La pesadilla para los estudiantes de la Universidad Autónoma de Puebla acusados de terrorismo por el gobierno de Puebla no termina, luego de que el proceso en su contra continúa.
Ni siquiera la Procuraduría General de Justicia ha iniciado las investigaciones luego de que sus elementos irrumpieron en las viviendas de siete alumnos la noche del 5 de junio pasado.
No obstante, el procurador Víctor Carrancá Bourget advirtió que continúan las investigaciones en contra de los estudiantes acusados por los ataques y bombazos a instalaciones públicas del 1 de junio y 27 de marzo del 2015.
 “La averiguación previa sigue abierta en contra de los estudiantes, quienes podrían ser detenidos nuevamente en cualquier momento.
”No prejuzgo, la información que tenemos se tendrá que ir consolidando y en el momento que existan elementos suficientes vamos a proceder contra quien resulte responsable”, señaló en entrevista Carrancá Bourget.
Fuentes de la PGJ señalaron que las indagatorias continúan, porque de no demostrarse la presunta culpabilidad de los estudiantes, los elementos y hasta el mismo procurador habrían procedido de manera ilegal, lo que acarreará denuncias penales en su contra.
“No quiero adelantar porque sería dar información anticipada pero formaron parte de la investigación y forman parte de la averiguación previa que está abierta”, insistió el procurador en la entrevista.
 
Entre drones y en alerta

Mientras tanto, en su cuenta de Facebook el Bloque Revolucionario Estudiantil Popular lanzó la alerta por las posibles detenciones.
“A todas las organizaciones, estudiantes en individuos solidarios, les pedimos estar alerta a lo que pueda suceder con el caso de las detenciones del 5 de junio que se toma aún más preocupante con las declaraciones que dio el Procurador Víctor Carrancá.
”Lo 7 estudiantes, 5 pertenecientes al BREP y al Comité por la Libertad de los Presos Políticos y Cese a la Represión Social sigue en proceso y en cualquier momento los pueden volver a detener.
”Dice el procurador que no fueron violados nuestros derechos humanos cuando entraron en la madrugada por nosotros a punta de pistola como 20 bestias en cada domicilio y golpeando compañeros y aparte de eso dicen que seguimos en investigación y somos parte fundamental del caso y que cuando tengan ‘todos los elementos’ detendrán a quien sea.
”Por favor máxima difusión y pendientes de nosotros, pues en cualquier momento podemos volver a ser detenidos”, publicaron.
Días antes, acusaron que drones de los cuerpos de seguridad del estado de Puebla fueron utilizados para espiar y detener a los siete estudiantes.
Durante el “Foro Informativo: Represión a Estudiantes de la UAP caso 5 de Junio” explicó que en las investigaciones ministeriales en su contra se integraron fotografías de él y sus compañeros, imágenes de Google Maps para ubicar sus domicilios e inclusos fotografías aéreas que fueron hechas con drones.
Ni al interior de su casa ni en domicilios cercanos hay cámaras que puedan tener esa perspectiva.
 

Los responsabilizan de los ataques 

La noche del viernes 5 de junio, la PGJ emitió un primer comunicado en el que hizo referencia que fueron detenidos luego de investigaciones de inteligencia que los llevó a determinar que estaban inmiscuidos en un ataque al Instituto Nacional Electoral (INE).
Asimismo, aclararon que fueron detenidos por los hechos del 27 de marzo cuando un artefacto estalló parcialmente, pero sin causar daños a las oficinas o a los trabajadores del INE.
Además, se les vinculó con el atentado a edificios públicos del INE, Secretaría de Economía y de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), cuando con bombas molotov dañaron las instalaciones en la madrugada del lunes 1 de junio.
Finalmente, la PGJ desistió de las acusaciones liberando a los universitarios, aunque dejó abierta la averiguación previa contra de ellos.
 

La defensa

El 6 de junio, los siete estudiantes señalaron que se trata simplemente de represión de parte del gobierno de Rafael Moreno Valle.
Luego de relatar la forma en que fueron aprehendidos y sometidos por los elementos policiacos quienes irrumpieron en sus casas por la fuerza con una orden de cateo; no obstante, indicaron que interpondrán denuncias ante las comisiones estatal y nacional de derechos humanos, así como una contrademanda contra las autoridades.
Las abogadas que llevaron el caso, Hokabet Quiterio Plata y Marely Vélez, indicaron que nunca no hubo pruebas contundentes para las aprehensiones.
Incluso, señalaron que las autoridades les revelaron un vídeo de las cámaras de seguridad donde se ven a dos sujetos lanzar los ataques a los edificios públicos, pero realmente no se distinguen los rostros, solo unas figuras entre las penumbras.

El testimonio de Arafat
A las 4.30 de la mañana un fuerte ruido en la puerta despertó a Arafat, que lo hizo pararse de un brinco y en menos de dos pasos llegar al marco de la entrada de su recámara.
Inmediatamente, al abrir la puerta, el cañón de un rifle de asalto es colocado en su rostro con el grito de “Policía Ministerial”, al tiempo que otros encapuchados corrían al cuarto contiguo donde dormía su papá, Miguel Ángel Rosas, quien además es catedrático de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP).
Carlos Arafat Rosas fue uno de los siete estudiantes de dicha universidad detenidos durante la madrugada de este viernes 5 de junio. El suplicio para todos duró cerca de 24 horas.
Fueron más de 20 policías ministeriales que irrumpieron en la casa de la 21 Poniente 1914 en la colonia Santiago, en al menos cinco patrullas, tres automóviles y dos camionetas, para sacar al joven estudiante de Sociología.
“Llegaron de manera violenta tronando chapas, estaba durmiendo, me encañonan, someten a mi papá que es diabético y tiene una hernia en el estómago”, dijo en entrevista Arafat.
“No se presentan en ningún momento, sin ninguna orden de aprehensión”, refirió al señalar las armas largas y cortas
“Cuando abrí mi cuarto me encañonaron con una metralletota”, dijo al referir que posteriormente revisaron cada rincón de su casa en busca de mecheros, gasolina, armas, gas, estopa. “No teníamos absolutamente nada”.
“Se llevan mantas, volantes, estuvieron aproximadamente dos horas, mientras me tenían frente a ellos grabando todo el tiempo, agarraron todos los celulares y cámaras, además de que se llevaron mi camioneta”, indicó.
Refirió que ahora su vivienda tiene sellos, por lo que no puede entrar “de hecho no tengo nada de ropa, ni calcetines tengo”.
Señaló que no fue esposado porque estuvo accesible. “Yo no había hecho nada, por lo que no tenía nada que temer, me llevan a la Procuraduría”.
“Cuando llegamos a la Procuraduría, al mismo tiempo llegan dos compañeros sometidos de Sociología, Erick López y Juan Carlos Tepoxtle, los tienen golpeados, ensangrentados, esposados, nos toman fotos”.
Ya en los cuartos de las instalaciones, fueron separados, hasta que llegaron los demás detenidos, estudiantes de la facultad de Medicina, “fueron  tres cateos al mismo tiempo de manera sincronizada”.
Señaló que no hubo amenazas ni mayores problemas con los policías. “Después de media hora de estar revisando me presentaron un orden la cual tenía siete puntos de búsqueda”, dijo.