Ante las crecientes denuncias electorales, acusaciones y descalificaciones entre los candidatos a diputados federales y sus partidos políticos, el riesgo que se judicialicen los comicios del 7 de junio es creciente, reveló el analista político, Paulino Arellanes Jiménez.

Y aunque dijo que el estado de Puebla está encaminado a esa situación, recomendó que la judicialización del proceso electoral se realice antes de la elección, porque tradicionalmente, y así va a suceder en esta ocasión, se va a sancionar y se va a penalizar a los partidos políticos, pero después de las votaciones.

Por ejemplo, dijo que después del 7 de junio, dirán que tienen que pagar tantos millones por gastar más allá de lo autorizado para las campañas, pero lo recomendable, reiteró, es que el proceso de llevar a los tribunales la elección se presente antes de las votaciones.

Si bien es evidente que hay abusos en el gasto de campaña, reveló el politólogo de la facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAP, lo más sano es que ese posible proceso de judicialización se presente antes del día de las votaciones, para que la normatividad ayude al poblano, a tomar una decisión el 7 de junio.

Así como están las campañas, dijo Arellanes Jiménez, la contienda electoral en algunos distritos poblanos está encaminada a judicializarse, aunque lo malo de eso es que las sanciones vienen después del proceso.

“Yo considero que se debe judicializar ahorita, en el proceso y si a esas vamos, muchos de los partidos políticos tendrían que perder su registro y no solamente el partido Verde que está en tela de juicio en el ámbito nacional.

Judicializar el proceso electoral, reveló el investigador universitario, significa llevar la elección a los tribunales, pero el INE no lo hace por una razón, porque significaría echar abajo toda una normatividad e institucionalidad que se creó en el presente sexenio, por lo tanto, no se atreven a judicializar.

Paulino Arellanes Jiménez recordó que México es de los pocos países que a través del gobierno se entrega recursos importantes a los partidos registrados, pero se trata de una gran cantidad de dinero de nuestros impuestos.

Ante eso, dijo que el gobierno debe ser administrador de ellos y no repartidor de los mismos, pero lamentablemente por el alto grado de corrupción que existe en el sector público, no se puede dar el paso siguiente que sería que la iniciativa privada pudiera financiar a los partidos políticos en sus campañas.

De esa manera, reveló, se pueden evitar los altos indicadores de corrupción que existen en los gobiernos actuales, que de manera desmedida, destinan recursos públicos para las campañas políticas.

El problema, apuntó, es que dado el nivel de corrupción que existe en los sectores públicos no ha sido posible que las normatividades indique que sea la iniciativa privada quien apoye financieramente al 100 por ciento las campañas, además de los propios recursos voluntarios que militantes podrían aportar a los partidos políticos.

Esa sería la forma de evitar que el financiamiento venga de lo público porque es demasiado dinero que se desperdicia, “y como bien lo sabemos, porque la democracia no avanza y caemos en la partidocracia”.

La observación

“Judicializar el proceso quita legitimidad a partidos y candidatos, porque llegan manchados y obviamente pierden credibilidad, porque aún cuando ganen”, la población que no haya votado por ellos los va juzgar mal porque ya no le va a creer, por mucho que lleve a cabo acciones positivas, considera Paulino Arellanes.