Ni la Semana Santa sirvió de tregua para que se frenaran los despidos de las distintas dependencias del gobierno estatal, por lo que este lunes exempleados comenzarán una lucha social y legal contra los ataques a sus derechos.
En entrevista con Intolerancia Diario, los exburócratas señalaron que simplemente se están violando todos los derechos constitucionales al ser dados de baja personas sindicalizadas que  supuestamente la ley los protege.
Por lo tanto están convocando a los más de 14 mil burócratas despedidos desde que inicio el sexenio estatal para una reunión este lunes a las 9 horas en el Parque Juárez.
Tan solo en esta Semana Santa, datos señalan que otros 200 burócratas fueron despedidos, los que se unen a los 500 dados de baja a mediados del mes de marzo.
El despido que más llamó la atención fue el del exsecretario general del llamado Sindicato de Burócratas, Héctor Posadas Manzano, quien recibió su carta de cese el miércoles pasado.
El argumento de parte de las autoridades estatales es que los despidos son para hacer frente los recortes presupuestales que se esperan en este 2015 ante la baja del costo del petróleo.
Sin embargo, las leyes en la materia no contemplan que un trabajador sindicalizado sea dado de baja por esta situación, por lo que aseguran, se viola sus derechos.
Las cartas de despido están firmadas por el director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) Juan Alvarado Morfín.
El argumento que se dio es que no hay suficientes recursos para mantenerlos en la nómina, y según los afectados, el plan es dejar fuera del gasto corriente a tres mil empleados antes que finalice el año.
 
La protesta

La convocatoria para comenzar con las protestas se efectuará a través de volanteo al interior de las dependencias gubernamentales; así como por medio de las redes sociales y hasta por mensajes de texto en whatsapp.

Además, se convoca a trabajadores en activo, ante el nulo respaldo del sindicato de burócratas del estado, alegando que todos corren el mismo peligro.
En la Junta Local de Conciliación y Arbitraje no se están dando abasto, el número de demandas presentadas es superior; además, otras realizan trámites en juzgados federales, buscan un amparo.
Los despidos fueron injustificados y sin el pago de finiquitos de personas que llevan de entre 20 a 40 años de antigüedad; incluso, algunos habían comenzado el proceso de jubilación.
Relataron que violaron sus derechos laborales, pues nunca fueron notificados por sus jefes inmediatos, y cuando intentaron entrar a sus oficinas estas estaban cerradas, sin darles tiempo de sacar sus pertenencias.
El miércoles pasado tocó el despido de docenas de trabajadores que laboraban en las áreas de Catastro, Registro Civil y de la Secretaría de Finanzas en diferentes partes del estado.
 
Sindicato títere

El Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (STSPEP) o de burócratas se puso del lado de las autoridades estatales ante la ola de despidos de sus agremiados en las diferentes dependencias.
Fuentes del organismo sindical señalaron hace unos días se realizó una reunión entre la secretaria general Rosalía Barranco Hernández y los distintos delegados, donde enfáticamente les pidió que no se metieran en problemas.
Extraoficialmente se menciona que el gobierno del estado ya tiene un listado de 5 mil trabajadores que serán o están siendo despedidos e incluso que se les obliga a jubilarse.
Ante estos nuevos despidos las autoridades estatales han guardado silencio, lo que ha mantenido la zozobra en las oficinas gubernamentales.
Cientos de burócratas han quedado en estado de indefensión, sobre todo porque el STSPEP, no ha hecho nada para apoyarlos.
Durante la noche del pasado viernes, cuentan algunos despedidos, en una asamblea extraordinaria de delegados en el Sindicato, Rosalía Barranco, exigió a los trabajadores que se respeten las decisiones del gobierno del estado.
Les dijo que debe haber un respeto mutuo, entre la base trabajadora y sus patrones como son los funcionarios del gobierno del estado, al pedirles que respondan a la crisis con trabajo.
“Nos dijo que ya no hiciéramos grillas, que no habláramos con la prensa y evitáramos las reuniones entre nosotros, sobre todo en nuestros trabajos para discutir el problema de los despidos”, indicó uno de los afectados.
Inclusive señalaron, en entrevista, que Rosalía Barranco les habló de “enemigos imaginarios”, ya que no existe clima de inestabilidad laboral, sino gente de fuera que pretende en verdad desestabilizar a la administración de Rafael Moreno Valle.
Por lo tanto, pidió a los delegados que les dijeran a sus representados del gremio no llamar la atención para evitar que se extienda la lista de trabajadores que van a ser despedidos.
“Ni siquiera ofreció una defensa jurídica, para protegernos, pero si nos pidió que nos calláramos la boca”.
En tanto, este medio de comunicación ha solicitado desde la semana pasada una entrevista con la secretaria del Sindicato, sin obtener respuesta. 

 No firmar

Al respecto, el abogado laboral, Luis Soriano Peregrina, recomendó a los trabajadores que están siendo dados de baja a no firmar, ya que de este modo perderían todos sus derechos.
Explicó en entrevista que el lleva al menos 28 casos de trabajadores que fueron dadas de baja desde 2011 en el cambio del sexenio, procesos que van muy avanzados y a punto de ganar.
Indicó que el gobierno de Puebla tiene todas las de perder en los juicios laborales que hay en su contra, lo que finalmente terminará siendo en detrimento a los recursos públicos.
Debido a esta situación, se le pueden fincar responsabilidades a las actuales autoridades estatales, debido a que están dañando el patrimonio público.
Indicó que siempre este tipo de juicios, en un 80 o 90 por ciento son ganados por los trabajadores, a pesar de las amenazas de que tienen controlado todo.
“Podrán controlar el Tribunal de Arbitraje Laboral, la Junta Local de Conciliación, pero aunque se pierda en estos laudos, aún se puede recurrir al juicio de amparo ante la justicia federal”.
Dijo que casi siempre se les corrige la plana a los juzgados estatales, debido a que el gobierno no puede demostrar o justificar el despido del empleado.
Indicó que en este caso de los recientes despedidos el alegato de que se les da de baja por los recortes presupuestales no es una justificación, ya que el gobierno por ley primero debe anteponer el derecho al trabajo.
“Debe hacer otros recortes, como en el uso del helicóptero, como los gastos en comidas, eventos u obras, pero no dando de baja, lo que se reclama y siempre se gana en tribunales”, dijo.
Por lo tanto, recomendó a las personas despedidas a asesorarse con buenos abogados laborales, quienes si llevan bien los casos, ganarán los finiquitos de ley que podrían llegar incluso a los embargos.