Se interpusieron 60 solicitudes de juicio de amparo más para sumar alrededor de 500 juicios de garantías entre los distintos colectivos ciudadanos contra el programa de verificación vehicular en Puebla.
La tarde de este jueves, el Frente en Defensa del Medio Ambiente y contra el No Pago de la Multa de Verificación Vehicular interpuso los recursos legales ante el Poder de la Judicatura Federal.
Los integrantes del colectivo refirieron a las puertas del edificio federal que la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial (SDRSOT) no ha publicado de con un documento como en es el periódico oficial del Estado, las medidas donde se perdonan las multas y se da la prórroga, por lo que siguen latentes.
Luis Soriano Peregrina, representante del Congreso Nacional Ciudadano, capítulo Puebla (Conaci), explicó que han tomado datos de distintos bufetes jurídicos, los que suman junto con ellos los cerca de 500 amparos.
Explicó que el anuncio de la prórroga de parte del titular de la SDRSOT, Rodrigo Riestra Piña, solo fue una manifestación de carácter informal.
“Ahora con los amparos tienen que rendir el informe justificado, donde se tienen que decir si hay un acuerdo y el informe sería oficial al rendirlo ante una autoridad judicial”.
Alejandro Carbajal, representante de El Barzón, indicó además que es totalmente ilegal el cobro de tres verificaciones en un mismo año, como se va a dar en 2015.
Recordó que se está cobrando una verificación pasada como la del segundo semestre del 2014, a pesar de que la ley del medio ambiente establece que solo serán dos veces al año este tipo de trámites.
“Hemos recibido mucha inconformidad por los retenes que está implementando policía estatal y municipal”, dijo Ricardo Hernández, integrante del Movimiento de Alternativa Social (MAS),  por lo que exigieron freno al acoso a los ciudadanos.
“La ley establece que la verificación es dos veces al año, pero el hecho de que sean tres veces en 2015, es ilegal, ataca la temporalidad de las normas jurídicas”, dijo.
Al respecto, Luis Soriano mencionó que no se puede obligar al ciudadano cuando ya paso el periodo, ya que no se verifico por la poca estructura de los verificentros, “es un agravio del gobierno no del ciudadano”.
“No había las condiciones, los ciudadanos no tienen la obligación legal de hacerlo en 2015. Es una omisión del estado el que sólo hubiera 17 y cerraran 80 establecimientos”, añadió; no obstante, comentó que a pesar de todo eso aún las autoridades pretende cobrar multas, “al que se debería de multar es al gobierno”, dijo
Reiteraron que demandarán castigo por omisión a los funcionarios de la SDRSOT, con sanciones económicas o la inhabilitación del cargo público.
También anunció que interpondrá una denuncia ante la Contraloría Estatal contra los presuntos responsables por las omisiones cometidas, y a través de la Ley de Transparencia, informó que solicitaron que Rodrigo Piña Riestra responda a 60 preguntas.
“Nos interesa saber cuál es el beneficio que tenemos de los verificentros, si han disminuido los índices de contaminantes en el medio ambiente, si los centros de verificación otorgan mejor servicio que los 86 pasados que fueron clausurados, y otras interrogantes técnicas”, explicó Soriano.
Asimismo, exigió a Riestra que entregue copia del acuerdo de concesiones de cada uno de los verificentros, en qué fecha se otorgaron las concesiones y cuándo comenzaron a funcionar.
En el acto estuvo el académico de la UAP, José Guadalupe Sánchez Jiménez, el dirigente del Movimiento por la Alternativa Social (MAS) Marco Mazatle Rojas y Ricardo Jiménez Ávila; Luis Soriano, integrante del Congreso Nacional Ciudadano, capítulo Puebla (Conaci), y Alejandro Carbajal, dirigente El Barzón.
“Fueron declaraciones mediáticas, pero el gobierno sigue en la misma política represora”, aseveraron.
Por su parte, el dirigente estatal de El Barzón, Alejandro Carbajal, señaló que Puebla es el único estado que ha incumplido con los convenios suscritos en la Comisión Ambiental de la Megalopolis (Came), a favor de la calidad del aire, en el que está suscrito cinco entidades del centro del país.
 “Al gobierno de Moreno Valle no le creemos, porque nos ha engañado desde que asumió la gubernatura”, reclamó.
Detalló que en el comunicado de la SDRSOT no precisa si la multa impuesta va a ser condonada, pues se entiende que se va a devolver a quienes la pagaron, pero a quienes se les impuso se mantiene firme”.