Las reciente expropiación de un predio en la colonia San Rafael, a escasos metros de la casa del gobernador Rafael Moreno Valle, fue calificada como una muestra del autoritarismo gubernamental en sus últimos estertores, “una vez que los poblanos se pronunciaron por poner fin a esas prácticas el pasado 7 de junio cuando se dio el voto contra el morenovallismo”, señaló Jorge Méndez Spínola, dirigente del Movimiento por la Esperanza e integrante de Puebla Digna.
En entrevista, indicó que esta vez se busca que haya “menos discurso mediático y más acciones concretas” para frenar los actos de autoritarismo de un gobierno, el cual no respeta las leyes federales, estatales y municipales, “con una violación directa a los derechos humanos”.
Recordó que el gobierno de Rafael Moreno Valle, desde abril del año pasado, aprobó la llamada ley del Despojo, la cual permite a la administración estatal, sin previo aviso, quitar sus propiedades a la gente, “quienes lo han sufrido no solo son las personas de escasos recursos sino que esto ha llegado a todos los sectores de la población; empresarios han sido víctimas de este abuso”.
En Puebla Digna, refirió Jorge Méndez, se está preparando una denuncia en contra del gobernador Moreno Valle para fincarle responsabilidades por todas las irregularidades de su gestión.
Aseguró que en Puebla “se vive un gobierno de excepción”, donde reina el “autoritarismo y no se respetan las leyes; además, se eliminó un marco jurídico y ahora es la palabra de un gobernador la única que vale y eso ha dañado a los poblanos”.
Expresó que se busca frenar las acciones ilegales y arbitrarias, pero sobre todo que se inicie un procedimiento penal que deje asentado un precedente para que los futuros gobernantes no cometan este tipo de irregularidades.
Pendiente, el juicio político
El representante del Movimiento por la Esperanza aclaró, independientemente de las acciones que realice Puebla Digna, está pendiente la acción de una fracción del Partido de la Revolución Democrática en el Senado de la República encabezada por Dolores Padierna, quien inició el proceso para documentar las violaciones a los derechos humanos en el estado a fin de solicitar al Congreso de la Unión ponga en marcha el juicio político en contra del gobernador Rafael Moreno Valle Rosas.
Jorge Méndez indicó que van a documentar todos los casos y así los legisladores aprueben la solicitud y no quede en un “escándalo mediático, sino que se ponga un alto a las violaciones a los derechos humanos y cese la represión por parte del gobierno de Moreno Valle”.
Dijo que hay varios argumentos de peso para que se enjuicie al gobernador, “entre estos elementos se encuentran las 11 recomendaciones que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos por la represión en Chalchihuapan”.
Además, recordó que la Organización de Naciones Unidas emitió también un dictamen en torno a la muerte del menor José Luis Tlehuatle, por la violación internacional a los acuerdos para la protección de las niñas y los niños.
Méndez Spínola dijo que este solo es uno de los casos que se están documentando, los otros refieren a la persecución y represión en contra de luchadores sociales violando de manera sistemática para que no exista una sola voz en contra del gobierno.
El caso de Simitrio, señaló el experredista, es otro de los expedientes para demostrar cómo se viola la ley, “mientras a su hijo lo detienen ministeriales armados que ingresaron a la capital del país sin haber notificado a las autoridades capitalinas de los hechos”.
Asimismo, Jorge Méndez refirió el caso de la falta de transparencia en el manejo de recursos, leyes en contra de los ciudadanos y por ello deberá responder el gobernador.
