De acuerdo al documento de las Observaciones finales sobre los informes periódicos cuarto y quinto consolidados de México  del Comité de los Derechos del Niño de la ONU nuestro país debe realizar un conjunto de acciones para preservar la integridad de los niños.
Feminicidios tanto de mujeres como de niñas, desapariciones de niños y niñas, y el nulo acceso a la justicia de niños y niñas fueron las preocupaciones del comité, de acuerdo al documento disponible en la liga: http://www.unicef.org/mexico/spanish/CRC_C_MEX_CO_4-5.pdf.  
El documento discutido el 19 y 20 de mayo pasado y cuyas recomendaciones respondió el Estado mexicano se publicaron en el informe dando cuenta de la situación de los infantes en México.


En el rubro denominado derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo se señala: “El hecho que el Estado parte no ha garantizado aún un acceso efectivo a la justicia para las familias de algunas niños y niñas que han sido víctimas, ya sea por accidentes o por violencia, como lo han sido los casos de las niñas y los niños víctimas del incendio en la guardería ABC del estado de Sonora, o el asesinato del niño José Luis Tlehuatle del estado de Puebla”.


El caso Chalchihuapan escaló a nivel internacional en informes del comité de derechos de los niños de la ONU.
En el caso de Puebla no se trata de la única intervención de organizaciones en temas de derechos humanos.
A nivel local, el año pasado la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 2VG/2014 señalando las violaciones a los derechos humanos durante el operativo policiaco de julio del 2014 en san Bernardino Chalchihuapan.
En Puebla, el pasado 3 de junio, se aprobó por unanimidad la ley de los derechos de los niños, sin que hubiera referencia al acceso efectivo a la justicia por parte del niño José Luis Tlehuatle  quien murió a causa de las heridas que sufrió por proyectiles metálicos durante el operativo del 9 de julio.
Aunque expresamente el documento no señala en otros apartados a Puebla  hay dos temas que inciden en las políticas públicas estatales: uno es el tema de los feminicidios. Ya que el informe pide que se garantice en que los estados penalicen y apliquen la legislación correspondiente.
Recientemente la legisladora del PRD, Roxana Luna, solicitó desde el Congreso que se aplique en Puebla una alerta de género ante los asesinatos de mujeres que pueden configurarse como feminicidios.
El otro rubro es el relativo a la homologación de la alerta Amber para la búsqueda de niños y niñas sin demora alguna.

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México presentó ante el Comité sus informes periódicos cuarto y quinto consolidados sobre la situación de la niñez en el país y el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño el pasado 19 y 20 de mayo.  
El comité revisó las acciones del gobierno de México y emitió sus observaciones finales para que México cumpla con el respeto y garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
El reporte solicita al Estado Mexicano un conjunto de acciones para cumplir con los derechos de los niños.
Entre otros la aprobación de manera  expedita de la Ley general sobre desapariciones forzadas y asegurar que estas sean tipificadas tanto a nivel federal como estatal, de acuerdo con la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
El comité señala que esta ley debe incluir medidas específicas para abordar las desapariciones de niñas y niños, particularmente las de niñas.
En el documento también se llama la atención para que México tome medidas urgentes para prevenir las muertes violentas, los asesinatos y las desapariciones de niñas y niños y sus padres y madres, incluyendo un análisis de las causas de estos actos violentos, como lo son la violencia armada, el crimen organizado, el tráfico de drogas, la desigualdad de género, la pobreza y la marginación.
El comité también le exige a México que asegure la existencia de mecanismos amigables para niñas y niños para investigar las denuncias sobre muertes violentas, asesinatos y desapariciones, que estos hechos sean investigados de manera expedita y exhaustiva, que los presuntos autores de estos hechos sean llevados ante la justicia, incluyendo los casos en los que los presuntos autores sean funcionarios públicos, como en el caso de Tlatlaya, y que a las familias de niñas y niños víctimas se les provea apoyo psicosocial y que sean compensadas de manera adecuada, señala el informe.
Otro punto relevante es la simplificación y la armonización en todos los estados del país para los procedimientos existentes para activar la Alerta Amber, que tenga como fin la búsqueda de niñas y niños desaparecidos, así como de sus madres y padres, sin demora alguna.
El otro rubro que establece el informe es que el Estado parte debe garantizar que los feminicidios sean penalizados en los códigos de todos los estados, con base en elementos objetivos que permitan la tipificación adecuada de acuerdo con los estándares internacionales y que permita la homologación de los protocolos de investigación de la policía sobre feminicidios en todo el país. El Estado parte debe asegurar también la aplicación efectiva de las disposiciones que penalizan el feminicidio en los códigos penales federal y estatales, señala el informe.