El secretario jurídico del CEN del PRI, Sadot Sánchez Carreño, presentó este sábado una denuncia ante la Fepade, en contra de diversas personas y empresas que han falsificado paquetes electorales y presionan y pagan hasta 10 mil pesos a funcionarios electorales de comunidades en extrema pobreza, en el estado de Puebla, para favorecer a los candidatos del PAN.
De acuerdo con la denuncia entregada ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, el representante jurídico del PRI pide a ese órgano investigador realizar las pesquisas sobre la actuación del diputado local Jorge Aguilar Chedraui, Eduardo Torres Chedraui, Eukid Castañón, Omar Blancarte Montaño, Juan Ernesto Lemus Mijares, Rafael Castro Fernández Lara,  Ángel Fernández Téllez Sánchez y Armando Prida.
Asimismo, de las empresas Gibes Publicidad, Industrias Aranza, Logística Infraestructura Empresarial en Diseño, Alegra y Litografía Magnograf, mismas que estarían involucradas en los hechos.
Las acciones ilegales de las que se les acusa consisten en que los acusados cuentan con materiales electorales falsos, presuntamente elaborados por las empresas de diseño e impresión, por órdenes de las citadas personas.
Las boletas electorales falsas han sido cruzadas como votos favorables a los candidatos del Partido Acción Nacional e introducidas en los paquetes que habrán de ser entregados al concluir la jornada electoral de este domingo en los comités distritales correspondientes.
Los paquetes falsos ya integrados son acompañados por supuestas actas de escrutinio que asignan número de votos para cada partido en donde siempre gana el PAN, mismas que se presentan ante los funcionarios de las casillas en sus domicilios particulares para que las firmen a cambio de cantidades en efectivo de hasta 10 mil pesos.
Sánchez Carreño afirmó que para la realización de ese operativo se utiliza el relleno en forma descarada de las urnas con las boletas falsas y el traslado de los paquetes se realiza a través de vehículos de transporte público que controla el gobierno del estado de Puebla.
El representante priista exigió una investigación exhaustiva, a efecto de que, de encontrarse responsables a las personas y empresas involucradas, se ejercite acción penal en los términos establecidos por la ley.