El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, Sergio Céspedes Peregrina, aseguró que el caso Chalchihuapan no está cerrado, y aclaró que una vida humana no tiene precio, y lo que hay que buscar es que se llegue hasta las últimas consecuencias.
Expresó que lo que espera la Legislatura es que los responsables cumplan con lo que establece la ley, y que se pueda mandar un mensaje a la sociedad, donde se castigue a los responsables y a quien no cumple con la ley.
Comentó que con la nueva Ley de Transparencia este tipo de hechos no pueden quedar impunes, además de que se conocerá si se cumplieron o no las recomendaciones que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Aseguró que la “Ley para proteger los derechos humanos y que regula el uso legítimo de la fuerza por parte de los elementos de las instituciones policiales del estado de Puebla” no fue la causa de la represión del 9 de julio de 2014.
Advirtió que la propia comisión basó sus recomendaciones en que se incumplió la ley.
Céspedes Peregrina anunció que el tema será tratado en comisiones, además de que no ha llegado nada en concreto por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos al Congreso del estado, en el sentido de si fueron o no cumplidas las recomendaciones.
“Acción penal contra Facundo”
El coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, Julián Peña Hidalgo, advirtió que el gobierno se ha convertido en juez y parte, lo que ha dejado que funcionarios como Facundo Rosas se mantengan en el cargo.
Luego de que se dio a conocer que el secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas, fue multado únicamente con 500 mil pesos como responsable del operativo del 9 de julio en el que un disparo de la policía dio muerte al menor José Luis Tehuatle Tamayo, Peña Hidalgo dijo que el problema es que se da la autoprotección.
Julián Peña Hidalgo demandó que se aplique la ley en contra de los responsables de la muerte del menor José Luis Tehuatle, al señalar que no se ha hecho justicia a casi un año de los hechos.
El legislador local que votó en contra de la llamada “ley Bala” indicó que desde el 19 de mayo, cuando se aprobó la “Ley para proteger los derechos humanos y que regula el uso legítimo de la fuerza por parte de los elementos de las instituciones policiales del estado de Puebla”, la entidad vivió en medio de mentiras.
Recordó que el documento que se votó en el pleno y el que se publicó en el Periódico Oficial no fue el mismo, ya que el primero sí contemplaba el uso de armas de fuego.
Peña Hidalgo sostuvo que él aún conserva el documento que les entregaron a los diputados el 19 de mayo de 2014, que en sus artículos tiene la autorización para que en las manifestaciones se utilizaran las armas de fuego.
Indicó que ahora hay que ejercer acción penal en contra de Facundo Rosas, los elementos que lesionaron a la gente de San Bernardino Chalchihuapan, además de atender el dictamen de la CNDH detenidamente, ya que indica serias violaciones a los derechos humanos.
Julián Peña manifestó que se ha demostrado que existe responsabilidad penal de funcionarios de primer nivel, como el secretario de Seguridad pública, Facundo Rosas, y la petición es que se proceda conforme al Estado de Derecho.