Después de cinco meses de que el Partido Acción Nacional solicitó al Congreso del Estado la destitución de los magistrados del Tribunal Electoral del Estado, la Comisión de Gobernación dio entrada a la misma por lo que los funcionarios deberán comparecer ante los diputados.
El pasado 4 de noviembre, la dirigencia estatal de Acción Nacional ratificó ante el Congreso del Estado la solicitud de destitución de los tres magistrados del Tribunal Electoral del Estado, después de que resolvieran en un solo día el tema de las 14 mil afiliaciones masivas al blanquiazul.
El dirigente estatal del PAN, Rafael Micalco Méndez, argumentó que se presentó a la Secretaría General del Poder Legislativo para solicitar la destitución de los tres magistrados Francisco Javier de Unanue Bretón, Claudia Barbosa Huerta, y Adrián Perdomo Rodríguez por violaciones a la Ley de Servidores Públicos.
En su denuncia, Rafael Micalco señaló que no se les puede llamar magistrados, “toda vez que ellos no se han conducido conforme a lo que establece el marco jurídico, y fue el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el que dictaminó que sus resoluciones de ellos fueron ilegales”.
Al ser cuestionado sobre las declaraciones de Javier de Unanue en el sentido de que se privilegió el interés ciudadano sobre el de un partido político, Micalco Méndez consideró que “callado estaría mejor”. No obstante, insistió en que los magistrados se condujeron bajo intereses propios.
El dirigente panista manifestó que la actuación de los miembros del Tribunal Electoral del Estado fue dolosa; además, “se extralimitaron en el uso de sus facultades en la flagrante violación del derecho de autodeterminación y auto organización de los partidos políticos, al que se refiere el artículo 41 constitucional”.
Advirtió que es evidente la inobservancia de la normativa partidista, pues fue la constante en las impugnaciones presentadas, así como en las demás, que no se nos aceptaron, todas gozan de la misma razón jurídica, por consiguiente el acto combatido es esencialmente idéntico.
El pasado 10 de octubre de 2014, representantes del Comité Directivo Estatal del PAN acudieron al Tribunal a interponer el recurso de impugnación por la afiliación irregular de 14 mil personas; sin embargo, fueron desalojadas de las instalaciones por personal del organismo pretextando cuestiones de seguridad.
En aquellos días, Rafael Micalco denunció que hubo dolo por parte del Tribunal y advirtió que acudirían a las instancias correspondientes.
El dirigente panista indicó que el artículo 41 constitucional prohíbe la afiliación corporativa, por lo que la dirigencia recurrirá a los medios legales y políticos para revertir el resolutivo del Tribunal Electoral del Estado.