La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) solicitó a distintos funcionarios del gobierno de Puebla información del estatus sobre el caso Chalchihuapan, que incluya la sanción al secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas.
Documentos en poder de Intolerancia Diario, entregados por CNDH mediante la Ley de Transparencia, detallan las solicitudes que ha girado el organismo federal para esclarecer el cumplimiento de la recomendación girada el año pasado por la violación grave de derechos humanos.
Son cuatro oficios en los que la CNDH pide a distintas áreas del gobierno la información para esclarecer si se cumplió o no la recomendación.
Entre lo solicitado destaca el procedimiento administrativo en contra de Facundo Rosas, así como la entrega de los cheques a los damnificados y el monto del fideicomiso creado para indemnizar a los afectados.
Asimismo, solicitó al gobierno de Puebla pruebas de que en la “disculpa pública” hayan estado presentes los afectados, lo que ya fue revelado hace unos días por este mismo medio de comunicación.
Los cuatro oficios son los únicos que giró la CNDH al gobierno de Puebla en torno a la recomendación 2VG/2014 hasta el mes de febrero, cuando fueron solicitados vía Infomex.

El fideicomiso

En el oficio 4069, girado al director de atención a víctimas del delito de la Procuraduría General de Justicia de Puebla (PGJ), Eleazar Carrillo Camacho, se pide información de los del fideicomiso para indemnizar a afectados por los ataques policiacos en la trifulca de Chalchihuapan.
La CNDH solicitó, el 28 de enero pasado, la cantidad de cheques que se han entregado y los nombres de las víctimas a las que se les ha reparado el daño.
Asimismo, señalan que en caso de que nadie se hubiera presentado a reclamarlos, qué acciones llevó a cabo la PGJ para lograr que a las víctimas les fuera reparado el daño de manera integral.
Además, solicitó el organismo el registro que se elaboró para identificar a cada una de las víctimas y sus familiares, además de identificar el tipo de reparación que se otorgaría a cada uno.

Fiscal

El oficio 4070 fue girado el 29 de enero de 2015 al fiscal especial para el esclarecimiento de los hechos en Chalchihuapan, José Antonio Pérez Bravo.
En el mismo se solicitó el estatus que guarda la averiguación previa 04/FECH/2014, así como las diligencias que faltaban hasta entonces para que terminara la indagatoria y el tiempo estimado para ello.
Asimismo, pidió CNDH al gobierno poblano la información de la consignación de los probables responsables, y en su caso señalar las fechas de la consignación ante un juez y los nombres de los detenidos.
Además, se pidió copia del procedimiento administrativo en contra de seis elementos policiacos, luego de que se abrió la queja ante el control interno de la PGJ 110/2014/VSTJ.

Contraloría

El oficio 4071 fue girado al titular de la Secretaría de la Contraloría (SC), Malcom Alfredo Hemmer Muñoz, a quien le recuerdan en el documento que en la recomendación se pidió se promoviera una queja ante el órgano de control interno de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE).
Al respecto, la SC informó que se abrió el expediente SC.SAGC.DSSPPGJ.DJQD/10C.10,9/54.2014 en contra del titular de la SSPE, Facundo Rosas, y el personal que participó en los acontecimientos de Chalchihuapan.
“… mismo que informó había quedado resuelto sancionándosele al titular de la Secretaría, y a tres elementos de la policía”, señala el texto de la CNDH.
Por lo tanto, se solicitó a la dependencia estatal la copia integra y certificada del procedimiento administrativo de cada uno de los servidores públicos sancionados.
Asimismo, se señala que la SC informó que se abrió otro expediente similar en contra de 426 elementos que participaron en la represión en Chalchihuapan.
En este caso, también CNDH solicitó los avances y estatus de los procedimientos instaurados para el deslinde de la reparación del daño de los 426 elementos policiacos.
“Cuántos y cuáles elementos en cita, han resultado administrativamente responsables de los hechos y cuántos y cuáles han sido absueltos”, señala textualmente el organismo defensor de las garantías individuales.

La disculpa

En el cuarto documento, como informó Intolerancia Diario hace unos días, se solicita el esclarecimiento de la llamada “disculpa pública” a los afectados de Chalchihuapan.
En el documento entregado por medio de la Ley de Transparencia por Intolerancia Diario, el organismo pide al ahora exjefe de la oficina del gobernador, Juan Pablo Piña Kurczyn, un listado de las personas presentes en el acto realizado el 17 de octubre de 2014.
Y es que la llamada “disculpa pública” del gobierno del estado a afectados por la represión en Chalchihuapan se hizo de la forma más sombría, con funcionarios de segundo nivel y en tres minutos.
El 1 de marzo Intolerancia Diario reveló por primera vez el video donde el gobierno de Puebla emitió la llamada “disculpa pública”, para lo que dedicó solamente unas cuantas palabras.
Sin afectados, ni reporteros, con 22 personas sentadas —supuestos trabajadores del gobierno estatal— y 3.35 minutos bastaron para que el gobierno del estado emitiera su “disculpa pública” por el caso del enfrentamiento en Chalchihuapan, tras la recomendación de la CNDH.
El video fue entregado por la CNDH también mediante otra solicitud por medio de la Ley de Transparencia.
En el documento con número de oficio 04068, emitido el 28 de enero de 2015, la CNDH tras un análisis de las documentales entregadas por el gobierno de Puebla de la “disculpa pública”, pidió un listado de las personas presentes en el evento.
“… le solicito amablemente nos informe quienes de los asistentes a la ceremonia fueron identificados como víctimas y/o familiares de estas y nos envíe copia de la lista de las personas presentes en dicho evento”, señala textualmente el documento.
Además, con fundamento en el artículo 106 del reglamento interno de la CNDH, solicitó al gobierno estatal que proporcione una fotocopia integra, foliada y certificada de todas y cada una de las constancias con la que sustente el informe que rinda.
Cabe destacar que en el oficio se señala que el evento avalado por el titular de la Notaria Pública 22, Horacio Hidalgo Mendoza, por lo que se entregó a la CNDH el instrumento notarial 32.445, en el que se dio fe de los hechos, además de anexarse 10 fotografías y un vídeo.

La recomendación

El 9 de julio de 2014, un grupo de pobladores de Chalchihuapan cerraron la autopista Atlixcayotl, que comunica a la ciudad de Puebla con Atlixco.
Para desbloquearla, autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, encabezada por Facundo Rosas, montó un operativo desde muy temprana hora, según la investigación de la CNDH.
Esto indica que las autoridades poblanas sabían del movimiento desde un día antes pudieron negociar, sin embargo, prefirieron el uso de la fuerza.
En el operativo de desalojo, de los 426 policías estatales, 32 portaban lanzaderas y diversas armas de dispersión, las que fueron utilizadas sin medida contra la población.
De este modo salieron al menos diez lesionados de los manifestantes y más de 40 de policías, aunque no se pudo documentar el número, debido a que muchos ni siquiera los atendieron las unidades médicas del gobierno estatal.
Entre los lesionados se encontraba el menor José Luis Tlehuatle Tamayo, quien falleció 10 días después, producto de la lesión que sufrió en la cabeza por una lata de gas lacrimógeno lanzada por las autoridades.
Esta situación generó una investigación de la CNDH, la que culminó el 11 de septiembre con la recomendación al gobierno de Puebla de llevar a cabo 11 puntos, al comprobarse que policías estatales abusaron de la fuerza y fueron los responsables de la muerte del niño de 13 años de edad.