a la calificación del delito y a sus elementos constitutivos.
“En el estado lamentablemente no estamos exentos de estas prácticas. Hechos recientes en los que perdieron la vida Karla López Albert, quien tenía cinco meses de embarazo, e Iraís Ortega, estudiante de la UAP asesinada por su novio y su amante por negarse a abortar, alertan sobre la necesidad de contar con instancias públicas encargadas de la atención y de la prevención de aquellos delitos”.
La diputada del Verde Geraldine González criticó la actitud de los diputados locales que ignoraron su iniciativa de crear la fiscalía general de atención de delitos sexuales y contra la integridad física de las mujeres, pese a que puebla es un “foco rojo”.
Castigar acoso laboral
La diputada del Partido Verde Geraldine González Cervantes presentó la iniciativa de decreto que reforma el artículo 362 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla para combatir el acoso laboral, e indicó que éste se ha agudizado en las maquiladoras.
La legisladora indicó que se busca ampliar la protección de los trabajadores y garantizar ámbitos laborales adecuados a través de la creación del tipo penal de acoso laboral.
Explicó que en el documento se determinan los elementos del delito de acoso laboral y se establecen penas que van de los 50 a los 100 días de salario mínimo.
Expresó que para el caso de reincidencia se plantea, en el ámbito público, el cese de empleos, cargos o comisiones públicos, así como la inhabilitación para desempeñar alguno de ellos por un año; en la industria privada se considera la duplicación de la sanción pecuniaria. De igual forma, se particulariza la protección de menores de edad y de personas con discapacidad, siendo el caso que al presentarse acoso laboral en contra de estos se duplicara la sanción económica desde el primer supuesto.
Dijo que actualmente se aborda el hostigamiento u acoso laboral en la Ley Federal del Trabajo, a través de normas oficiales mexicanas, así como de manuales de regulación interna, como es el caso del emitido por la SCJN. Sin embargo, debido a la inexactitud con que se plantea y a la falta de obligatoriedad y aplicación para el grueso de la población, es importante considerar la creación del tipo penal de acoso laboral en el estado.
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Geraldine González comentó que en el 2014 presentó seis iniciativas de decreto, 13 puntos de acuerdo y tres posicionamientos. “Propuestas con las cuales busqué el fortalecimiento de la salud de los poblanos y el respeto a sus derechos humanos”, además del buen funcionamiento de la administración pública, la protección de grupos vulnerables y la restauración del medio ambiente, el mejoramiento del entorno público, de la educación, de las condiciones en los centros de trabajo, así como la administración e impartición de justicia.
