Comenzarán juicios de amparo ante la justicia federal en contra de la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial (SDRSOT) por no responder a ningún escrito para transparentar el programa de verificación vehicular.

Ninguno de los planteamientos de organismos civiles inconformes por el maltrato a los ciudadanos en dicho programa ha sido respondido.

Lleva más de dos semanas que la dependencia estatal está enmudecida ante los señalamientos la denuncia ciudadana y preguntas para transparentar la verificación.

Este lunes apenas recibieron un escrito en el que el integrantes del Frente en Defensa del Medio Ambiente y contra el No Pago de la Multa de Verificación Vehicular realizó 60 preguntas por la vía de la ley de transparencia.

Dicho Frente lo integran nueve organismos civiles, quienes en conjunto y por separado han realizado diversas solicitudes, entre ellas la solicitud de castigo contra Mario Rincón González, extitular de la SDRSOT, por las irregularidades en que incurrió.

Luis Soriano Peregrina, representante del Consejo Nacional Ciudadano, capitulo Puebla, explicó que ya se preparan los litigios para iniciar los procesos de amparo ante jueces federales.

“Solamente con los medios de comunicación presentes es como quisieron recibirnos el escrito (de 60 preguntas), pero no nos han contestado ni uno solo desde que empezaron los problemas de los verificentros”, explicó en entrevista.

Indicó que dichos escritos se han entregado de manera individual por cada organización civil y en conjunto como la denuncia popular y el derecho de petición.

“Hubo un escrito de parte de Jorge Méndez, por medio de transparencia que no han contestado, así como la cita que le exigimos a Mario Rincón, pero tampoco nos contestaron”.

Recordó que en una de las peticiones es que se inicie un proceso administrativo contra el ex titular de SDRSOT y ahora precandidato a diputado federal en la Secretaría de Contraloría.

“En cuanto a la papelería que debió haber comprado los verificentros y que ellos debieron haber pagado los nuevos hologramas, pero no han entregado estos documentos”.

Indicó que en algunos casos ya están a punto de promover los amparos por derecho de petición en los distintos escritos.

“En cuanto a la denuncia popular iniciar el procedimiento por ilación procesal sería el amparo”, dijo.

Explicó que debido al incumplimiento que presenta la SDRSOT u omisiones a cumplir como servidores públicos, se podrían también presentar a la Contraloría por incumplimiento de su deber.

“Son de los temas jurídicos que necesitamos sentarnos para ver por qué línea nos vamos a ir. Por el momento son el inicio de los juicios de amparo”, comentó Soriano Peregrina.


 
Las preguntas 

El Frente en Defensa del Medio Ambiente y contra el No Pago de la Multa de Verificación Vehicular, emitieron 60 cuestionamientos o preguntas como derecho de petición y también por la ley de transparencia de Puebla.

Luis Soriano, dijo, que si no son respondidos los cuestionamientos incurrirán las autoridades en omisiones administrativas que pueden ser sancionadas.

Asimismo, se solicitó la documentación siguiente: 

1.- Copia del acuerdo de concesiones de cada uno de los centros de verificación que operan en el estado de Puebla y fecha de otorgamiento de los mismos.

2.- El registro de las verificaciones efectuadas en el periodo de noviembre, diciembre de 2014 y de enero, febrero de 2015 en cada uno de los centros de verificación, omitiendo datos personales.

3.- Entrega del manual técnico de operaciones y/o protocolo de los mismos donde se establece el cálculo de tiempo de las pruebas y espera de los automotores al ingresar al centro de verificación vehicular.

4.- Entrega de los reportes técnicos de las visitas de verificación técnica realizadas a los centros de verificación vehicular que operan en el estado de Puebla.

5.- Exhiba la SDRSOT siendo una institución transparente los comprobantes de pago que por los derechos de certificados y hologramas que deben haberse hecho a favor del estado, por el inicio de labores y desarrollo de las actividades de los nuevos centros de verificación.

Así mismo solicitamos de manera directa de formal contestación tanto a la denuncia popular presentada de fecha nueve de marzo del año 2015, como al escrito de derecho de petición presentado de fecha trece de marzo del año 2015, documentos que como este se encuentran embestidos bajo la normatividad constitucional y que tienen la obligación de dar contestación en un término no mayor a quince días