Para el gobierno de Puebla, la vida del niño José Luis Tlehuatle Tamayo y mutilaciones a pobladores de Chalchihuapan fueron valuadas en multas que apenas llegan a los 500 mil pesos e indemnizaciones que van desde los 30 mil a 330 mil pesos.
Así se comprueba mediante documentos entregados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a Intolerancia Diario, solicitados mediante la ley de transparencia, bajo el folio Infomex 29115.
La sanción a quien estuvo en todo momento al frente del operativo que cimbró al gobierno de Puebla, el secretario de Seguridad Pública Estatal (SSPE), Facundo Rosas Rosas, apenas alcanzó una multa de 500 mil pesos –que se ha negado a pagar– y una amonestación.
A diferencia del titular, sus tres subalternos si fueron sustituidos, además de ser multados, dos de ellos por 125 mil pesos y uno por 250 mil pesos.
En tanto, cinco de las nueve víctimas con graves lesiones ya han aceptado una indemnización de poco más de un millón de pesos en conjunto, con cifras que van desde los 30 mil, hasta los 333 mil pesos.
A pesar de comprobarse ilegalidades, a cerca de un año de los hechos en Chalchihuapan, ninguna autoridad se encuentra en prisión, a diferencia de tres pobladores a quienes se les ha aplicado todo el peso de la ley.
El 9 de julio de 2014, manifestantes de la referida localidad se enfrentaron a Policías Estatales, en un desalojo violento de la autopista Puebla-Atlixco, donde resultaron decenas de lesionados y el niño muerto.
Esto derivó en una investigación de la CNDH, la cual terminó en la recomendación 2VG/2014 por comprobarse la violación grave de los derechos humanos de los manifestantes, la cual no se ha cumplido a cabalidad, según el mismo organismo.
A diferencia de la CNDH, el gobierno de Puebla ha mantenido bajo reserva toda información del caso Chalchihuapan, alegando que sigue el proceso tras una serie de solicitudes de información.

Solicitudes y respuestas

En enero del 2015, la CNDH solicitó a distintos funcionarios del gobierno de Puebla información del estatus sobre el caso Chalchihuapan, para esclarecer el cumplimiento de la recomendación 2VG/2014.
Fueron cuatro oficios en los que la CNDH pidió a distintas áreas del gobierno la información para esclarecer si se cumplió o no la recomendación
Así lo reveló Intolerancia Diario en abril pasado tras otra solicitud de transparencia bajo el folio Infomex 20115.
Entre lo solicitado destacó el procedimiento administrativo en contra de Facundo Rosas, así como la entrega de los cheques a los damnificados y el monto del fideicomiso creado para indemnizar a los afectados.
Los cuatro oficios son los únicos que giró la CNDH al gobierno de Puebla en torno a la recomendación 2VG/2014 hasta el mes de febrero, cuando fueron solicitados.
Por lo tanto, Intolerancia Diario solicitó mediante el oficio infomex 29115 las respuestas del gobierno estatal a la CNDH, la que fueron entregadas hace unos días.

Contraloría

En el oficio 4071, girado por la CNDH al titular de la Secretaría de la Contraloría (SC), Malcom Alfredo Hemmer Muñoz, le recuerdan que en la recomendación se pidió se promoviera una queja ante el órgano de control interno de la SSPE.
Al respecto, la SC informó que se abrió el expediente SC.SAGC.DSSPPGJ.DJQD/10C.10,9/54.2014 en contra del titular de la SSPE, Facundo Rosas y el personal que participó en los acontecimientos de Chalchihuapan.
En su respuesta, la SC mediante el oficio 299, sin mencionar nombres y sólo cargos se detallan las sanciones a los funcionarios públicos.
Al secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas, le fincaron una amonestación y una multa de 500 mil pesos.
A la subsecretaria de coordinación y operaciones policiales de la SSPE, Ofelia Flores Ramos, la destitución y multa de 250 mil pesos.
Asimismo al coordinador de despliegue territorial y encargado de despacho de la dirección de la Policía Estatal Preventiva, Yahir Bibiano Sánchez y director de operaciones policiales, Wilibaldo Ramón Díaz, fueron destituidos y multados con 125 mil pesos cada uno como sanción.
Además se menciona a seis elementos de la SSPE, tres con cargos de oficial razo o policía A, dos policías Tercero  A, así como un subinspector  y coordinador regional, con destituciones e inhabilitación de 2 a 4 años.

Al final la SC

Semanas después de la trifulca en Chalchihuapan, salió a la luz pública un audio se escucha a Ofelia Flores, dar la orden de gasear a los vecinos de Chalchihuapan durante el desalojo.
En la conversación puede escucharse el diálogo entre los funcionarios relevados, Wilibaldo Ramón Díaz, Jefe de Operaciones Policíacas, y Yahir Bibiano Sánchez, coordinador de Despliegue Territorial.
Ofelia Flores Ramos, Wilibaldo Ramón Díaz y Yahir Bibiano Sánchez, junto con el secretario de Seguridad Pública Estatal, Facundo Rosas Rosas, fueron señalados el 11 de septiembre por el ombudsman Raúl Plascencia Villanueva como responsables por la violencia contra los vecinos de San Bernardino Chalchihuapan según la recomendación de CNDH.
A Facundo Rosas, junto con los mandos medios, la CNDH los responsabilizó por las heridas de 70 vecinos, 9 de ellos mutilados, la muerte del niño José Luis Tlehuatle Tamayo así como por las lesiones que sufrieron 49 policías estatales a su cargo.
Contra ellos el entonces ombudsman Plascencia ordenó iniciar procedimientos administrativos y penales. Nadie está en prisión hasta la fecha
Por las agresiones seis policías estatales fueron encarcelados, sin embargo obtuvieron su libertad bajo caución el 24 de diciembre de 2014, porque los integrantes de la Primera Sala Penal consideraron que las lesiones no fueron graves ni llevaban la intención de cometer un homicidio.  

Presiones y pagos

En el oficio 4069, girado al director de atención a víctimas del delito de la Procuraduría General de Justicia de Puebla, Eleazar Carrillo Camacho, se pidió información de los del fideicomiso para indemnizar a afectados por los ataques policiacos en la trifulca de Chalchihuapan.
La CNDH solicitó el 28 de enero de 2015, la cantidad de cheques que se han entregado y el nombre de las víctimas a las que se les ha reparado el daño.
Además, solicitó el organismo el registro que se elaboró para identificar a cada una de las víctimas y sus familiares, además de identificar el tipo de reparación que se otorgaría a cada uno.
En la respuesta firmada por Eleazar Carrillo Camacho, el gobierno estatal señala que cinco de las victimas ya cobraron sendos cheques por concepto a reparación del daño, los cuales en conjunto apenas supera el millón de pesos.
Al omitirse los nombres por la ley de protección de datos, personales, se detalla que se entregaron los cheques con cantidades distintas, todos de Scotiabank Inverlat.
El primer cheque fue el número 3765288 de 333 mil 847 pesos con 30 centavos, entregado el 27 de enero de 2015; para el 3 de febrero de este mismo año, se giró el cheque 3825553 por 301 mil 458 pesos.
El 6 de febrero de 2015, se entregó el cheque 3765281 por 146 mil 692.20 pesos; mientras que el documento bancario 3765284, fue entregado el 10 de febrero por la cantidad de 211 mil 865 pesos con 79 centavos.
Finalmente, el quinto cheque 3765287 fue girado el 11 de febrero pasado por la cantidad de 30 mil 841 pesos con 25 centavos.
Además la PGJ entregó a la CNDH el registro que se elaboró para identificar a cada una de las víctimas, en el que se señala el tipo de reparación que se otorgara.
En la recomendación 2VG/2014 se hace alusión a 14 víctimas identificadas por la CNDH, entre las que se encuentra el menor Tehuatle Tamayo.
Las víctimas identificadas son Martín Romero, Hugo Jiménez Varela, Gilberto Varela Tecalero, Vicente Tecalero, Filemón Pacio, Juan Xelhua Ocotl, Javier Jiménez Xelhua, Víctor Antonio Contreras Montes y  Heraclio Nezáhuatl.
Martín Romero Montes, fue impactado en la mejilla con un proyectil de goma lanzado por los policías, tras más de ocho meses de tratamientos y cuatro operaciones recuperó por fin la voz.
Los pagos médicos le costaron alrededor de 300 mil pesos, como lo relató en entrevista a Intolerancia Diario a principios de febrero de 2015.
Los médicos debieron reconstruirle el maxilar y  darle tratamiento para que le fueran instaladas dos placas de metal y rehabilitación para poder volver a hablar.
Incluso, tras el impacto del proyectil, Martín Romero ahora padece diabetes. 

Los hechos

El 9 de julio de 2014 un grupo de pobladores de Chalchihuapan cerraron la autopista Atlixcáyotl, que comunica a la ciudad de Puebla con Atlixco.
Para desbloquearla, autoridades de la SSPE, encabezada por Facundo Rosas, montó un operativo desde muy temprana hora.
Esto indica que las autoridades poblanas sabían del movimiento desde un día antes pudieron negociar; sin embargo, prefirieron el uso de la fuerza.
En el operativo de desalojo, de los 426 policías estatales, 32 portaban lanzaderas y diversas armas de dispersión, las que fueron utilizadas sin medida contra la población.
De este modo salieron al menos diez lesionados de los manifestantes y más de 40 de policías, aunque no se pudo documentar el número, debido a que muchos ni siquiera los atendieron las unidades médicas del gobierno estatal.
Entre los lesionados se encontraba el menor de 13 años de edad, José Luis Tlehuatle Tamayo, quien falleció 10 días después, producto de la lesión que sufrió en la cabeza por una lata de gas lacrimógeno lanzada por las autoridades.