Finalmente, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) admitió —oficialmente y ante diputados federales— que el gobierno de Puebla aún no cumple con la recomendación hecha por la violación grave de los derechos humanos en el caso Chalchihuapan.
En visita a la Cámara de Diputados en San Lázaro, de la ciudad de México, el presidente del organismo Luis Raúl González Pérez no olvida que sólo se ha cumplido parcialmente.
“Algunos puntos de esa recomendaciones ya han sido cumplidos, pero faltan otros: el de las responsabilidades lo tenemos abierto; tenemos el de la disculpa pública;  el de alguna averiguación que está en integración y no se ha consignado, por citar algunos”, reconoció el ombudsman.
Y entre bromas, la diputada federal Roxana Luna le indicó a González Pérez que solicitará medidas cautelares ya que su gestión como diputada concluirá.
Dijo que en repetidas ocasiones se ha reunido tanto con representantes de las comunidades afectadas, como con autoridades estatales.

La legisladora perredista llevó una pancarta con la leyenda: “¿Cuánto tiempo más para atender Puebla? En un año 154 presos políticos”.
La semana pasada, Intolerancia Diario reveló que la CNDH solicitó a distintos funcionarios del gobierno de Puebla información del estatus sobre el caso Chalchihuapan, el cual incluya la sanción al secretario de Seguridad Pública Facundo Rosas Rosas.
Documentos entregados mediante la ley de transparencia detallan las solicitudes que ha girado el organismo federal para esclarecer el cumplimiento de la recomendación girada el año pasado por la violación grave de derechos humanos.
Son cuatro oficios en los que la CNDH pide a distintas áreas del gobierno la información para esclarecer si se cumplió o no la recomendación.
Entre lo solicitado destaca el procedimiento administrativo en contra de Facundo Rosas, así como la entrega de los cheques a los damnificados y el monto del fideicomiso creado para indemnizar a los afectados.
Asimismo, solicitó al gobierno de Puebla pruebas de que en la “disculpa pública” hayan estado presentes los afectados, lo que ya fue revelado hace unos días por este mismo medio de comunicación.
Los cuatro oficios son los únicos que giró la CNDH al gobierno de Puebla en torno a la recomendación 2VG/2014 hasta el mes de febrero, cuando fueron solicitados vía Infomex.
En el oficio 4069, girado al director de atención a víctimas del delito de la Procuraduría General de Justicia de Puebla (PGJ), Eleazar Carrillo Camacho, se pide información de los del fideicomiso para indemnizar a afectados por los ataques policiacos en la trifulca de Chalchihuapan.
La CNDH solicitó, el 28 de enero pasado, la cantidad de cheques que se han entregado y el nombre de las víctimas a las que se les ha reparado el daño.
Asimismo, señalan que en caso de que nadie se hubiera presentado a reclamarlos, qué acciones llevó a cabo la PGJ para lograr que a las víctimas les fuera reparado el daño de manera integral.
Además, solicitó el organismo el registro que se elaboró para identificar a cada una de las víctimas y sus familiares, además de identificar el tipo de reparación que se otorgaría a cada uno.
El oficio 4070 fue girado el 29 de enero de 2015 al fiscal especial para el esclarecimiento de los hechos en Chalchihuapan, José Antonio Pérez Bravo.
En el mismo se solicitó el estatus que guarda la averiguación previa 04/FECH/2014, así como las diligencias que faltaban hasta entonces para que terminara la indagatoria y el tiempo estimado para ello.
Asimismo, la CNDH pidió al gobierno poblano la información de la consignación de los probables responsables, y en su caso señalar las fechas de la consignación ante un juez y los nombres de los detenidos.
Además se pidió copia del procedimiento administrativo en contra de seis elementos policiacos, luego de que se abrió la queja ante el control interno de la PGJ 110/2014/VSTJ.
El oficio 4071, fue girado al titular de la Secretaría de la Contraloría, Malcom Alfredo Hemmer Muñoz, a quien le recuerdan en el documento que en la recomendación se pidió se promoviera una queja ante el órgano de control interno de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE).

Al respecto, la SC informó que se abrió el expediente SC.SAGC.DSSPPGJ.DJQD/10C.10,9/54.2014 en contra del titular de la SSPE, Facundo Rosas y el personal que participó en los acontecimientos de Chalchihuapan.
 “(…) mismo que informó había quedado resuelto sancionándosele al titular de la Secretaría, y a tres elementos de la policía”, señala el texto de la CNDH.
Por lo tanto, se solicitó a la dependencia estatal la copia integra y certificada del procedimiento administrativo de cada uno de los servidores públicos sancionados.
Asimismo, se señala que la Contraloría informó que se abrió otro expediente similar en contra de 426 elementos que participaron en la represión en Chalchihuapan.
En este caso, también la CNDH solicitó los avances y estatus de los procedimientos instaurados para el deslinde de la reparación del daño de los 426 elementos policiacos.
 “Cuántos y cuáles elementos en cita, han resultado administrativamente responsables de los hechos y cuántos y cuáles han sido absueltos”, señala textualmente el organismo defensor de las garantías individuales.


 No podemos voltear la cara o ser indiferentes ante estas realidades que de manera cotidiana nos cuestionan y confrontan. Es necesario actuar y en esta tarea los mejores resultados sólo se podrán lograr mediante acciones coordinadas que tengan como objetivo común el incidir favorablemente en la vigencia y respeto de los derechos humanos en México

Luis Raúl González Pérez

 

A destacar


El ombudsman afirmó igualmente que México atraviesa un complejo desafío en el ámbito de los derechos humanos, cuya crisis en algunas regiones del país, es evidente. “Esta situación no se agota con lo sucedido en Chalchihuapan, Tlatlaya o Iguala. Advertimos elementos preocupantes en hechos como los relativos al trabajo de los jornaleros de San Quintín, los riesgos y adversidades que enfrentan los migrantes, así como en la inseguridad y violencia en ciertos lugares”. 

 

“Cuántos y cuáles elementos en cita, han resultado administrativamente responsables de los hechos y cuántos y cuáles han sido absueltos”, señala textualmente el organismo defensor de las garantías individuales.